El juez presidente del Tribunal Regional Federal 4, Carlos Eduardo Thompson Flores, echó para atrás el fallo del juez de guardia, Rogerio Favreto, luego de dictaminar que no le competía tomar la decisión de liberar al exmandatario
Agencias
[dropcap]U[/dropcap]n juez de apelación ha ordenado este domingo la puesta en libertad del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de dinero durante su Gobierno. El juez Rogerio Favreto, que estaba de guardia este domingo en el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4), aceptó la petición de habeas corpus presentada por diputados del Partido de los Trabajadores (PT) para que el exmandatario salga de la cárcel este domingo.
El juez ha ordenado que «se cumpla con urgencia» este mismo domingo la excarcelación por parte de cualquier autoridad policial presente en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluido Lula. El Tribunal Regional Federal-4 una corte de segunda instancia, inferior por tanto a la Suprema Corte, que ya había negado peticiones de habeas corpus a Lula. El juez Favreto justifica que la pre-candidatura de Lula a las elecciones convocadas para octubre próximo (la candidatura oficial solo puede ser anunciada en agosto) es un «episodio nuevo» se ve afectada por la condición de preso de Lula, por lo que se debe permitir su plena libertad para que pueda cumplir la aspiración de participar de hecho en el proceso democrático.
El juez apunta también ilegalidades en la decisión de encarcelar al expresidente. A su juicio existe una «ausencia de fundamentación», por no haber respetado la posibilidad de presentar recursos a los que Lula aún tenía derecho antes de ser detenido.
La polémica decisión de ordenar la excarcelación generó reacciones inmediatas. El primero a manifestarse en contra fue el juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones de la Lava Jato en Brasil, sobre la trama de corrupción de Petrobras, y el enemigo número uno de Lula. Moro puso en duda que el juez Favreto tenga potestad para ordenar la puesta en libertad del expresidente, cuando los tres jueces de ese tribunal ya habían decidido lo contrario. «Es autoridad incompetente para sobreponerse a la decisión conjunta de los jueces del TRF-4 y de la corte Suprema», escribió el titular de la Justicia en Curitiba, en el Estado de Paraná, donde Lula está preso. Una fiscalía regional que actúa en la misma jurisdicción que el TRF-4 también se manifestó en contra. Tres expertos entrevistados por EL PAÍS dicen que el juez de guardia sí tiene poder para llevar adelante la decisión de excarcelar a Lula.
Todo indica que este nuevo episodio va a incendiar la batalla jurídica que se estableció en Brasil desde que comenzó la investigación judicial del caso la Lava Jato en 2014.
Tras la manifestación de Moro, el juez de apelación Favreto ordenó otra vez que se cumpliera «con urgencia» la excarcelación por parte de cualquier autoridad policial presente en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluido Lula. A esta pugna judicial se sumó un tercer juez del Tribunal Regional Federal-4, João Pedro Gebran Neto, quien bloqueó la orden de liberar al expresidente. Argumentaba que era él el responsable del caso Lula en segunda instancia, y que por tanto le tocaba a él decidir sobre la liberación de Lula, aunque no estuviera de guardia.
Una vez más Favreto volvió a ordenar la excarcelación de Lula y dio el plazo de una hora para que el expresidente dejara la cárcel. Finalmente intervino el presidente del Tribunal Regional Federal-4, el juez Carlos Eduardo Thompson Flores. A las 19.30 en Brasil, el magistrado decidió que Lula siguiera encarcelado. En resumen, argumenta que no le tocaba a un juez de guardia analizar y decidir sobre el caso Lula, que debe seguir en manos del juez Gebran Neto.
El expresidente Lula ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales —el Supremo y el Constitucional— para revertir la condena. Si llega a ser firme, la impediría que pueda presentarse en las elecciones presidenciales del 7 y 28 de octubre.
(Con información de El País)
