Los albergues de la sociedad civil que brindan ayuda humanitaria a los migrantes no recibirán apoyos económicos del gobierno federal. Será el propio gobierno el que pondrá albergues para eliminar a los «intermediarios» de la sociedad civil, a quienes se ha acusado de quedarse con el recurso público y de mantenerse a costa del presupuesto gubernamental
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]os albergues de la sociedad civil que brindan ayuda humanitaria a los migrantes no recibirán apoyos económicos del gobierno federal.
Así lo dijo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que será el gobierno el que pondrá sus propios albergues para eliminar a los «intermediarios» de la sociedad civil, a quien acusó de quedarse con el recurso público y no dárselo a los migrantes, y de mantenerse a costa del presupuesto gubernamental.
«Hay casos que se pueden probar de dinero que se entregó a organizaciones para beneficiar a migrantes y no llegó el dinero a los migrantes», apuntó el presidente sin dar nombres, quien insistió en que ya «se acabaron los intermediarios», como en el caso de las estancias infantiles subrogadas y de los albergues para mujeres que sufren violencia, a los que el gobierno también les quitó los apoyos para entregar el dinero «en mano» a las personas afectadas.
Ahora bien, albergues de migrantes en el norte, centro y sur del país, consultados por Animal Político explicaron que este recorte anunciado por el presidente no les afecta tanto porque, en algunos casos, las ayudas eran mínimas, y en otros, la mayoría, porque nunca recibieron apoyos del gobierno.
«Nos están preguntando cómo le vamos a hacer si el gobierno nos corta los recursos. Y la verdad es que no nos afecta por una sencilla razón: el gobierno nunca nos ha ayudado», dijo en entrevista el Padre Francisco Gallardo López, coordinador diocesano de la pastoral de migrantes, que trabaja en albergues de Reynosa y Matamoros, en la frontera de Tamaulipas.
El defensor de migrantes apuntó, además, que las declaraciones del presidente asegurando que hay albergues que viven prácticamente de las ayudas gubernamentales, están contribuyendo a crear una imagen en la sociedad de que el Ejecutivo mantiene a los centros de atención al migrante.
Una imagen, criticó, que no se corresponde con la realidad, puesto que la mayoría de albergues y de casas del migrante en todo el país se mantienen, principalmente, por las donaciones de comida y enseres básico que hace la sociedad, las aportaciones de las diferentes iglesias y de organismos internacionales de protección a los refugiados, y del voluntariado de muchas personas que donan su tiempo y su trabajo para ayudar a los migrantes.
«Solo en 2018 atendimos a 36 mil personas en nuestros albergues en Tamaulipas. Y los atendimos gracias a la sociedad que nos dona zapatos, ropa, medicamentos, comida, y a los profesionales que donan atención psicológica y médica», resaltó el padre Francisco Gallardo.
Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, explicó que de las pocas ayudas gubernamental que existían era el Fondo de Atención al Migrante, aunque éste no estaba enfocado directamente en apoyar a los albergues, sino en dar apoyos a los municipios fronterizos en el norte, especialmente Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, que reciben a miles de migrantes, tanto connacionales como extranjeros.
Sin embargo, este fondo fue eliminado del presupuesto para este 2019.
Claudia Portella, responsable en el Desayunador Salesiano de Tijuana, explicó que este fondo funcionó los últimos dos años, entre 2017 y 2018, aunque el montante total que recibieron no llegó al millón de pesos anuales.
Por ello, señaló que tuvieron que buscar otro tipo de alternativas entre las instituciones públicas. Por ejemplo, rebajas en la factura del agua y de la luz. Aunque esto es algo que negocian directamente con los municipios y no con el gobierno federal.
La institución de Claudia Portella lleva funcionando 20 años. Ofrece diariamente desayuno a entre mil y mil 200 personas. También disponen de un albergue. Ahí atienden a migrantes procedentes de Centroamérica, pero también a repatriados mexicanos que acaban de llegar de Estados Unidos o a personas en situación de vulnerabilidad.
Portella explicó que trabajan solo con voluntarios. Algunos acuden diariamente, por ser miembros de la congregación religiosa o por programas de voluntariado. La plantilla habitual oscila entre las cinco y las ocho personas. Otros «regalan» dos horas de su tiempo. Por ejemplo, una doctora o una psicóloga, que van cada día a atender a los migrantes. No cobran un peso. Unas veinte personas apoyan de este modo.
«El gobierno no puede decir nada, porque no nos da nada», subrayó Portella, en consonancia con lo expuesto por el padre Francisco Gallardo, de la red de albergues en Tamaulipas, y también con Paulina Olvera, de la organización Espacio Migrante de Tijuana, que puso un albergue en marcha en febrero pasado.
«Sabemos que hay albergues dependen de estos fondos. Es una forma de castigar a las organizaciones y desalentar a las redes que apoyan a los migrantes», apuntó Olvera.
Para evitar presiones del gobierno, la activista dijo que su organización busca fondos en «fundaciones o aliados en San Diego, Estados Unidos».
¿Migrantes indocumentados en refugios del gobierno?
Carlos Yee, coordinador de la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes, es una excepción entre los entrevistados.
Representa a la Casa del Migrante de Tijuana y señaló que su institución sí ha recibido fondos gubernamentales. Aunque no alcanzan para cubrir toda su labor. Según explicó, lo percibido en 2018 cubrió solo el 21% de sus actividades. Y es el año que más financiación recibieron de las autoridades.
La Casa del Migrante de Tijuana tiene 21 empleados y medio centenar de voluntarios. Atienden tanto a migrantes centroamericanos como a retornados mexicanos. Yee recuerda que solo el año pasado, unos 208 mil mexicanos fueron devueltos por Estados Unidos.
Él considera que las palabras de López Obrador no estaban dirigidas a «tomar el control» de los albergues, sino más bien a construir refugios estatales.
En su opinión, esto presenta varios problemas.
Por un lado, la capacitación de los funcionarios. Por otro, la confianza de los propios migrantes. Cuando llegan a México no se fían de las instituciones y no parece posible que un centroamericano en situación irregular quiera meterse por su propio pie a un centro gestionado por un gobierno que tiene entre sus misiones arrestarlo y deportarlo.
«Es un punto importantísimo. La sociedad civil se enfrenta a que el migrante cree que hasta ellos le pueden reportar. Trabajamos para generar confianza, nuestro trabajo es que el migrante esté bien. Si el Estado es que él está a cargo de proteger, deportar, decidir, criminalizar… son demasiadas funciones para un solo actor», dijo.
Yee defendió la labor de supervisión de la sociedad civil, pero recordó que en muchas ocasiones el gobierno impone trabas, como a la hora de acceder a las estaciones migratorias para vigilar que no se cometan violaciones a los derechos humanos, las cuales ocurren de manera sistemática, tal y como ha documentado, precisamente, múltiples organizaciones civiles como Sin Fronteras.
En cuanto a los señalamientos que hizo el presidente López Obrador, acerca de que hay organizaciones civiles que recibieron dinero y no lo gastaron en la atención al migrante, Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, dijo que el mandatario debería denunciar el caso ante la justicia y, de comprobarse cierto, entonces darlo a conocer públicamente.
De lo contrario, apuntó, se está criminalizando la labor de los defensores de migrantes.
Con información de Animal Político
