La CNTE y el oportunismo de la élite empresarial
Que la sublevación magisterial contra la reforma educativa ha causado perjuicios a la actividad comercial y empresarial de entidades como Chiapas es incuestionable, pero acusar en su totalidad a este movimiento social del «desastre económico» que actualmente vive gran parte del país resulta a todas luces un acto deshonesto, inverosímil y hasta oportunista por parte de algunos sectores de la iniciativa privada.
A finales de la semana pasada diversas cámaras empresariales de entidades donde las movilizaciones magisteriales han sido más intensas iniciaron una serie de procesos legales, teniendo como argumento jurídico la clara omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante las afectaciones directas padecidas por las manifestaciones de la CNTE.
En Chiapas el procedimiento de estrategia nacional corrió a cargo del dirigente estatal le la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Enoch Gutiérrez Cruz, quien, acompañado de su líder nacional Gustavo Hoyos, interpuso un amparo ante juzgados federales por la omisión gubernamental ante las acciones magisteriales.
Aunque algunos medios de comunicación asumieron y difundieron el procedimiento como un acto directo contra la CNTE, la realidad jurídica no tiene ese encause. El recurso de amparo se ejerce contra una acción u omisión del Estado y por ahí es donde tendrán curso todos los procedimientos promovidos estratégicamente por la Coparmex.
Por más vueltas que le quiera dar al asunto, los amparos interpuestos por la iniciativa privada señalan las mismas deficiencias gubernamentales para atender la problemática de la reforma educativa que la propia CNTE ha expuesto una y otra vez. Acusa la misma inefectividad, incapacidad e inacción de quienes debería garantizar la paz y estabilidad social.
La Coparmex sabe perfectamente que los efectos de sus amparos no tendrán mayor repercusión en la solución real de la problemática. Tal vez sirvan de una excusa adicional para reactivar el tan contraproducente uso de la fuerza pública para replegar manifestaciones, pero obligar a las autoridades a acelerar la resolución del conflicto está muy lejos de ser una posibilidad sólida.
La «lluvia de amparos» y notas periodistas para visibilizarse, dramatizar su situación y generar presión mediática es evidentemente una estrategia más de lo que el sector empresarial sabe hacer mejor: buscar recursos. Por eso la férrea insistencia de la cúpula nacional a fin de lograr la declaratoria de «desastre económico» para estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
Les urge la justificación para activar esos jugosos fondos federales que nada mal harían a las élites empresariales y que nada tienen que ver con los micro y pequeños comercios que sufren las verdaderas afectaciones de las bajas ventas. Son esos mismos negocios que sólo sirven como carne de cañón a los mismos de siempre para engordar sus estadísticas y extender la mano de ayuda, pero nada más.
La crisis en todos los sectores económicos del país, especialmente es entidades como Chiapas y Oaxaca, no es un asunto nuevo. Lleva más de tres años en permanente desplome con varios sectores de la iniciativa privada en una constante inconformidad que ahora han visto el momento oportuno para «subirse al tren» y lograr algunos beneficios monetarios.
