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Héctor Estrada
Los cobardes del poder mantienen en el congelador iniciativa de matrimonio igualitario <br /> Héctor Estrada

Los cobardes del poder mantienen en el congelador iniciativa de matrimonio igualitario
Héctor Estrada

Desde su presentación y su última discusión legislativa, la más reciente iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario en Chiapas parece haberse quedado en “el congelador”, en ese cajón parlamentario donde se guardan los temas considerados escabrosos para aquellos políticos miedosos, títeres de compromisos con grupos de poder y sin convicción para velar verdaderamente por los derechos universales.
Fue desde a finales de 2013 cuando el tema de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó a tomar auge en Chiapas, generando innumerables muestras de respaldo, pero también campañas de odio, intolerancia y rechazo entre los sectores más conservadores o dogmáticos de la entidad.
A manos de grupos activistas defensores de los derechos de la comunidad LGBTTI se presentó la iniciativa de reforma que plantea fundamentalmente modificar algunos párrafos discriminatorios que en pleno siglo XXI siguen imprimiendo de rezago a la Constitución Política del Estado de Chiapas.
El proyecto de ley tiene el objetivo de reformar 19 artículos del Código Civil y 15 del Código de Procedimientos Civiles para incorporar el concepto de matrimonio como: La unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
La propuesta deja atrás el concepto retrograda que califica al matrimonio como la unión exclusiva de un hombre y una mujer, desconociendo jurídicamente la integración de toda familia diferente e impidiendo su acceso a las garantías de seguridad social o protección legal por el sólo hecho de no tratarse de una familia heterosexual.
Señores diputados (con dedicatoria para quien le quede el saco), el reclamo de leyes igualitarias no es una ocurrencia surgida de la noche a la mañana, se trata de derechos universales fundados en acuerdos internacionales con ya varios años de vigencia.
Es hora de echarle una leída a documentos básicos sobre el tema –firmados por México- como los Principios de Yogyakarta en sus apartados 1, 2, 3 y 24; la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas en sus puntos 1, 2, 3, 10 y 11; o simplemente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en sus artículos 1 y 25.
Sin embargo, para qué ir tan lejos cuando la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, exige la garantía de derechos igualitarios y prohíbe todo tipo de discriminación. Son documentos de peso que deben respetarse y acatarse. No son textos de adorno como muchos legisladores hacen parecer ver.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en claro el asunto. Les guste o no a los grupos conservadores, la prohibición añeja a la formación de familias diversas es una argucia INCONSTITUCIONAL en México.
Convirtiéndose en un hecho histórico que contraviene a la Constitución misma, en ese caso, la SCJN otorgó un amparo a 39 personas homosexuales de Oaxaca contra el artículo 143 de su Código Civil estatal -que define el matrimonio como la unión entre “un solo hombre y una sola mujer”- por considerarlo inconstitucional y discriminatorio.
El amparo abrió la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo en todo México, ya que las autoridades no podrán “utilizar el artículo como base para negar” la unión a las parejas homosexuales que deseen casarse o “establecer cargos relacionados con la regulación del matrimonio”.
El amparo fue presentado por el grupo de 39 personas que no impugnaron la negativa de las autoridades al matrimonio homosexual, sino la mera existencia de la ley que consideraron discriminatoria por su redacción; tal como sucede en el caso de Chiapas.
Con esta premisa, diversas parejas homosexuales en estados como San Luís Potosí, Oaxaca y Veracruz han concretado recientemente sus enlaces matrimoniales civiles gracias a amparos legales que deshabilitan los puntos discriminatorios e inconstitucionales de los códigos civiles estatales.
En Chiapas, los cobardes sólo están postergando lo inevitable; únicamente se está dejando de manifiesto la falta de compromiso con la aplicación de la ley y la garantía de los derechos universales.
El miedo a los grupos dogmáticos de poder (que cada vez pierden más creyentes) y al rechazo de sectores sociales que podrían significar votos en futuras contiendas políticas vale para algunos diputados mucho más que realizar de una vez por todas un acto de justicia constitucional y reconocimiento a los derechos que todos tienen por la única razón de ser ciudadanos.

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