El Frente asegura que el candidato del PRI favoreció a una filial de la constructora brasileña cuando fue secretario de Energía de Felipe Calderón
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l tiempo se agota para la campaña de Por México al Frente. Este lunes, el equipo de Ricardo Anaya apostó por uno de sus últimos ases bajo la manga para tratar de recortar distancias respecto al puntero de la contienda, Andrés Manuel López Obrador. El equipo del Frente intentó vincular al candidato del PRI, José Antonio Meade, y al expresidente de México, Felipe Calderón, en un «fraude transexenal» supuestamente orquestado a través de Braskem-Idesa, una filial de la constructora Odebrecht, la empresa brasileña que ha forzado a abrir procesos por corrupción en buena parte de América Latina.
Por México al Frente presentó la mañana del lunes una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR). En el documento detallan un complejo esquema en el que Petróleos Mexicanos (Pemex) se comprometió mediante un contrato, en febrero de 2010, a suministrar etano por 20 años a un precio 30 por ciento menor a la empresa Braskem-Idesa, quien instaló en el país la planta Etileno XXI para producir polietileno de alta y baja densidad para la industria automotriz, agrícola y de infraestructura.
El 23 de noviembre de 2012, siete días antes de que finalizara la Administración de Felipe Calderón, se publicó un decreto arancelario que incrementó el impuesto a la importación de polietileno. El documento estaba signado por el presidente Calderón y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade. El decreto entró en vigor en enero de 2015, ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Trece días después de iniciada la gestión del PRI se asignó, mediante una adjudicación directa, nuevos contratos por 300 millones de dólares para transportar etano hasta la planta de Braskem-Idesa en Coatzacoalcos, Veracruz.
Alfredo Figueroa, de la campaña de Por México al Frente, considera que esta trama fue ideada por funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Estas condiciones ideadas para beneficiar a un particular pasaron una alta factura a Pemex, la petrolera mexicana. En 2016, el primer año de operación de Etileno XXI, el costo por trasladar y utilizar gas etano ascendió a más de 3 mil 100 millones de pesos (150 millones de dólares). Sin embargo, los empresarios brasileños y sus socios mexicanos solo pagaron 1.188 millones (58 millones de dólares) gracias a las condiciones creadas por las Administraciones. Pemex, no obstante, perdió casi 2 mil millones de pesos (97 millones de dólares), según la Auditoría Superior de la Federación.
Figueroa asegura que José Antonio Meade no puede decir que desconocía las condiciones en que se estaban firmando los contratos. El 29 de abril de 2011, durante una reunión del Consejo de Administración de Pemex que Meade presidía por ser ministro de Energía, el consejero Rogelio Gasca Neri propuso suspender el proyecto Etileno XXI hasta que fueran modificados los contratos, sobre todo el de suministro. El funcionario hizo notar que la paraestatal importaría gas y crudo para venderlos después con un descuento de entre 20 y 30 por cieno. El Frente calcula que este esquema elevará las pérdidas para Pemex a más de 40 mil millones de pesos (Mil 900 millones de dólares).
La campaña de José Antonio Meade ha rechazado las imputaciones. «El presidente del Consejo de Pemex no firma contratos, por lo que no tuvo participación alguna en la firma del referido documento», señala un vocero de la candidatura del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. «Los ataques contra Meade revelan la frustración de ver al candidato de Todos Por México en segundo lugar y en trayectoria ascendente», asegura.
Por México al Frente, la alianza conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ha pedido a la Fiscalía que inicie una carpeta de investigación de 19 funcionarios y exfuncionarios por los supuestos delitos de uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público, además de otros delitos tipificados en contra del consumo nacional y destinados para afectar a la industria.
En la lista de acusaciones, que podrían convertirse en penas de prisión de entre tres y diez años si llegan a ser sentenciadas, figuran los nombres del actual secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya; el canciller Luis Videgaray y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuyo nombre también figura en el expediente que investiga el pago de sobornos de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012. En la demanda también se responsabiliza al presidente Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, quien milita en el mismo partido con el que Anaya trata de hacerse con la presidencia.
El expresidente Calderón también ha desmentido acusaciones similares en marzo de 2017. En una carta a este periódico el exmandatario dijo entonces que las reuniones celebradas con funcionarios de Braskem «se dieron en el marco del esfuerzo de promoción de inversiones». «En ningún caso las reuniones con el presidente de Brasil [Luis Inacio Lula da Silva] o con los inversionistas implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas indebidas a estos», señalaba el documento.
El golpe fratricida de Anaya al expresidente Calderón y a otros exfuncionarios del Gobierno del PAN del que formó parte, como Jordy Herrera, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Juan José Suárez Coppel, exdirector general de Pemex, llega días después de que el candidato del Frente fuera sacudido por un video anónimo en el que un empresario afincado en Querétaro detallara un esquema para financiar ilegalmente su campaña.
«Los infundios propagados por la coalición por México al Frente pretenden desviar la atención de las acusaciones por tráfico de influencias y lavado de dinero realizadas en contra de su candidato, Ricardo Anaya», considera la campaña del PRI.
La batalla por el segundo lugar sube de tono en el último tramo de la campaña, que culmina el próximo miércoles 27 de junio. Ricardo Anaya, a 22 puntos de López Obrador, y José Antonio Meade, a 29 del líder de Morena, recurren a los tribunales en busca de lo que las encuestas les han negado por el momento.
