El trabajo infantil solo es la cara más visible del impacto del sector privado sobre la niñez. ‘El atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018’ es una herramienta digital que explora la complicada relación entre ambos
Agencias
[dropcap]S[/dropcap]on los futuros dirigentes, clientes, inversores y empleados, pero sus derechos son hoy mismo y a menudo pisoteados por las empresas. Conviene recordarlo cuando se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Las prácticas y políticas del sector privado tienen un impacto en niños y niñas que va más allá de su cara más visible, el trabajo infantil.
El Atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018, una herramienta digital elaborada por Unicef y el Global Child Forum y presentada el pasado miércoles en Estocolmo (Suecia), analiza los pormenores de la relación entre ambas partes para que las compañías, los inversores y la organización industrial tengan una visión clara de cómo sus acciones afectan a los derechos de los más pequeños.
«Es bastante reduccionista limitarse al trabajo infantil, que solo es uno de los impactos para la infancia, aunque la mayoría de los consumidores solo se fijan en ello», explica Andrés Franco, Andrés Franco, director adjunto de incidencia con el sector privado de Unicef. «Los mayores obstáculos suelen estar relacionados con la larga duración de los turnos de los padres o el tiempo que tardan en desplazarse hacia el lugar de trabajo, la posibilidad de amamantar a los bebés o las consecuencias medioambientales. El mayor riesgo, probablemente, es el cuidado de los menores de cinco años».
La cifra total de niños y niñas trabajadores ha caído en un tercio desde el año 2000, según el informe Infancias robadas 2017 de Save the Children. No obstante, el trabajo infantil aún afecta a al menos 152 millones de menores de entre 5 y 17 años alrededor del mundo, estima la Organización Internacional del Trabajo. La mitad de ellos desempeña su empleo en condiciones peligrosas. África subsahariana concentra las tasas nacionales más altas de trabajo infantil, en países como Camerún (47 por ciento), Somalia (49 por ciento), en Guinea-Bissau (51 por ciento), Benín (53 por ciento) o Mali (56 por ciento).
No es de extrañar que República Centroafricana obtenga la peor puntuación entre los 50 casos objeto de estudio del atlas, mientras España se coloca en cuarta posición al otro extremo de la clasificación, detrás de Francia, Croacia y Chile. La República Centroafricana, el país menos desarrollado del mundo según las Naciones Unidas, se coloca casi al cierre también en el índice Infancias Robadas de Save the Children. Solo Malí, Angola y Níger obtienen peores notas en el ranquin de 172 países. Pese a que el trabajo infantil afecta a más del 28 por ciento de los niños de entre 5 y 14 años, el estudio pone de manifiesto que en la infancia de República Centroafricana tiene desafíos con prevalencia aún más pronunciada. La mitad (55 por ciento) de las niñas de entre 15 y 19 años están casadas, así como el 28 por ciento de los chicos con edad inferior a los 18 años. A pesar de los recientes avances en mortalidad infantil, más del 10 por ciento de los niños y niñas del país no llega a su quinto cumpleaños, una tasa que multiplica por 40 la de Finlandia (menos del 0,3 por ciento).
Aunque el nivel de riesgo para la infancia está estrechamente vinculado con la pobreza, el penúltimo peldaño de la lista está ocupado por Angola, un país cuya economía el año pasado entró en recesión por primera vez desde 2002 tras el desplome del precio del crudo. «Es sorprendente», sostiene David del Campo, director de cooperación internacional y ayuda humanitaria de Save the Children, «pero en este caso se debe al ambiente de negocio y a un gobierno poco transparente».
Para Del Campo es importante contar con una herramienta como el Atlas, pero el problema es otro. «La cuestión es si este trabajo y los muchos otros informes que existen en este ámbito se toman realmente en cuenta en los despachos de toma de decisiones, tanto de la política como de las grandes compañías», argumenta.
El experto de Save the Children insiste en la importancia de que las empresas entiendan que rentabilidad no está reñida con el respeto de los derechos humanos y del medioambiente. Pero la responsabilidad recae también en los consumidores, que están llamados a conocer la actitud de las compañías y a premiar las buenas prácticas, en lugar de señalar con dedo las malas.
Franco, de Unicef, coincide con él y admite que el Atlas por sí solo no necesariamente producirá un cambio en el sector privado si no se acompaña de acciones concretas. «Ya no es aceptable que una empresa se defienda con la excusa de haber comprado el producto en el mercado internacional y no saber qué prácticas esconde. Hay cada vez más gobiernos que se interesan por estos temas y el atlas brinda una base para empezar a trabajar juntos. Hacer otro tipo de negocio es posible y la infancia tiene que estar integrada en las estrategias de las empresas, así como el cambio climático».
