Con el inicio de año, el gobierno de Chiapas dio por finalizada la crisis humanitaria por el desplazamiento de más de 5 mil personas causado por la violencia paramiliar en Chalchihuitán y Chenalhó, enfrascados en una disputa territorial que data de 1973. Pero la amenaza para las familias continúa
Rodrigo Soberanes / Animal Político
[dropcap]L[/dropcap]a familia Pérez Paciencia intentó volver a casa después de tres meses de desplazamiento forzado en Chiapas pero a pocos minutos de estar ahí se escucharon disparos nuevamente y tuvieron que regresar a su campamento. Solo alcanzaron a ver el saqueo y las paredes quemadas y perforadas por los balazos.
«Ya hemos intentado llegar a nuestras casas. Hace una semana fuimos con mi hermana y con mi mamá y cuando llegamos nos vieron y nos dispararon», contó Ausencio Pérez Paciencia desde el Campamento Uno, en la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, un pequeño conjunto de casitas improvisadas donde está la prueba de que la emergencia sigue vigente.
Con el inicio de año, el gobierno de Chiapas dio por finalizada la crisis humanitaria por el desplazamiento de más de cinco mil personas causado por la violencia paramiliar en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, enfrascados en una disputa territorial que data de 1973.
Este pleito habría llegado a su fin el pasado 14 de diciembre gracias a la decisión del Tribunal Unitario Agrario de dar las tierras en disputa a Chenalhó y resarcir daños a Chalchihuitán.
El 2 de enero retornaron tres mil 858 personas pero otras mil 165 se quedaron en los campamentos, de acuerdo con cifras recabadas por agentes comunitarios. Según personas entrevistadas en los campamentos, la paz y el desarme que se anunciaron fueron una mentira.
Un día antes, el ayuntamiento de Chalchihuitán había admitido un comunicado en el cual puntualizó que se trata de un «retorno parcial» puesto que «no existen totalmente mejorías de las condiciones de seguridad. Prevalecen aún los disparos en los puntos de la zona limítrofe». Aún así, la gente volvió, pues necesitaban labrar sus tierras y atender sus cultivos.
En la parroquia de Chalchihuitán está instalada la logística para atender la emergencia. El párroco Sebastián López estaba ayudando a construir dos habitaciones de tablas y lámina sobre el techo de su casa cuando atendió a Animal Político.
El sacerdote enfatizó que la crisis sigue, que el problema no terminó con el retorno de principios de año porque en Chalchihuitán la gente no se siente segura.
Las bodegas de la parroquia están llenas de ayuda humanitaria que es custodiada las 24 horas del día por hombres voluntarios. Ahí se duerme muy poco. Colchones, cobijas, agua, costales de maíz, de maseca, enlatados y enseres de limpieza personal entran y salen del antiguo bodegón de la sede religiosa.
Ahí se reciben voluntarios y se les da café, frijoles, tortillas, sopa y galletas. Los doctores de Médicos Sin Fronteras (MSF) están en el lugar haciendo horas extras trabajando en nueve comunidades y combaten el cansancio. En su último informe sobre la situación de Chalchihuitán confirmaron que hay aún cerca de mil personas desplazadas.
Durante sus largas jornadas de trabajo se han encontrado con personas que enfrentan el desplazamiento bajo condiciones de salud muy precarias, producto de la de por sí difícil situación de vida que enfrentan, pues viven en uno de los municipios más pobres de uno de los estados más pobres de México.
«Es escandaloso que existan pacientes que no estén adecuadamente integrados en el sistema de salud público», dijo la coordinadora en México de MSF, Miriam de León.
El padre Sebastián se mira cansado. Insiste en que el problema no ha parado, por el contrario, se enfrentan a más complejidades, principalmente la repartición de la ayuda humanitaria entre la población desplazada que está entre otros pobladores que no sufrieron la misma suerte.
La distribución de las despensas es un problema. Hay envidias y la gente se pelea por ellas. Los desplazados están ahora en comunidades, en casas de familias, confundidos entre quienes no tuvieron que salir. No hay un censo real de cuántos están en paz en sus casas.
MSF también destacó «la vulnerabilidad emocional» de las personas que atienden. «Hay que poner en marcha mecanismos que les ayuden a fortalecerse y disminuyan los niveles de sufrimiento emocional, agudizados por las amenazas y las condiciones de vida empeoradas por el desplazamiento», destacó Miriam de León
El padre Sebastián López describe el estado de ánimo de la población con otras palabras. Entre los que están en los campamentos -dice- hay un desánimo absoluto. «Muchos dicen, ya que me maten, ya estoy cansado».
El sábado 13 de enero, personas desplazadas se reunieron con el recién nombrado obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, justo en el lugar del campamento 1, donde está la familia Pérez Paciencia y otras más. Al cura le llamó la atención que, cuando iba a comenzar una misa, los niños se acercaron al brasero del incienso para calentar sus manos.
«Veo a algunos niños descalzos, con ropa muy delgada. Veo el sufrimiento que ustedes tienen de estar fuera de casas con techos y paredes de hule que resguardan demasiado poco del frío, de la lluvia», dijo Rodrigo Martínez.
El obispo recorrió las dos casas de la familia Paciencia y vio que, en efecto, están quemadas, saqueadas y con impactos de bala de alto calibre. Son construcciones que están a unos metros del límite territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó, el motivo de la disputa.
Animal Político también estuvo ahí. Adentro de las casas, entre el desorden dejado por los saqueadores, quedan algunos rastros de la vida que llevaban las familias atacadas, como zapatos de niña, mochilas, útiles escolares, ropa de niño. Cosas que los adultos no necesitan. Lo demás -electrodomésticos y objetos de valor monetario- ya no está.
«Lo más importante que estamos pidiendo es que el gobierno nos tome en cuenta, que el gobierno no mienta diciendo que esto ya se solucionó porque hasta el momento nosotros no hemos visto una solución», dijo José Luis Pérez Paciencia desde el campamento, al lado de su familia y de un fogón de leña.
Muy cerca de ahí, el Ejército desmanteló uno de los escondites de grupos armados de Chenalhó, según autoridades municipales de Calchihuitán. Sin embargo, testigos del lugar cuentan que cuando el Ejército se fue, comenzaron los disparos al aire de nuevo. Esto ocurrió el 1 de enero, un día antes del inicio del retorno.
Dos unidades artilladas del Ejército realizan rondines por la zona cada día, partiendo desde la cabecera municipal de Chalchihuitán. La Policía Estatal tiene cinco policías cerca del epicentro del conflicto, en las inmediaciones de las casas de la familia Pérez Paciencia.
El hartazgo por la violencia en Chalchihuitán está entre la población y también se expresa en los mensajes de las autoridades municipales. «Si no hay castigo y desarme para las personas que provocaron muchos daños irreparables a Chalchihuitán, quedará en el olvido como el caso de Acteal en 1997», dice el comunicado del municipio.
Esos «daños irreparables» de la violencia armada y el desplazamiento están personificados en María Girón Pérez, hija de Domingo Girón Luna, un señor de 62 años que falleció en octubre después de que su estado de salud empeoró cuando estaba escondido en las montañas, huyendo de los disparos.
«Murió por la tos, se le hinchó todo el cuerpo. Se empeoró cuando se escondió en el monte cuando hubo disparos, ese fue el motivo por el que murió. Llegamos al hospital pero ya no hubo remedio. Pasó de la raya la enfermedad y ya no hubo remedio», relató María Girón a Animal Político con la ayuda de un traductor del tsotsil al español.
En noviembre de 2016 la familia de María también tuvo que huir por disparos en las inmediaciones de su casa. Pasó lo mismo, corrieron por sus vidas hacia la montaña y ahí su mamá, María Pérez Girón, se agravó de una enfermedad respiratoria y murió.
El recuento de la violencia en esa zona de los Altos de Chiapas, con casos como los de María Girón y su familia, es largo. Según MSF, el conflicto sigue sin resolverse y las víctimas del desplazamiento forzado están luchando por conservar su salud física y mental mientras esperan que el gobierno por fin confisque las armas y puedan volver a sus casas.
