Ellas constituyen el 51.2 por ciento del total de los 123,5 millones de habitantes de México
SEMMÉXICO
[dropcap]L[/dropcap]as mujeres son, como desde hace varios años, una mayoría de la población mexicana con el 51.2 por ciento, de los 123.5 millones de personas que habitan el país y la mortalidad materna disminuyó en los últimos 25 años en un 54.1 por ciento.
Esta información fue anunciada el pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día Mundial de la Población, que se celebra este 11 de julio y tiene como objetivo centrar la atención sobre: la importancia de los asuntos relacionados con la población, particularmente en el contexto de los planes y programas de desarrollo global; la necesidad de encontrar soluciones a las cuestiones que se plantean frente al crecimiento, movilidad y distribución de la población; el desarrollo, los recursos disponibles y el deterioro del medio ambiente, dice la institución en un comunicado de prensa.
Señala que conforme a las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población (Conapo), el número de personas que residen en el país en el año 2017 es de 123.5 millones. En tanto las mujeres componen el 51.2 por ciento, los hombres constituyen el 48.8 por ciento.
Por edad, se observa que hay una gran cantidad de niños y niñas menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones). Ambos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la población total (52.8 por ciento), también es cierto que su participación relativa ha disminuido en el transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó de 37.9 a 27 por ciento, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7 a 25.8 por ciento.
La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los sesenta y el aumento de la esperanza de vida han generado una base piramidal cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 26 a 36.7 por ciento, entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años acrecentaron de 6.4 a 10.5 por ciento en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su monto aumente a 32.4 millones (21.5 por ciento de la población total).
Desafío inmediato: población adulta mayor
El aumento de las personas adultas mayores implica desafíos importantes en materia de política pública. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), «el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral, financiero y la demanda de bienes y servicios, así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales».
Otro proceso demográfico vinculado a los cambios en la estructura por edad, tiene que ver con el aumento relativo de la población en edades potencialmente activas (bono demográfico). Lo anterior se puede percibir cuando se analiza la tendencia a la baja de la razón de dependencia demográfica, la cual expresa el número de dependientes económicos (cero a 14 años y 60 y más años) por cada 100 personas en edad de trabajar (15 a 59 años).
Entre 1970 y 2017 la razón de dependencia demográfica pasó de 107.6 a 59.9 dependientes por cada 100 personas en edades activas. Se prevé que en los próximos años este indicador siga bajando, haciendo más patente el incremento relativo de la población en edad productiva. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), «una mejor educación y empleo para los jóvenes son la clave para aprovechar el bono demográfico».
En México datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indican que, en el cuarto trimestre de 2016, 2.4 por ciento de la población de seis a 14 años y 32.5 por ciento de la población de 15 a 19 no asiste a la escuela. Por otra parte, la mayoría de las y los jóvenes de 25 a 29 años saben leer y escribir un recado (98.5 por ciento); sin embargo, sólo la mitad (49.7 por ciento) cuenta con algún grado de educación media superior y superior.
Los desafíos que presentan ambos procesos (envejecimiento y bono demográfico) deben constituir una coyuntura para que a la población se le garanticen los derechos sociales imprescindibles para generar capacidades y oportunidades de desarrollo.
En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), argumenta que «ante las crisis económicas, climáticas y alimentarias que se enfrentan en la actualidad, la generación de capacidades en los estados y las sociedades para el diseño y la implementación de estrategias que minimicen su impacto, será un elemento crucial para sustentar los avances hacia la consecución de los objetivos del desarrollo».
Esperanza de vida
La mayor sobrevivencia de la población es consecuencia de los avances tecnológicos y una mejor cobertura en los servicios de salud. De acuerdo con las proyecciones del Conapo, para el año 2017 la esperanza de vida al nacer es de 75.3 años. Con este aumento en la sobrevivencia de las personas, las causas de fallecimiento se dan principalmente por padecimientos crónico-degenerativos.
Lo anterior se reafirman con las estadísticas de mortalidad: en 2015, la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado y las enfermedades cerebrovasculares constituyeron las principales causas de muerte de la población; en conjunto ocasionaron 39 por ciento del total de las defunciones ocurridas en nuestro país.
Salud reproductiva
Datos que proporciona la Encuesta de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, indican que la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos es de 4.9 por ciento entre las mujeres unidas en edad fértil; mientras que en las adolescentes (15 a 19 años) unidas, llega a ser de 13.5 por ciento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) argumenta que la planificación familiar no sólo permite espaciar o limitar los embarazos, sino también disminuye el riesgo de morir por una procreación prematura o porque la mujer ha tenido más de cuatro hijos. En este sentido, reducir la mortalidad materna e infantil forma parte del enfoque que se le da a la salud reproductiva. Entre 1990 y 2015 la razón de mortalidad materna en el país disminuyó de 88.7 a 34.6 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.
La OMS estima que, en 2015, en los países de ingreso bajo, sólo 40 por ciento de las embarazadas realizaron la atención prenatal recomendada. México está por arriba de esta cifra y así lo demuestran los datos de la ENADID 2014 que estiman que 97.2 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años con su último embarazo entre enero de 2009 a septiembre de 2014, recibió atención prenatal con un promedio de 8.5 consultas.
En cuanto a la mortalidad infantil, también se observa una disminución importante entre 1990 y 2015, al pasar de 32.5 a 12.5 defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos. Cabe señalar que la OMS hace énfasis en que «el riesgo de muerte del niño es mayor durante el periodo neonatal (los primeros 28 días de vida) y para evitar estas muertes son esenciales un parto seguro y cuidados neonatales eficaces».
En México se da un seguimiento especial a las defunciones de niños de cero a cuatro años ocasionadas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Ambas han disminuido su nivel entre 1990 y 2015 al pasar de 145.9 a 7.3 y de 124.5 a 16.5 defunciones por cada 100 mil niños menores de 5 años, respectivamente.
ONU comenta que, en 2013, el número de personas que vivían con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) a nivel mundial es de 35 millones y en ese mismo año fallecieron 1.5 millones por esta enfermedad. En México los casos notificados de VIH y de SIDA de personas que se encuentran vivas son 135 515 (al 15 de noviembre de 2016), en tanto que los registros administrativos de defunciones señalan que, en 2015, murieron cuatro mil 756 personas por VIH, de los cuales, 19.8 por ciento eran jóvenes de 15 a 29 años.
Para la OMS, el VIH/SIDA es uno de los más graves problemas de salud pública en el mundo y conforme a esta organización, «los países deben formular y aplicar políticas y programas destinados a mejorar y ampliar los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH para todas las personas que lo necesitan».
