El mayor escandalo de America y sus secretos

Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica

Agencias

[dropcap]O[/dropcap]debrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, pagó 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada d´Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de este Principado.
Los sabuesos andorranos bajo las órdenes de la juez Canólic Mingorance barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.
El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera acogía fondos de tramas criminales. Andorra, atenazada por la presión internacional, renunció el pasado año al secreto bancario.
EL PAÍS ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó.
La revelación contempla centenares de documentos como pasaportes, cartas de presentación, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluación de riesgo. También incluye las actas de las sociedades de Panamá, Islas Vírgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht. Una bomba política que ha aflorado sobornos en 12 países de Latinoamérica y cuya metralla ha impactado ya contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (República Dominicana). La ola también alcanza a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Perú), en prisión por este escándalo.
La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht, que también está en prisión, para pagar los sobornos a actores clave en la adjudicación de obra pública.
La constructora ha reconocido ante la Justicia de Brasil que costeó campañas electorales de presidentes y candidatos de América. Y que pagó sobornos por, al menos, 788 millones de dólares (680 millones de euros). Los candidatos favorecidos por la contratista ejecutaban después un plan de obras públicas multimillonario. Odebrecht abonó una multa de 3.500 millones de dólares (3.019 millones de euros) a las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.
La Policía de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compañías que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.
Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. Y que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias. Solamente a través de Klienfeld, una firma constituida en el paraíso fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron pagos sospechosos por más de 200 millones de dólares (173 millones de euros).
La mayoría de los clientes de la BPA favorecidos por Odebrecht vació sus cuentas con celeridad y, en ocasiones, transfirió fondos a bancos suizos y a otros paraísos fiscales.
Los documentos demuestran que, pese a que los empleados del Departamento de Complimiento (Compliance) de la BPA alertaron del alto riesgo de los PEP (personas políticamente expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas se terminaron abriendo.

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