[dropcap]A[/dropcap]unque se esperaba que hace dos meses hubiera sido la última ocasión en que se tuviera que hablar sobre el tema, la flagrante operación de la empresas Cales y Morteros del Grijalva insiste en mantenerse como uno de los más claros ejemplos de impunidad y omisión en lo que al delito de daño ambiental se refiere, dentro de territorio chiapaneco.
El pasado mes de julio, Carlos Morales Vázquez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, junto a autoridades de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se llenaron la boca anunciando «con bombo y platillo» la clausura de la empresa extractora de cal y materiales pétreos.
Así, con todo y la incredulidad que abonada los antecedentes del caso, muchos se congratularon por lo que se avizoraba como el fin de operaciones de una de las empresas más denunciadas y señaladas en Chiapas por sus dañinas actividades realizadas a sólo unos metros de la pared oriente del Cañón del Sumidero.
Sin embargo, Cales y Morteros del Grijalva volvió a salirse con la suya. Durante un recorrido este fin de semana a las afueras de la empresa, es más que evidente que sigue funcionando con toda normalidad y sin el menor empacho.
Con las enormes puertas abiertas de par en par se deja ver sin miedo el movimiento normal de sus trabajadores al interior, las enormes pilas de costales de cal que se aglomeran en sus bodegas de transferencia y la constante entrada o salida de camiones de carga que continúan con la distribución de lo que adentro se extrae.
La Calera del Grijalva sigue operando sin el menor inconveniente, las chimeneas continúan con la exhalación de sustancias volátiles y las paredes del Cañón del Sumidero se mantienen sacudiéndose con la explosión constante provocada por la dinamitación de suelo. De los sellos de clausura mejor ni hablar.
Hoy siguen sumándose daños a las dos mil 600 hectáreas que han sido devastadas en su totalidad, una importante porción de la pared oriente en la zona aledaña a la calera con profundas grietas visibles y miles de habitantes de la Rivera de Cachuaré que padecen enfermedades crónicas provocadas por las partículas tóxicas del complejo.
De nada ha servido tanta indignación e incuantificables afectaciones documentadas mediante estudios realizados por especialistas en materia de topografía y salud, además de constantes denuncias interpuestas por los habitantes circunvecinos ante instancias locales y tribunales federales.
La demanda colectiva fue interpuesta en 2011 por poco más de cien personas ante el Juzgado Segundo de Distrito de los Tribunales Federales con número de registro 000963/2011, en manos del juez Juan Manuel Vázquez Fernández; sin embargo nada se hizo al respecto.
Ahí quedó la conferencia de prensa de hace dos meses como parte de las tantas promesas sin acción efectiva, así como la aplicación de una clausura definitiva que ha esperado por al menos tres décadas, tiempo en que lo daños se han hecho evidentes, tras más de 50 (desde 1963) años de operaciones amparadas por la existencia de viejos permisos otorgados a la ligera.
Decepcionante ha sido la efectividad de la Conanp, la Sagarpa y la Semanh que hasta el momento han demostrado su falta de autoridad y eficacia en la aplicación de la ley o la búsqueda de herramientas legales que permitan detener los trabajos de extracción de materiales pétreos realizados por la calera del Grijalva.
Ojalá pronto puedan demostrar lo contrario y, más allá de show de declaraciones y anuncios con impacto mediático, demuestren su capacidad con hechos; con la clausura definitiva de Cales y Morteros del Grijalva. Porque para muchos críticos resultará conveniente tragarse sus propias palabras en lugar de seguir como espectadores de la grave devastación que sufre uno de los principales emblemas naturales de Chiapas.
