La Auditoría Superior de la Federación detectó presuntos detrimentos en montos entregados al gobierno del estado para proyectos sociales y de infraestructura como carreteras, aulas escolares, hospitales, construcción de vivienda, agua potable y caminos rurales, muchos de los cuales no existen y fueron pagados en su totalidad
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap] mil 245 millones de pesos ascienden los probables daños efectuados a la Hacienda Pública, por parte del gobierno de Chiapas, de acuerdo con lo revelado por el último informe de la Cuenta Pública que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
«Se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer esos recursos», se lee en el documento que publicó en días pasados el organismo dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En información retomada por El Heraldo de México, la ASF dio a conocer haber detectado estos presuntos detrimentos en montos entregados al gobierno estatal para proyectos sociales y de infraestructura como carreteras, aulas escolares, hospitales, construcción de vivienda, agua potable y caminos rurales.
Al parecer, las autoridades del estado pagaron 195 millones de pesos en obras que no fueron ejecutadas, están inconclusas y operan parcialmente, o porque con dinero federal —proveniente del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)— cubrieron gastos injustificados. Asimismo, hay 410 millones de pesos del mismo FISE que no se ejercieron durante la auditoría ni después de ésta.
El diario nacional también documenta que en el último trimestre de 2015, Chiapas tenía registrados 202 proyectos dentro del FISE, que impactarían la vida de 8.5 millones de personas. Ese mismo año, se detectaron probables daños a la Hacienda Pública por 640 millones de pesos, que habían sido otorgados al gobierno de Chiapas para otros proyectos sociales y de infraestructura.
La ASF reclamó que otros 462 millones 666 mil pesos no se ejercieran en ningún proyecto al término de la auditoría, a pesar que se trataba de acciones necesarias para la población. También evidenció que se comprometieron recursos por 177 millones 339 mil pesos para la construcción del Centro de Convenciones de San Cristóbal de Las Casas, sin que haya una constancia documental de que las labores se ejecutaron.
Por último, el periódico refiere que en el pliego de recomendaciones de la Auditoría —hallado en el informe referido—, se lee que el contrato para la construcción del Auditorio para la Gente o el lienzo charro, como es conocido y que fue inaugurado el pasado octubre, fue «simulado» «pues el dictamen para justificar la adjudicación se realizó el 30 de diciembre y el oficio de invitación y aceptación, un día después».
Pliegos de observaciones
Si se visita la página de la ASF, se constata que el gobierno de Chiapas tiene adjudicadas 38 auditorías por la cuenta pública de 2015. Respecto al tipo, se aclara que 35 son financieras y de cumplimiento; tres, de inversiones físicas. Acerca del estado que guardan los trámites, se informa que hay cinco cuyo seguimiento ha concluido; 24 aún se mantienen en ese estatus; y hay 133 cuyo estado no ha sido notificado.
La auditoría de cumplimiento financiero «revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo a la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto», según la misma página de internet.
En la de Inversiones físicas, su materia de análisis son los procesos de adquisición y desarrollo de obras públicas; se evalúa si se justifica su inversión, si cumplen los estándares de calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, si fueron entregadas en tiempo y forma, y si se sujetaron a la normativa vigente.
Ahora bien, si se consulta «a detalle», resulta que el gobierno de Chiapas tiene 67 pliegos de observaciones. En todos los casos «se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal» por diversos montos.
Por ello, se le aplicaron el mismo número de promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una acción correctiva que la ASF promueve ante las instancias internas de control competentes —en este caso la Secretaría de la Función Pública estatal—, por las presuntas acciones u omisiones.
Asimismo, se emitieron 22 recomendaciones —medidas preventivas—al gobierno del estado; es decir, se le sugiere fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control; además, tiene 30 días hábiles para responder a partir de la recepción del documento.
El gobierno de Chiapas también cuenta con siete solicitudes de aclaración; se trata de una medida preventiva en la que se requiere a la entidad fiscalizada que documente y respalde tanto operaciones como montos observados no justificados o no comprobados. Igualmente, se cuenta con 30 días hábiles para contestar.
De los pliegos de observaciones —donde se especula, hubo daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal— en 11 ocasiones se estipularon por no devengar o aplicar recursos pertenecientes a diversos fondos y programas: 170 millones 751 mil 26 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 20 millones 69 mil 218 pesos del fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; 780 mil 115 pesos del programa Prevención y Atención contra las Adicciones 2015; 19 mil 493 pesos correspondientes al «Prospera» Programa de Inclusión Social (Componente de Salud).
Asimismo, 29 millones 574 mil pesos, por la falta de aplicación de los recursos reintegrados derivado de las acciones determinadas en el transcurso de la auditoría; 34 millones 241 mil 986 pesos del Fondo para el Pago Educativo; otros 2 millones 371 mil 369 pesos que tampoco fueron reintegrados derivado de una auditoría.
Al igual que no se aplicaron o devengaron 9 millones 380 mil 15 pesos de los recursos correspondientes al Seguro Popular; 26 millones 633 mil 469 pesos de proyectos de Desarrollo Regional; 25 millones 589 mil 715 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples; y 145 millones 924 mil 882 pesos del de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Tres observaciones se le hicieron al gobierno del estado a causa de la falta de documentación comprobatoria y justificativa, por tres montos: 434 millones 50 mil 393 pesos (más intereses), importe de 30 docentes que no cumplieron con el perfil para los puestos que desempeñan por el cual se les pagó; 3 millones 711 mil 949 pesos (más los intereses) por concepto de proyectos revisados y pagos que no corresponden a la justificación presentada; y un millón 847 mil 558 pesos (más los intereses) utilizados como pago de una obra. Se requiere que el dinero se reintegre a la Tesorería de la Federación; y al fondo, según sea el caso.
Cuatro de los pliegos observatorios indican que los montos no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones de pago. En esos casos, el supuesto daño asciende a 5 millones 953 mil 914 pesos; 35 millones 224 mil 111 pesos; 355 millones 162 mil 398 pesos; y 66 millones 326 mil 352 pesos, respectivamente. En cada uno se especifica la cantidad «más los rendimientos financieros generados».
En otras observaciones se indica el uso indebido de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por los siguientes montos: 184 millones 956 mil 155 pesos y 120 millones 375 mil 818 pesos. En ambos casos se solicita el reintegro de las cantidades a la cuenta bancaria del fondo.
Uso indebido de fondos federales
El informe de la ASF también reveló que el gobierno del estado de Chiapas destina los recursos de los fondos y programas federales para fines distintos a los objetivos que contemplan, lo que se traduce en un uso indebido del dinero.
Destaca el caso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2015, cuyos recursos se utilizaron al menos cinco veces con fines diferentes a los estipulados por el mismo. Esos montos se tradujeron —más intereses— en probables daños a la Hacienda Pública por las cantidades de: 38 millones 301 mil 197 pesos; 120 millones 375 mil 818; 184 millones 956 mil 155 pesos; 8 millones 686 mil 651 pesos; y 4 millones 689 mil 145 pesos. En todos los casos, se pide reintegro a las cuentas del fondo.
También se pide la devolución (más intereses) a la Tesorería de la Federación de 8 millones 686 mil 651 pesos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 2015; y 4 millones 689 mil 145 pesos del «Prospera».
La Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones al dinero utilizado para pagos de personal adscrito a centros de trabajo no identificados o no financiables con esos fondos; que ostentó categorías no localizadas; que no acreditó la validez de sus estudios; a beneficiarios, sin que otorgaran evidencia; y becas. El dinero se utilizó repartido en las siguientes cifras: un millón 318 mil 615 pesos; 6 millones 977 mil 256 pesos; 440 mil 860 pesos; 17 millones 25 mil 394 pesos; 194 mil 313 pesos; 58 mil 610 pesos; 135 mil 453 pesos; 733 mil 278 pesos; 91 millones 850 mil 141 pesos; 82 millones 792 mil 392 pesos; y 82 millones 537 mil 549.
Asimismo, hizo pliegos de observaciones por cuatro cantidades: 278 mil 529 pesos; un millón 448 mil 716 pesos; 297 mil 991 pesos; y 3 millones, 269 mil 65 pesos por concepto de intereses generados en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, que no han sido reintegrados a la Tesorería federal.
El documento asienta un probable daño a la Hacienda Pública federal por 3 millones 269 mil 65 pesos (más los intereses), por la falta de amortización del anticipo otorgado a obras que ejecutaron la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015.
Registró menoscabos que ascienden a 103 millones 709 mil 991 pesos por «salidas», de las cuales no se acreditó que hayan sido destinadas a los objetivos del programa en el que se usaron; así como de 493 mil 106 pesos, por la falta de aplicación de los intereses correspondientes al Fondo de Cultura.
Hubo diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en planos en los contratos de obras públicas, por un monto de 3 millones 283 mil 154 pesos; entre lo ministrado al gobierno del estado y lo contratado en la ejecución del proyecto de construcción y modernización de la carretera San Cristóbal de Las Casas, por 29 millones 400 mil 984 pesos; además de una observación más por 6 millones 711 mil 660 pesos también por diferencias por comprobar entre el monto contratado y el ejercido por recursos no ejercidos en 2015 en contratos de obra.
Se pide el reintegro de 4 millones 296 mil 199 pesos, por el pago de dos vehículos que no están destinados a funciones de seguridad pública, ni para los fines que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Se aduce daño por 755 mil 122 pesos por retenciones económicas no aplicadas a contratistas por atraso en ejecución de trabajos sustentados en 12 contratos de obras públicas revisados. Otro por 79 millones 999 mil 205 pesos por pagos para la adquisición de mobiliario y equipo escolar, del cual no se presentó evidencia de su distribución y ubicación.
El informe menciona la observación a 177 millones 339 mil 861 pesos porque la obra contratada para el Centro de Convenciones en San Cristóbal de Las Casas, a 31 de octubre de 2016, no se había iniciado, cuando debieron haberse concluido el 27 de enero de 2016.
Se determinó presunto daño por 112 millones 641 mil 392 pesos, por no haber reintegrado recursos, como mandata la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, hay un perjuicio por un monto de 4 millones 988 mil 17 pesos por la falta de aplicación del dinero correspondiente al programa Instituciones Estatales de Cultura.
Hay otros daños generados por mal uso de los recursos del FISE: 66 millones 166 mil 394 pesos de los que se pagaron obras que no están concluidas, que no operan o lo hacen parcialmente, por lo que no beneficia a la población objetivo del fondo; si no se acredita la situación ante el Órgano de Fiscalización con evidencia documental, debe devolverse. También se observaron 600 mil pesos, por no implementar penas al contratista responsable del atraso en la terminación de una obra pagada con estos recursos.
Se usó el FISE para cubrir costos de mano de obra en trabajos por administración directa sin tener la documentación comprobatoria del gasto, lo que generó un menoscabo de 5 millones 40 mil pesos. Se presume un probable daño por 410 millones 197 mil 328 pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de julio de 2016 de ese fondo en 2015.
Además de un probable perjuicio por 8 millones 108 mil 791 pesos que se solicitan, sean reintegrados a la cuenta del fondo por el pago con los recursos del FISE 2015 de cantidades de conceptos de obra no ejecutados.
También se presume perjuicio por un millón 639 mil 814 pesos que se usaron para pagos que no corresponden a la justificación del proyecto al que se hace referencia. Así como un daño por 142 millones 772 mil 163 pesos, ya que el Instituto de Salud del estado transfirió recursos del Prospera a otros programas.
El gobierno del estado generó un supuesto menoscabo por 14 mil 907 pesos de intereses generados por haber transferido al municipio de Chilón la ministración de septiembre, con un atraso de 20 días. Dos más, por 3 millones 292 mil 577 pesos por no reintegrar recursos no ejercidos ni devengados. Uno más por 2 millones 694 mil 81 pesos, por no contar con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
La ASF hizo observaciones sobre 3 millones 20 mil 489 pesos porque el gobierno estatal no impuso a contratistas penas por irregularidades en contratos. Por el mismo concepto, hay otra cifra observada de 14 millones 521 mil 36 pesos en los que están implicados responsables de la edificación del Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa, en San Cristóbal de Las Casas.
Hay un pliego de observación sobre 114 mil 96 pesos, por no haber aplicado los recursos reintegrados a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 297 mil 971 pesos porque la autoridad estatal no transfirió a los municipios beneficiados, ni reintegró a la Tesorería de la Federación, los intereses generados con los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015.
Se observaron 339 mil 819 pesos por retenciones del impuesto sobre nómina, y de obras de servicios de beneficio social; 9 millones 459 mil 616 pesos que se usaron como anticipo a la empresa contratista y que, al 31 de octubre pasado, continuaba pendiente de amortizar y devengar como parte de los objetivos de proyectos de desarrollo regional.
Apreciaciones de la autoridad federal
Tras conocerse estos resultados y realizar la comparativa nacional, que se puede apreciar en una tabla (20) del informe, Chiapas resulta el tercero con mayor monto observado respecto del importe asignado al gobierno estatal.
En la tabla de desempeño de la gestión del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2015, se posiciona como el duodécimo peor con un índice de 71.4 de 100, por debajo de la media nacional.
En el informe se lee que la entidad figura entre aquellas con mayor número de irregularidades: «Al tercer trimestre de 2016, el avance promedio en la publicación de los informes ascendió al 85.4 por ciento en las entidades federativas; los estados de Baja California y Puebla muestran un cumplimiento del 100 por ciento; por el contrario, los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Nuevo León se situaron debajo de la media nacional».
Respecto a los resultados nacionales obtenidos, la ASF concluyó que «la existencia de recursos no ejercidos o no aplicados con oportunidad es injustificable ante carencias sociales apremiantes, como la insuficiente disponibilidad de medicinas en las unidades de salud, personas sin acceso a servicios básicos, infraestructura educativa en condiciones inadecuadas y población que debe seguir en espera para la atención de sus demandas de servicios».
Consideró como principales problemas en la gestión del gasto federalizado, a las insuficiencias estructurales —y recurrentes— que limitan el impacto social de estas inversiones. Destacó que por ser recursos ejercidos por los gobiernos locales, la problemática de la gestión del gasto federalizado constituye un tema muy sensible para la ciudadanía porque las deficiencias se han traducido en limitaciones para alcanzar beneficios para la población.
«Adicionalmente han erosionado la confianza social en las instituciones locales. Respecto a esto último, han sido determinantes los hechos de corrupción relacionados con el manejo de recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios», subrayó.
El órgano fiscalizador federal reconoció que persiste una significativa incidencia de irregularidades en el manejo de los recursos, a pesar de la experiencia sistemática de la aplicación de auditorías en los gobiernos locales. Aclaró: «Esta es una situación heterogénea, en la que se puede observar que algunas entidades federativas han mejorado su gestión, mientras que otras no lo han hecho o, inclusive, registran retrocesos».
Admitió que el nivel alcanzado refleja una gestión que aún no es del todo eficiente y transparente, y por tanto, el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 se trata de una brecha puesto que la generación de beneficios reales o potenciales para la población no coincide con un escenario de múltiples y significativas carencias sociales. «Su existencia y recurrencia es injustificada», insistió.
