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Indígenas ante relatora de la ONU

Indígenas ante relatora de la ONU

Durante su reunión se abordaron ejes como autonomía, autodeterminación y territorio; impunidad en crímenes de lesa humanidad y falta de justicia a pueblos indígenas; incremento de la violencia e inseguridad asociadas a delincuencia organizada; y mujeres e infancia indígenas población más vulnerables a violaciones de derechos humanos

Portavoz Staff

Los pueblos, comunidades y organizaciones autóctonas de Chiapas se reunieron con la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el ejido Candelaria (San Cristóbal de Las Casas), el día 14 de noviembre de 2017.
Entregamos a la representante del organismo internacional el Informe sobre la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas de Chiapas, con el objetivo de ampliar la información relativa a la realidad específica de la entidad.
Por medio del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba), se informó que en el Informe y las mesas de trabajo que se llevaron a cabo, se visibilizaron ante la ONU las historias de sistemáticas violaciones a derechos humanos, que acentúan la responsabilidad del Estado mexicano.
Se abordaron ejes como autonomía, autodeterminación y territorio; impunidad en crímenes de lesa humanidad y falta de justicia a pueblos indígenas; incremento de la violencia e inseguridad asociadas a delincuencia organizada; y mujeres e infancia indígenas población más vulnerables a violaciones de derechos humanos.
Asimismo, se expuso ante Tauli-Corpuz, el preocupante aumento de riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos integrantes de pueblos indígenas.
Afirmaron que se sigue experimentando criminalización, intimidación y represión contra pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil en general por agentes estatales en forma de militarización, paramilitarización o grupos armados que actúan con aquiescencia del estado.
Además, los intereses privados en megaproyectos de exploración e infraestructura por medio de concesiones a grandes corporaciones en la región amenazan el territorio de las comunidades autóctonas; sus procesos de autonomía, de libre determinación y la vida misma, al poner en riesgo la contaminación del agua y la Madre Tierra.
Los representantes de los pueblos que se reunieron con la relatora coincidieron en señalar que estos elementos resultan en terreno fértil para casos de desapariciones forzadas, desplazamientos, asesinatos y represión. “Vemos con preocupación un aumento de riesgo en las defensoras y defensores del territorio, esencialmente hacia los defensores indígenas y campesinos”, aseveró el Frayba en un comunicado.
El organismo estatal puntualizó que las recomendaciones que los pueblos, comunidades y organizaciones en Chiapas presentaron a Tauli-Corpuz fueron (a la letra):
1. Reivindicar la exigencia de que se reforme nuevamente el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retomando y actualizando los conceptos vertidos en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación 1, y en los Acuerdos de San Andrés acordados y firmados desde 1996.
2. Derecho a veto, como muestra del inalienable derecho a la libre determinación. Poner en el centro de cualquier discusión sobre derechos de los Pueblos Indígenas el inalienable derecho a decir no sin cortapisas, sin candados. La reposición del no para las comunidades originarias frente a proyecto, plan, política de estado o empresas que afectan sus territorios y bienes naturales es condición indispensable para el ejercicio de la libre determinación, de la restitución de los territorios y del ser originario (tseltal, tsotsil, ch’ol, tojolabal, zoque, mame, k’anjobal, chuj).
3. De acuerdo a la reformas constitucionales de 2011, exigir al Estado mexicano, respetar los tratados internacionales, específicamente el Convenio 169 y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para su cumplimiento. En este sentido, las reformas energéticas aprobadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, contemplan claras violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, al decretar como actividad preferente la explotación y extracción de hidrocarburos, minas, proyectos de fraking o geotermia, por encima del derecho a la vida y derecho a la propiedad de las personas y pueblos originarios que ancestralmente habitan estos territorios.
4. Pronunciarse a favor de las personas, pueblos y comunidades originarias poniendo la supremacía del interés social y orden público, el derecho a la vida, tradiciones y cultura de los Pueblos Indígenas en el país, por sobre la actividad extractiva.
5. Pronunciarse por el derecho a la tierra, territorio de los pueblos, el derecho al agua y a la alimentación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas. Desconocer y por tanto revocar todo decreto sobre área natural protegida, parque nacional, reservas de la biósfera, área comunitaria de conservación realizada sobre la base del despojo de territorios y de soberanía en la decisión sobre sus usos y destinos, de pueblos y comunidades indígenas.
6. Desconocer y por tanto revocar toda concesión minera, de parque eólico, de explotación de mantos freáticos y de yacimiento petroleros otorgados por gobiernos federales o estatales sobre territorio indígenas.
7. Desconocer y por tanto, revocar todo permiso o autorización de cambio de usos del suelo y de evaluaciones de impacto ambiental, a favor de empresas fraccionadoras, urbanizadoras, explotadoras de yacimientos de grava y materiales pétreos, empresas ecoturísticas sobre territorios indígenas.
8. Si los Pueblos Indígenas muestran con su historia que han sido resguardo milenario de bosques, océanos, genes, acervo de conocimiento y tecnología fundamentales a la salud, la alimentación y a los ciclos vitales de todo el mundo, en específico en Chiapas, tienen que ser las mujeres y los hombres de los pueblos y las comunidades indígenas quiénes decidan, definan, organicen el futuro de estos territorios de importancia estratégica fundamental para toda la humanidad y la estabilidad climática.
9. Es necesario redefinir los términos de la discusión sobre derechos de los pueblos indígenas en función del Sujeto histórico, los indígenas desde sus modos y formas de normarse y representarse jurídica y políticamente.
10. Que se suspenda toda consulta elaborada, definida y organizada por los estados o las corporaciones a cargo de los proyectos. La libre determinación de los pueblos conferida en forma y modo a sus sistemas normativos y formas de representación es quien decidirá sobre todo lo relacionado con los bienes naturales, los conocimientos y las tecnologías asociadas al territorio.
11. Solicitan se pronuncie a favor de acciones efectivas por el derecho a las mujeres indígenas, a una vida libre de violencia, por el derecho de las familias, a la igualdad, no discriminación, por el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la información y al derecho a un medio ambiente sano.
12. Reafirman las recomendaciones hechas en 20032 por el relator de pueblos de indígenas Rodolfo Stavenhagen por ser vigentes.
Por último, pidieron acciones claras ante el Estado mexicano para el cumplimiento de su deber de respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

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