Desde el principio las solicitudes de recursos y los diagnósticos de daños se presentaron con desfases de hasta 27 días, cuando el plazo es dos días hábiles. La modificación al calendario ocasionó que las aportaciones al estado de Chiapas se realizarán hasta 139 días hábiles después del plazo establecido, sostuvo el petista Benjamín Robles Montoya
Portavoz Staff
[dropcap]S[/dropcap]on «un catálogo de irregularidades», las observaciones que se hicieron en auditorías implementadas en los rubros relacionados con la utilización de los recursos para la atención de desastres naturales en Chiapas.
Así calificó el senador petista Benjamín Robles Montoya, la condición de los informes estatales ante la Auditoría Superior de la Federación, al solicitar mayor control en la asignación de financiamiento en caso de crearse un fondo para la reconstrucción.
En la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018, según información publicada por Reporte Índigo, la pugna principal es por la reasignación de alrededor de 30 mil millones de pesos.
Mientras la Oposición ha pedido que esos recursos sean utilizados para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca fortalecer algunos ramos para que por ellos fluya el dinero para la recuperación.
De entrada, los diputados han decidido borrar de forma definitiva el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), conocido comúnmente como el fondo de los «moches».
Asimismo, hay un consenso respecto a garantizar que haya dinero para la recuperación de las zonas golpeadas por los fenómenos naturales de los últimos meses. No obstante, la Oposición ha pedido la creación de un Fondo de Reconstrucción, «con reglas claras para evitar los malos manejos, como ha ocurrido con otros fondos similares».
Robles Montoya, de la bandada del PT, ha pedido que la asignación de recursos quede etiquetada en el PEF 2018, pero con especificaciones sobre los estudios de ingeniería necesarios, el establecimiento de testigos sociales y la obligación de comprar materiales y contratar obras a las pequeñas y medianas empresas de la región.
«El catálogo de irregularidades queda perfectamente ilustrado en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que auditaron los recursos autorizados para la atención de desastres naturales en el estado de Chiapas, en 2010 y 2011, y que ascendieron a casi 3 mil 500 millones de pesos.
«El informe habla por sí solo: desde el principio las solicitudes de recursos y los diagnósticos de daños se presentaron con desfases de hasta 27 días, cuando el plazo es dos días hábiles. La modificación al calendario ocasionó que las aportaciones al estado de Chiapas se realizarán hasta 139 días hábiles después del plazo establecido, lo que afectó el inicio de obras y acciones», sostuvo Robles en un punto de acuerdo presentado en el Senado.
El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara baja, César Camacho, aseguró que los diputados no regatearán la asignación de recursos para la reconstrucción.
«El PRI ha hecho de esto una bandera en la que cree con toda convicción (…) lo menos que podemos hacer es aprobar recursos destinados a estas tareas, que por cierto, son recursos de todos los mexicanos.
«Ahora lo que debe imperar es la racionalización, la inteligencia y el direccionamiento de dinero de todos para ayudar a los damnificados», aseveró Camacho.
De acuerdo con Reporte Índigo, Camacho lidera la bancada que lleva mano en la negociación del Presupuesto de Egresos junto a la Secretaría de Hacienda.
No obstante, admitió que el dinero de la reconstrucción debe llegar más allá de la Ciudad de México porque aunque es «el centro neurálgico de la política, de las comunicaciones, de la vida económica», hay sitios con muchas más dificultades y procurarán «un trato equitativo de parte de la Cámara de Diputados para asignar los montos, que sean los justos y los necesarios para volver a activar la economía y hacer que la vida normal regrese a las comunidades».
La discusión en el Congreso
En las negociaciones para armar el PEF 2018, los congresistas efectuaron una serie de ajustes en la Ley de Ingresos, con lo que obtuvieron ingresos extras por 43 mil millones de pesos; de ellos resultan los 30 mil millones de pesos susceptibles de reasignación y que permanecen en pugna.
Las dos variables más importantes que se modificaron fueron el tipo de cambio precio dólar que el Ejecutivo había planteado en 18.10 pesos y que fue cambiado a 18.40 pesos; y el precio del barril del petróleo que el Gobierno federal había propuesto en 46 dólares y finalmente quedó en 48.5 dólares.
Aunque el total «extra» fue de 43 mil millones de pesos, el gasto neto tiende a ser menor por los cambios que se derivan de la propia modificación de los indicadores. Al final, el dinero disponible para el 2018 es 5 billones 279 mil 667 millones de pesos.
La fecha límite para aprobar el presupuesto es el 15 de noviembre; los diputados planean tener lista la negociación un día antes, el 14 de noviembre, ya con las modificaciones pactadas.
«La planificación se realiza en petit comité entre un grupo compacto de legisladores y la Secretaría de Hacienda», consiga Reporte Índigo en clara alusión a la bancada priista que lidera Camacho.
El tricolor busca que los recursos extras sean destinados a rubros que tienen algún faltante para el 2018 en el Proyecto de PEF. El presupuesto para el campo, por ejemplo, fue enviado con un recorte de 6 mil 232 millones de pesos menos respecto al 2017.
El PRI busca también dar más dinero a rubros como Educación, Salud y otros que ejercerán dinero que podrán enviar a labores de reconstrucción.
El Ejecutivo envió también en ceros todo el capítulo de Carreteras y caminos alimentadores, mismo que busca ser repuesto por los diputados federales y a cuyos proyectos se les dio especial prioridad en la Comisión de Infraestructura que es la encargada de definir las obras que se plasmarán en el decreto de Presupuesto. Esas obras podrían ser financiadas con el dinero que se obtuvo para la Ley de Ingresos.
En las negociaciones también destacó que han pedido ajustes para el Fondo de Desastres Naturales. Las modificaciones fueron propuestas por Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y respaldadas por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
Entre las reformas, se solicita flexibilizar la normativa, el flujo más rápido del dinero, eliminar trámites burocráticos, reducir plazos para la emisión de declaratoria de emergencia y eliminar tope máximo de recursos a utilizar en obras de reconstrucción.
