El siguiente paso es dar curso a la Ley 3 de 3 promovida por la sociedad, para hacerla un ordenamiento federal, afirmó el diputado federal
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]n los próximos días será discutida y votada la minuta de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de fortalecer la normatividad en materia de rendición de cuentas en la República mexicana, aseguró el legislador federal, Emilio Salazar Farías.
Como parte de un compromiso institucional y ciudadano para debilitar la cultura de la ambigüedad, la corrupción y la cerrazón de todas las instancias que reciben recursos públicos, incluidas las organizaciones sindicales.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la LXIII Legislatura, dijo que el siguiente paso es dar curso a la Ley 3 de 3 promovida por la sociedad civil que -con más de 634 mil firmas reunidas- logró la validación del INE y los compañeros legisladores en el Senado de la República trabajan en ella para su aprobación en comisiones y, posteriormente, iniciar de manera formal ante el Pleno el análisis de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
Tendrá que ser obligatorio para las y los servidores públicos que transparenten sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés, para dar mayor certeza a los millones de mexicanos; es un compromiso ineludible de los diputados y senadores para que en el actual periodo de sesiones ordinarias, sea aprobado el paquete total de leyes en materia de transparencia y anticorrupción.
Vale explicar que con la nueva Ley Federal de Transparencia, los sindicatos deberán rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, sus agremiados podrán solicitar información sobre el destino de las cuotas que aportan, el número de afiliados y los procesos de selección de sus líderes sindicales.
Las nueva Ley garantizará el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales.
Finalmente el legislador tuxtleco, dio a conocer que los comisionados durarán en su encargo siete años, sin derecho a reelección; en ese período no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, excepto los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
