Ley de Seguridad Interior, temores tangibles

La preocupación de organismos nacionales e internacionales sobre las consecuencias de la aplicación de la normativa ya se hicieron presentes en el estado: comunidades asentadas en los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón y La Libertad han sido violentadas en su derecho a la seguridad e integridad personal

Portavoz Staff
Fotografías: Ariel Silva

[dropcap]L[/dropcap]a preocupación de organismos nacionales e internacionales sobre las consecuencias de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) ya se hicieron presentes en el estado; con el pretexto de dicha legislación, comunidades asentadas sobre la carretera fronteriza sur en los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón y La Libertad han sido violentadas en su derecho a la seguridad e integridad personal por parte de elementos del 18 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, con sede en Tenosique, Tabasco.
Esta denuncia la dio a conocer en rueda de prensa el director de la organización Frayba, Pedro Faro, junto con representantes indígenas de al menos 120 comunidades y ejidos tzeltales, choles, tzotziles, zoques y mestizas.
Las acusaciones son por hostigamientos, vigilancia, intimidaciones, amenazas y criminalización por parte del Ejército, hechos que ponen en riesgo tanto la vida como la libertad de quienes conforman la Organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, de acuerdo con información retomada de Proceso.
A su vez, reportaron los casos de maltrato que recibieron en diversas ocasiones por parte de los soldados. Por ejemplo, el 16 de febrero, en el crucero El Tulipán, en la carretera federal Tenosique-Emiliano Zapata, en Tabasco, cerca de las 19:00 horas unos 40 militares, al mando del coronel Pedro Larios, decomisaron 238 animales de tres jaulas con ganado procedente de Palenque, Chiapas, con la excusa de que «el hato es ilegal y traído de Guatemala».
Para aclarar el asunto, los campesinos mostraron las guías de procedencia; no obstante, los militares respondieron: «Ya se chingaron porque el ganado se va a Tenosique». Los uniformados trasladaron al ganado decomisado a un terreno privado en Balancán, donde permaneció sin cuidado adecuado, lo cual ocasionó la muerte de dos animales, según dicho medio.
Los integrantes de la Organización Pueblos Autónomos se reunieron y a partir del 21 de febrero, por acuerdo comunitario, llevaron a cabo manifestaciones pacíficas con reparto de volantes en los tramos carreteros de El Tulipán, Tabasco, y Chancalá, Chiapas, para solicitar la devolución de sus animales y el cese de hostigamientos.
Dos días después, mientras realizaban una de sus acciones, la organización retuvo a una persona que les tomaba fotos, quien se identificó como Ezequiel López López, originario de Puebla, pero al investigarlo, descubrieron que se trataba de un soldado con camuflaje de civil, en acciones de espionaje desplegadas por el Ejército mexicano contra pueblos originarios en la región.

Mirada espía
El personaje identificado como Ezequiel López pasaba la información recabada directo a la unidad militar de Chancalá, Palenque, y al 18 Batallón de Infantería de Tenosique, en Tabasco.
«El soldado espiaba, cazaba líderes políticos e informaba; no toda la información la pasaba a su jefe, sino también a otra gente. Los mismos soldados están infiltrados, tenemos espías en las comunidades. Tienen una lista de todas las organizaciones y nombres de los dirigentes. Traen mapas, fechas, lugares de reuniones y rutas, especialmente de transporte de ganado. Cuando llega a la comunidad, lo reconocen como el que pasa a vender tortilla y pan», detalló uno de los indígenas que acudió al Frayba a denunciar los hechos.
Además, comentó que el acta de nacimiento de dicho militar indica que es del ejido San Juan, mientras que el de la credencial señala al ejido de La Cascada como su lugar de origen; ambos son del municipio de Palenque. La Organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres trasladó a López a la comunidad Ángel Albino Corzo, en Palenque.
Ante esto, la presencia del mando del Ejército no se dejó esperar; el mayor Moisés Azcaño Zapot; el sargento segundo Daniel Peralta Flores, y el soldado Guillermo Zarao Bermúdez, acudieron al lugar para negociar la liberación de Ezequiel y se quedaron de manera voluntaria en la zona. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, pues mientras se instalaba la mesa de diálogo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó un cerco a la comunidad.
Relatan que fueron unos 200 militares provenientes de Tenosique los que arribaron a las inmediaciones, cortaron los accesos, así como la comunicación al exterior, la energía eléctrica y se apostaron en posición de ataque; al mismo tiempo desplegaron una campaña mediática de desprestigio en contra de la organización, lo que provocó el terror entre los indígenas.
Fue hasta el 24 de febrero que las autoridades de gobierno ordenaron liberar al ganado decomisado y firmaron un acuerdo, en el cual se instituyó que no habría represalias a integrantes de la organización. Además, Ezequiel fue entregado sin daño alguno.
A pesar de este supuesto arreglo, las comunidades y ejidos de dicha organización han reportado mayor vigilancia y patrullajes militares en la región, así como un incremento de retenes intermitentes de elementos castrenses, quienes han mantenido una actitud hostil, amenazante y discriminatoria, con base en dicho medio.
Al cuestionarles por su actitud, respondieron de forma ofensiva que «son facultades que les da la Ley de Seguridad Interior y que, como indígenas, tienen que acatar las nuevas reglas».
El director de la organización, Pedro Faro, señaló ayer que las comunidades de pueblos originarios en la zona norte fronteriza de la entidad viven en un estado de constante tensión; el pánico, confiesa, se refleja en el miedo de no poder transportarse libremente por temor a detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
También exhortó a la Sedena a que cese los actos ilegales de hostigamiento, intimidaciones, amenazas y criminalización a quienes se organizan de manera pacífica en la construcción de alternativas de vida, y asimismo respete los derechos colectivos de los pueblos originarios.
En enero pasado, a través de un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había advertido que se producirían estas situaciones; expuso que la LSI propicia la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas; afecta la estructura y equilibrio entre instituciones; órganos del Estado y poderes, y facilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre los mexicanos, de acuerdo con información retomada de Forbes.
La CNDH reiteró que «la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral que (…) se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas», según dicho medio.
Debido a lo que vivieron en carne propia, los sobrevivientes de la masacre de Acteal opinaron que si la ley entra en vigor, traerá consigo un alto riesgo a la población civil; además, representaría un retroceso a la democracia mexicana porque la ordenanza cambiaría la relación entre el estado y la ciudadanía, violentando así la soberanía nacional.
«Nosotros sabemos que la función constitucional del Ejército Mexicano es defender nuestro país ante una invasión extranjera, por esa razón no puede ni debe realizar labores de seguridad pública porque no está capacitado para convivir con civiles. Tenemos suficientes pruebas para sustentar esta afirmación y basta con mencionar la masacre de Acteal para demostrar que el ejército no está capacitado para tareas de seguridad pública», afirma la organización.