Académicos argumentan que una retribución puede corromper, unos más dicen que debería ser una actividad altruista a la sociedad, mientras que otros opinan que es justo
Redacción
[dropcap]T[/dropcap]al como está propuesto el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los representantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), uno de los siete entes que componen el Sistema, podrían ser remunerados por los servicios que prestan. Esta disposición levantó puntos encontrados entre académicos, quienes ven con preocupación que la medida terminé por impedir un serio combate a la corrupción.
«La idea original era justo de no darles un salario para que tengan una mirada independiente, y que tengan la capacidad de ver si las cosas se están haciendo mal y que no estén arriesgando su modo de vida», detalló María Marván Laborde, experta en rendición de cuentas.
El CPC integrará el Comité Coordinador del órgano dentro del Comité Coordinador del SNA, junto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
La función del CPC será vigilar actos de corrupción y faltas administrativas; así como crear políticas para incluir a la sociedad en la lucha contra estas prácticas.
El presidente de la Comisión Anticorrupción Pablo Escudero Morales gestó la propuesta del PRI-PVEM, cuya elaboración contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de discusión.
En el artículo 17 de la Ley General del SNA se destaca: «Los integrantes del Comité de Participación no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaria Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no tendrán el carácter de servidores públicos ni gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva».
Por otro lado, la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también contempla el pago a los integrantes del CPC.
El artículo 21 de esa Ley reza: «Los miembros del Comité de Participación Ciudadana percibirán una remuneración por parte del Estado en los términos del Artículo 127 constitucional y su legislación reglamentaria».
Lorenzo Francisco Meyer Cossío, profesor emérito del Colegio de México (Colmex), destacó que la entrega de un salario no es una cuestión que deba ser vista como algo blanco u negro, sino con pros y contras.
«Lo ideal sería que no hubiera pago, porque si todo está corrupto el pago puede corromper, pero a la vez si no hay ese ingreso entonces tendría que aceptarse que la actividad como ciudadano tendría que ser secundaria para poder seguir ganándose la vida», detalló.
Tanto en la propuesta del PRI-Verde, con en la del PAN-PRD se prohíbe a los ciudadanos tener otro empleo, cargo o comisión, excepto aquellos que no sean remunerados.
En un país de 122 millones de personas deben de existir quienes puedan desempeñar una labor ad honorem, infirió el académico. «Sabiendo lo que ese sacrificio implica. Porque son tiempos extraordinarios, tratar de arrancar la raíz de la corrupción cuando están en todos lados, bueno pasarían a la historia, esa sería su recompensa», agregó.
Modelos existentes
El profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marco Arellano Toledo, expuso que los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) citó instituciones que ya funcionan con consejeros ciudadanos asalariados.
«Los consejos ciudadanos distritales o los consejeros electorales, los del INE [Instituto Nacional Electoral] y los del IFT [Instituto Federal de Telecomunicaciones] son todos ciudadanos, y vigilan la lucha de intereses en el Estado. Entonces, yo creo que no habría por qué no pagarles», dijo el investigador.
De ser el caso, los legisladores deberán de ser cuidadosos en elegir correctamente la fuente del financiamiento con el fin de no deteriorar el funcionamiento del CPC.
«A lo mejor la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que dé de su propio presupuesto para pagar a esas personas. El Congreso sólo tendría que aprobar el presupuesto general para la ASF, y que no sea directamente del Congreso al Comité», dijo José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El CPC tiene la representación de la sociedad civil dentro del SNA. Y estará integrado por cinco personas que tengan trayectoria en el combate a la corrupción, que ocuparán el puesto durante plazo previsto de seis años.
En la propuesta del PRI-Verde pretende que el Comité Coordinador del SNA, conformado por diversas instituciones, convoque a nueve expertos de las universidades del país para que elijan a cinco representantes ciudadanos.
Mientras que la propuesta del PAN-PRD el proceso será orquestado por el Senado, en ella sólo tres vendrían de universidades, y otros seis especialistas serían de las organizaciones no gubernamentales que han contribuido en las discusiones del SNA.
«Mi opinión sería es que los ciudadanos elijan a los representantes de estos comités ciudadanos. Lo cierto es que en cualquier organismo autónomo del Estado están usando funciones del Estado para concedérselas a los ciudadanos. Pero con la trampa de que son designados por las propias instituciones del Estado», dijo Arellano.
Corrupción corroe México
La corrupción en México no es un mal menor. Estos actos costaron al país el 9 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2015, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).
Asimismo, el país ha reflejado en distintos indicadores un retraso en el castigo a esta clase de delitos. El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, encontró que el promedio de incidencia en México es «muy alto» y se ubica en 67.42 prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida.
Tony Garza, ex Embajador de Estados Unidos en México y ahora consultor internacional, dijo ayer en un texto de su autoría publicado en distintos medios estadounidenses que la corrupción es el primer cáncer que México debe abordar si pretende limpiar su imagen.
«[Enrique] Peña Nieto y el resto de su Gobierno deberían empezar por las leyes y reformas contra la corrupción, por el futuro de los mexicanos y el futuro de su país. Aliviar las preocupaciones de los estadounidenses deberían ser más que un subproducto feliz de estos esfuerzos [anticorrupción]. Sin embargo, si los políticos no escuchan a los mexicanos y ajustan sus prioridades como realidades que evolucionan, es poco probable que el Gobierno proyecte una mejor imagen ya sea en casa o en el extranjero. Y, por desgracia, ninguna campaña de relaciones públicas será capaz de arreglar eso», expuso Garza.
El 5 de abril, México designó a un nuevo Embajador en Estados Unidos. Se trata de Carlos Manuel Sada, sin embargo, el acomodo de la Cancillería mexicana frente a los movimientos electorales en Estados Unidos, donde en las campañas ha salido a relucir la mala imagen con la que cuenta México, no será suficiente si no se arreglan los problemas en casa.
«Hay muchos lugares para empezar, pero el movimiento más fácil y rápido sería adoptar y fortalecer la legislación contra la corrupción que está actualmente languidece en el Congreso. Este paquete legislativo es la segunda parte de las reformas anticorrupción presentadas el año pasado, que modifican catorce artículos constitucionales y establecen el Sistema Nacional Anticorrupción (para coordinar esfuerzos nacionales, estatales y locales), entre otros cambios bienvenidos», dijo Garza.
No obstante, los grupos parlamentarios en el Senado anunciaron que postergarán la discusión de este paquete de leyes hasta después de las elecciones del 5 de junio en 12 estados, una decisión que viola el plazo constitucional para aprobar el SNA, que vence el 28 de mayo.
