La entidad es el segundo estado que conforma el 45 por ciento de esta población detenida a nivel nacional; sufren tortura, no tienen acceso a un traductor, malas condiciones de vida
Portavoz Staff
[dropcap]C[/dropcap]hiapas es el segundo estado que conforma el 45 por ciento de la población indígena nacional detenida, quienes, en prisión, son sometidos a tortura durante la etapa del proceso; los delitos van desde homicidio hasta el robo, de acuerdo con el informe de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL).
Las investigaciones del reporte «El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca», tuvieron como propósito documentar y detallar las constantes violaciones a derechos humanos que sufren las personas indígenas cuando se enfrentan al sistema de justicia penal mexicano; para ello, realizó 203 entrevistas a 11 Centros de Reinserción Social de dichos estados.
Con datos retomados y publicados por el portal SinEmbargo, la ASILEGAL indica que hasta mayo de 2017, hay 7 mil 433 indígenas presos en el país, de los cuales el 6.7 por ciento pertenecen a un pueblo o comunidad indígena de Chiapas, en su mayoría tzeltal.
En Chiapas, el homicidio calificado (64 personas) es el delito del fuero común por el que la mayoría de los indígenas se encuentran presos, seguido de homicidio (55), violación (29), robo ejecutado con violencia (19) y lesiones (14).
Respecto a los delitos del fuero federal, hasta mayo de este año, en el estado se encontraban cinco personas encarceladas por transportar mariguana; tres por transportar cocaína; dos por trasladar a migrantes, y uno por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El robo es un delito común en ambas entidades, a causa de la pobreza extrema que viven sus habitantes, en especial, ese sector de la población.
La edad predominante de la mayoría de los indígenas de Chiapas es de 25 a 30 años.
Con base en los resultados obtenidos por ASILEGAL, las personas indígenas privadas de libertad son víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos relacionadas en particular con la detención, la aplicación de la prisión preventiva, el acceso a un intérprete traductor, el acceso a una defensa adecuada y las condiciones de vida dentro de los Centros de Reinserción Social.
Por ejemplo, en Chiapas, al 83 por ciento de las personas encarceladas no se les mostró una orden de aprehensión y el 77 por ciento no entendió el motivo de su detención.
