Mario Alfredo Contreras Ramírez, representante de la comunidad de Bolonchén de Rejóny, Campeche, narra que la siembra de soya modificada continúa en sus tierras, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo prohibió, en tanto sean consultadas las comunidades y ellas mismas resuelvan si dan luz verde o no para su uso
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]as violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el apoyo del Estado mexicano a las grandes empresas que las cometen han sido el común denominador durante los últimos años en México.
Uno de los casos emblemáticos más recientes es el de la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche. Allí, desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la actividad, en tanto la comunidad maya sea consultada.
En 2012 las autoridades federales otorgaron un permiso a la empresa Monsanto para la liberación y siembra comercial de soya transgénica sin haber tratado el tema previamente con los pueblos indígenas cuyas comunidades se verían afectadas.
Desde el año pasado, organizaciones de la sociedad civil han reprobado el papel de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), como responsables de la organización de la consulta.
Y en reiteradas ocasiones los afectados han denunciado que el esparcimiento de las semillas comercializadas por la empresa Monsanto no se ha detenido y han acusado también diversas irregularidades en el proceso de consulta.
En entrevista para SinEmbargo, Mario Alfredo Contreras Ramírez, representante de la comunidad de Bolonchén de Rejón, del municipio de Hopelchén, en el estado de Campeche, señaló que las autoridades del Gobierno mexicano, que preside Enrique Peña Nieto, protegen los intereses económicos de las empresas trasnacionales, en este caso, de Monsanto, mientras deja en la indefensión a las comunidades indígenas.
«No se está obedeciendo el mandato de la Suprema Corte porque a pesar de las instrucciones que se dieron no se está acatando, claramente se ve porque hasta este momento sigue la siembra [de soya transgénica]. Las autoridades campechanas tienen precio, no han frenado esto que es una forma de ofender y discriminar a nosotros los mayas indígenas», dijo.
El hombre que ha dedicado toda su vida a la agricultura y apicultura lamentó que la siembra de soya transgénica y la presencia de herbicidas hayan terminado primero con los cultivos de algodón, después con los de papaya. Alerta que lo siguientes en desaparecer será el maíz, además de las abejas. Agregó que la deforestación de las selvas así como la contaminación del agua son problemáticas evidentes que dañan la salud de los campechanos.
«No se puede ocultar» la colusión del Estado mexicano con Monsanto, asegura, y subraya que así, sin consulta y «envenenando» las tierras, el Gobierno de México a cargo de Enrique Peña Nieto busca «exterminar» a las comunidades indígenas.
«¿Por qué el Gobierno está protegiendo a Monsanto, por qué están protegiendo a las empresas trasnacionales que nos están envenenando en nuestro municipio y en nuestro estado? […]. Es una forma de exterminarnos a nosotros los mayas porque al no haber apicultura, al no haber miel, al no haber maíz, ¿qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con la polinización de nuestros cultivos?», cuestionó.
Consulta, mero maquillaje
Don Mario externó su preocupación porque la Cibiogem y la CDI durante las reuniones de la consulta se presentan en las comunidades a intentar dividir a la gente e incluso, denunció, «acarrean» personas a fin de que exista pronunciamiento a favor de la siembra de soya transgénica y en contra de los mayas.
«Los días de consulta llevan gente «acarreada». Ha habido gente que ha declarado que les pagan para estar allá [en las consultas]. Están cumpliendo las órdenes de Cibiogem y CDI y lo han declarado ante nosotros porque los conocemos», recriminó y añadió que la consulta no ha avanzado desde hace un año y que Cibiogem la conduce a favor de Monsanto.
Por si fuera poco, afirmó que sus derechos a la autonomía y libre determinación son violados constantemente y que la CDI, la autoridad que en teoría debería custodiarlos, no lo hace y por el contrario, intenta crear división.
«La consulta se está manejando para maquillar, quieren que se haga lo que ellos digan y no respetar la decisión de nosotros», lamentó.
Otra problemática que existe en el proceso de consulta, informó, es la intimidación de los habitantes. «En la consulta de Hopelchén ha habido de todo: Insultos, gritos, amenazas» y narró que al iniciar las conversaciones les tiran envases y al momento de salir, «gente pagada por Monsanto en acuerdo con Cibiogem y CDI nos gritan: «te vas a morir, cabrón»».
FRASE
«¿Por qué el Gobierno está protegiendo a Monsanto, por qué están protegiendo a las empresas trasnacionales que nos están envenenando en nuestro municipio y en nuestro estado? […]. Es una forma de exterminarnos a nosotros los mayas porque al no haber apicultura, al no haber miel, al no haber maíz, ¿qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con la polinización de nuestros cultivos?» Mario Contreras
