La calera del Grijalva, decadas de devastacin e impunidad podrian llegar a su fin
Hector Estrada

Ante la incredulidad de muchos, este miércoles se anunció por fin la tan aplazada clausura de la empresa Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V. que por años se mantuvo realizando actividades de extracción pétrea, devastando importantes zonas de las inmediaciones del Cañón del Sumidero; todo frente a la mirada cómplice de numerosas administraciones gubernamentales que por décadas nada hicieron para detener semejante daño irreparable.
En conferencia de prensa, los delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, dieron a conocer el cese temporal de las operaciones de dicha empresa.
El motivo de la clausura sólo confirmó lo que muchos han sabido y documentado por décadas: la explotación irresponsable a una de las laderas del Cañón del Sumidero; afectaciones irreparables al ecosistema de una de las reservas ecológicas más importantes de Chiapas y graves daños a la estabilidad de la pared oriente de esta emblemática falla natural.

Omisión y complicidad prolongada

No es algo nuevo; la empresa comenzó sus operaciones de explotación en 1963 y desde entonces se mantuvo trabajando solapada por los tres niveles de gobierno que por omisión o conveniencia se hacían de la vista gorda ante la evidente devastación.
Las afectaciones no son para menos. Desde 2003 se comenzó con la aplicación de estudios progresivos que demostraron los daños que estaban provocándose a esta área natural. Las denuncias mediáticas, las manifestaciones sociales y la declaracionitis de incontables funcionarios en contra de Cales y Mortero del Grijalva se han vuelto una tradición de cada año.
Según los expertos, el principal problema legal que había impedido la clausura era que los permisos de dicha empresa fueron otorgados previos a la legislación estatal que norma la extracción de materiales pétreos y al decreto del Cañón de El Sumidero como parque nacional en 1981, por lo que se habían mantenido bajo un amparo legal que impedía el cese de sus actividades.
Aunado a esto y documentado por las propias autoridades de la Secretaría de Salud, durante las últimas décadas decenas de familias de la colonia Rivera de Cahuaré han padecido graves afectaciones de su salud; una situación que los motivó en más de una vez a tomar por la fuerza las instalaciones de la empresa extractora de material pétreo.
Y es que, de manera silenciosa, desde a principios de 2010 la calera había decidido iniciar el uso de la sustancia Pet Coke (compuesto señalado como toxico lento) para agilizar los procesos de las calderas y así conseguir ahorros sustanciales en los gastos de operación por el uso de combustibles.
No obstante, para la implementación de este nuevo combustible no se realizaron las adecuaciones necesarias a fin de evitar la expulsión de sus gases hacia las inmediaciones del sitio donde habitan poco más de mil 500 familias en el poblado de Rivera de Cahuaré, causando serias alteraciones a la salud de los habitantes.
Fue en el mes de septiembre de 2011 cuando -sentando un precedente en materia penal- los habitantes del poblado interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación la primera demanda colectiva en el estado de Chiapas contra la empresa Cales y Morteros del Grijalva, acusando daños a la salud, afectaciones a viviendas y perjuicios ambientales en la zona.
La demanda colectiva fue interpuesta por poco más de cien personas ante el Juzgado Segundo de Distrito de los Tribunales Federales con número de registro 000963/2011, en manos del juez Juan Manuel Vázquez Fernández; sin embargo nada se hizo al respecto.

Daño irreparable

Hoy se calcula que al menos dos mil 600 hectáreas han sido devastadas en su totalidad, una importante porción de la pared oriente en la zona aledaña a la calera presenta profundas grietas visibles y miles de habitantes de la Rivera de Cachuare padecen enfermedades crónicas provocadas por las partículas toxinas del complejo.
Sólo resta esperar que esta vez sí se actúe con severidad y dicho anuncio no se convierta en otro acto más que se sume a la vergonzosa historia de Cales y Morteros del Grijalva.
Aquí está una importante prueba para que el actual secretario de medio ambiente en Chiapas, Carlos Morales Vázquez, demuestre la vena política y su habilidad en asuntos jurídicos para defender asuntos que de verdad interesan a la comuna.
Ojalá esta vez el plazo se cumpla y no se permita a la calera volver a reiniciar sus operaciones. Que la clausura definitiva sea el inicio para rescatar a un área que –según expertos- tardará más de 50 años para poder regenerar su entorno ambiental natural y, por qué no, investigar a las viejas autoridades omisas e iniciar procesos legales contra otras tantas empresas que hoy funcionan bajo las mismas condiciones lascivas.

 

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