No hay denuncias de uso indebido de programas

En su gira al estado, Lorenzo Córdova Vianello admitió que como autoridad nacional cuentan sólo con un par de quejas de incidentes suscitados en el Estado de México y que ya son investigados; no así para el caso de Chiapas, no hacen uso de los recursos disponibles

Texto: Julieth Rodríguez
Fotografía: Jesús García

[dropcap]H[/dropcap]asta el momento, el Instituto Nacional Electoral no ha recibido quejas por el uso indebido de programas sociales con fines electorales en Chiapas, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. Ello, a pesar de reportes no oficiales que se han difundido, sobre todo en redes sociales y medios locales, que apuntan al condicionamiento de beneficios de esta naturaleza en la entidad.
En su gira de visita al estado, Córdova Vianello admitió que como autoridad nacional cuentan sólo con un par de quejas de incidentes suscitados en el Estado de México y que ya son investigados; no así para el caso de Chiapas.
Aunque aclaró que la tarea de investigación y persecución de delitos corresponde a instancias de Justicia, no al INE, pidió a los ciudadanos que «todo caso de eventual condicionamiento de los beneficios de programas sociales con fines político-electorales que constituye un delito, sea denunciado ante las instancias correspondientes».
En enero pasado, en el marco de la marcha por la dignidad organizada por Eduardo Ramírez Aguilar, quien tiene aspiraciones a la gubernatura del estado, trascendieron en redes sociales videos que documentaron el suceso, así como declaraciones de los asistentes, algunos de los cuales aceptaron desconocer de qué se trataba el movimiento y a quién apoyaban.
En abril del año pasado, otro de los postulantes a la candidatura por el gobierno estatal, Roberto Albores Gleason se vio envuelto en el escándalo que lo vinculó al «acarreo» de personas durante la presentación de su informe legislativo en el Estadio «Víctor Manuel Reyna», al que asistieron beneficiarias del programa «Prospera».

Riesgos en 2018

«Acción Ciudadana Frente a la Pobreza» advirtió, a inicios de febrero, mediante un artículo publicado en Animal Político, acerca del alto riesgo de ver durante el proceso electoral de 2018, prácticas de clientelismo autoritario donde intermediarios políticos, funcionarios públicos o candidatos compran votos, reparten tarjetas o amenazan con eliminar programas o apoyos si las personas no votan a favor de determinado candidato o partido.
Asimismo, consigna que aunque esta preocupación derivó en que el INE aprobó ejercer sus facultades para revisar lo que pasa en las elecciones de todo el país mediante su facultad de atracción, un mes después el Tribunal Electoral le negó esta posibilidad a queja directa del PRI y del Partido Verde, al revocar la resolución.
La facultad de atracción le permitiría al INE revisar el cumplimiento o la violación de las disposiciones referentes a tres temas específicos: el principio de imparcialidad; la propaganda gubernamental; y la operación de programas sociales.

¿Y la reelección?
Acerca del tema de la reelección, Córdova Vianello aclaró que lo estatal no es de competencia del INE, sino de las autoridades de cada entidad donde ya opera la figura, a partir de lo que establecen las propias constituciones y las legislaciones locales, así como los criterios que ha establecido por la propia Suprema Corte de Justicia.
Por su parte, Chacón Rojas explicó que se trata de una novedad en este proceso electoral local, que se deriva de la reforma federal de 2014 que permitió que Chiapas sea uno de los estados donde, para este proceso electoral, las autoridades municipales, toda la planilla de miembros de ayuntamiento y los diputados locales pueden presentarse a su relección.
El hecho de que puedan no separarse de su cargo y que ya no se considere que la Cuenta Pública de los dos últimos ejercicios esté en regla, fue determinación del Tribunal estatal, insistió el consejero local.
«El Tribunal Electoral en su resolución determino que este requisito que está establecido en el Código Electoral de Chiapas es anticonstitucional. Es decir, restringía o ponía en riesgo el derecho de participación de los alcaldes, porque eliminó el requisito de tener liberadas las cuentas públicas de sus primeros dos años de su ejercicio.
«Y en el caso de su separación, estipula el Tribunal Electoral del Estado que la reelección no es compatible con la separación del cargo, toda vez que los servidores públicos se presentan a una especie de plebiscito en torno al desempeño de su gobierno», comentó.

Del proceso
Al hablar acerca de las acciones que se desarrollan en la actualidad en el marco del actual proceso, Córdova Vianello reconoció que «avanza adecuadamente» en el caso del Chiapas, y que hay buena coordinación entre el INE e IEPC; y lo próximo es la recepción de las candidaturas.
«Hasta el momento no hemos tenido ningún contratiempo en este trabajo de campo. Las notificaciones a las y los ciudadanos que han sido sorteados y de donde saldrán las y los funcionarios de casilla, está ocurriendo de manera positiva. Por lo demás, creo que es importante señalar que todas las etapas del proceso electoral están ocurriendo puntualmente», declaró.
Refirió que ya se despliegan los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para las horas cruciales: cierre de las casillas, del escrutinio y cómputo de las casillas, momentos en que cada organismo tendrá responsabilidades diferenciadas.
Habrá conteos rápidos tanto en lo local como en lo federal, puesto que ya están mandatados por el Reglamento de elecciones. «La determinación, la administración, digamos, del conteo rápido está a cargo de un único Comité Técnico Nacional que depende del Instituto Nacional Electoral, pero la emisión de los resultados del conteo rápido al nivel local ocurrirá o será responsabilidad del propio IEPC; así como de la elección presidencial del propio INE», explicó.
No obstante, reconoció que el acuerdo está sujeto a la revisión del Tribunal Electoral, ya que ha habido la impugnación por parte de un partido político.

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