El Senador de Chiapas mostró su preocupación de que en los cuatro dictámenes de leyes secundarias aprobados, no existe un compromiso social explícito
Comunicado
[dropcap]E[/dropcap]n agosto del año del 2013, los senadores del PRD respaldaron una propuesta de Reforma Energética elaborada por el ingeniero Lázaro Cárdenas y un amplio grupo de especialistas.
Reconocieron, entonces, la indiscutible importancia de hacer un cambio profundo en el sector energético del país. Un cambio en el que Petróleos Mexicanos mantuviera la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera garantizando la seguridad energética de las próximas generaciones de manera suficiente, continua, económica, diversificada y de alta calidad.
Para el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, la importancia de la Reforma Energética radicaba en la posibilidad de construir una nueva concepción del Estado para superar y trascender aquellos rezagos institucionales del pasado. Ni los tiempos legislativos de una Cámara ni los cálculos políticos de un gobierno deberían tener prioridad sobre una política de Estado.
No obstante, en los cuatro dictámenes de leyes secundarias no existe un compromiso social explícito, ni instrumentos legislativos que traduzcan los beneficios de la renta petrolera en inversión social, salud, educación, combate a la pobreza o abatimiento de indicadores de rezago.
«El error de quienes aprobaron la reforma en estos términos es que concluyen que «ingresos gubernamentales» es sinónimo de «beneficios sociales». Una mayor disposición de recursos no significa un subsecuente gasto focalizado eficiente como política redistributiva. Resulta en un salto lógico equivocado asegurar dicho comportamiento dada la opacidad institucional con la que se han manejado históricamente los recursos provenientes de los hidrocarburos.»
El legislador chiapaneco no dejó de mostrar su preocupación al asegurar que históricamente la apertura no ha servido a las mayorías en México, sino sólo a un muy pequeño sector, generando monopolios privados y los niveles de riqueza más altos del mundo.
«No hay objetivos sociales claros, resulta inviable las estimaciones de resultados que quienes defienden la reforma predicen llegar a tener y no existen tampoco mecanismos de verificación y control que empoderen al Estado para hacerle frente a las empresas extranjeras y someterlas a un régimen jurídico que las haga competir en igualdad de condiciones con los productores mexicanos.»
Robledo concluyó que es poco probable que este proyecto pueda subsanar sus vicios de origen, alcanzando los resultados dorados que promete tener.
«El problema es que cuando les digamos «¡se los dijimos!», puede que ya sea demasiado tarde. Sin duda: No hay peor reforma que la que se hace mal.»
