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La autodeterminación, aún lejos del alcance de los pueblos

La autodeterminación, aún lejos del alcance de los pueblos

A la comunidad indígena le queda un arduo camino para lograr esta condición, además de enfrentarse con la cruda realidad de que la aplicación de los sistemas judiciales se queda corta en territorio mexicano, así lo comentó la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien citó como ejemplo la masacre de Acteal

Portavoz Staff
Fotografías: Ariel Silva / Jacob García

A los pueblos originarios les queda un arduo camino para lograr la autodeterminación, además, se enfrentan con la cruda realidad de que la aplicación de los sistemas judiciales todavía no es reconocida en territorio mexicano, así lo afirmó la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien citó como ejemplo la masacre de Acteal.
En entrevista para la revista Alcaldes de México (abril 2018), la relatora expuso varios puntos acerca del tema usando como referente la visita que realizó a diferentes comunidades del país, en noviembre pasado; lugares donde habló sobre diversas cuestiones que afectan a los pueblos indígenas, como la tenencia de tierras, los megaproyectos, la participación política, el acceso a la justicia y asuntos económicos, sociales y culturales.
En el caso de Chiapas, las comunidades de la entidad le entregaron a Tauli-Corpuz 30 casos de violación sistemática de derechos humanos, como la tortura y privación arbitraria de la libertad; la falta de justicia en un contexto de guerra de baja intensidad; así como el impacto de los sismos de septiembre pasado que golpearon al estado.
Asimismo, en el marco de su llegada a la entidad, Chiapas figuró como el segundo más peligroso del país para aquellas personas que se dedican a proteger derechos humanos, principalmente de esas zonas.
“Hemos visto situaciones en las que han tenido que recurrir a una policía comunitaria porque no ven ningún tipo de justicia por parte del gobierno. Todavía hay mucho trabajo pendiente para poder reconocer la gobernanza de los pueblos indígenas y de los sistemas de justicia en sus territorios”, comentó para dicho medio.
Incluso, argumentó que el uso del arbitraje para este sector de la población es muy limitado y el acceso al sistema judicial ordinario (nacional) también enfrenta retos muy importantes, por ejemplo, Acteal, en el cual atacaron a nativos tzotziles de la organización “Las Abejas”, que se encontraban orando en el interior de una iglesia cristiana pentecostal.
Recalcó que esta masacre está calificada por el gobierno mexicano como “un conflicto étnico entre comunidades”, para el que hasta ahora no ha habido algún tipo de justicia; agregó que esto se debe a la ubicación de las comunidades en lugares remotos, inaccesibles y no cuentan con los mecanismos ni traductores para la realización de los juicios.
Aunado a ello, las instituciones que tratan el tema de las formas de gobierno en zonas indígenas, muestran tanto su falta de capacidad, como de recursos técnicos y financieros, porque no logran abordar todos los problemas de los pueblos originarios. Por ejemplo, la relatora menciona que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (CDI) es muy asistencialista, en cuanto a cómo manejar los problemas, y realmente no aborda las causas a raíz de éstos.
“Considero que debería haber más instituciones a un nivel más elevado que pudieran tratar el problema de los pueblos indígenas. Los atienden de manera muy básica: sería bueno que existiera una agencia a la que le preocupara y supiera de la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas y, si no hay, pues se deben capacitar para abordar el tema”, asevera la entrevistada.
De igual modo, afirma: “Me dicen que no hay paz y seguridad en las comunidades y que por ello utilizan sus propias formas de Gobierno y justicia en sus territorios, esto es una de las principales demandas de los pueblos, que puedan seguir usando sus leyes, usos y costumbres y elegir a sus autoridades tradicionales y dedicarse de manera efectiva a sus culturas, idiomas y su visión del mundo”.
En relación con esto, cabe recordar que con el interés de evitar que tanto el fantasma de la ingobernabilidad como el de los conflictos poselectorales reaparezcan, así como reconocer el derecho de los pueblos originarios sobre la autodeterminación en la elección de sus autoridades, en marzo pasado comenzaron las actividades del dictamen antropológico en el municipio de Oxchuc, en manos de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Lo anterior, con la finalidad de dar seguimiento a la solicitud de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de ese municipio; poder llevar a cabo el sufragio de sus representantes bajo el sistema normativo de usos y costumbres en este proceso electoral, así como el cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que desprende la realización del estudio señalado.
La relatora añade que los pueblos son quienes deben definir su estatus político frente al Estado, lo cual debe ser respetado, respaldado y reconocido por el gobierno, y no criminalizar a los habitantes por aplicar sus propias leyes.
“Trabajamos en buscar cómo estos sistemas (usos y costumbres) pueden trabajar en conjunto, porque México reconoce que es un país pluricultural, pues debe existir, entonces, un pluralismo legal y cultural en cuanto a cómo las comunidades se van a gobernar y administrar con relación al respeto, al derecho de los pueblos indígenas a determinar el desarrollo económico que debe llegar a las comunidades”, expone.

Antagonista de industrias
Los usos y costumbre de cualquier comunidad representan la cosmovisión de la misma por su naturaleza, estructura filosófica y concepción de la realidad. No obstante, el espíritu de este sistema de gobierno, se concibe como un frente opuesto al orden sociopolítico-económico de las sociedades industrializadas.
Joel García Venegas, zapoteco de la Sierra Sur, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Oaxaca, en entrevista para Alcaldes de México, asegura que las diferencias van más allá de los sistemas de impartición de justicia; abarca la estructura económica, filosófica y cultura de los pueblos indígenas, pues para sus habitantes la Tierra es la madre que da alimento, cobijo y vida; la agricultura la conciben como la aparición de alimentos, que agradecen con ceremonias y festividades religiosas.
Mientras que para una empresa o productor no indígena, la agricultura representa una cuestión mercantilista; una práctica industrial que atenta contra la propia naturaleza por el uso de tecnología y agroquímicos, los cuales extraen el máximo rendimiento de la tierra; por lo tanto, el objetivo central es la ganancia que se pueda obtener de esta actividad.
Dice que en las localidades de usos y costumbres de su estado se eligen autoridades cada uno, dos o tres años, y lo mismo lo hacen a mano alzada, voto secreto, anotación en pizarra, que en pelotón (al que convoque a más personas a su alrededor).
Además, comenta que hay municipios con este sistema de gobierno en los que las autoridades reciben la dieta (salario por el cargo) y otros en los que no. En estos últimos, quienes son nombrados como autoridades no sólo no perciben paga, sino que dedican tiempo completo a la responsabilidad que les fue asignada, por lo que dejan las actividades propias bajo la responsabilidad de sus familias durante el tiempo del mandato.
Por el contrario, explicó el entrevistado, en los ayuntamientos en los que las autoridades sí reciben dieta, es debido a la acción de los partidos políticos, que a través de esas dádivas y las utilizadas para las campañas de diputados, senadores y demás puestos de elección popular, han corrompido a una buena parte de las comunidades, lo que ha ocasionado división entre las mismas y han creado problemas de enfrentamientos y antagonismo intracomunales, que contravienen el espíritu de usos y costumbres.

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