Rehusarse a dar su apoyo a partidos políticos fue suficiente para que fueran echados de sus hogares, algunos cumplirán 10 años de desplazados. Los miembros de la Coordinadora de Personas desplazadas del estado de Chiapas narraron que unas 7 mil personas fueron exiliadas de sus tierras durante la administración saliente. Solicitaron al presidente de México que sean castigados los desplazadores, desarticulados los grupos paramilitares y que se garantice su retorno seguro
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]os miembros de la Coordinadora de Personas desplazadas del estado de Chiapas llevan años refugiados en la capital chiapaneca y otras localidades, lejos de sus hogares. Algunos están por cumplir 10 años desplazados, en 2019. Todos aseguran que abandonaron sus lugares de origen por el hostigamiento y ataques de los que fueron víctimas en los procesos electorales de 2009 y 2015, cuando rehusaron a dar su apoyo a partidos políticos y fueron agredidos por ello.
Este colectivo está integrado por 388 indígenas tzeltales y tzotziles de cuatro comunidades de los Altos de Chiapas, específicamente en los municipios de Chenalhó y Ocosingo; sin embargo, en toda la zona serrana de ese estado sureño han sido desplazadas por la violencia unas siete mil personas durante los seis años de la administración de Manuel Velasco, acusa el director del Centro de Derechos Humanos Ku» Untik, Diego Cadena.
Integrantes de la Coordinadora acompañados por Cadena iniciaron hace dos semanas la «Caravana de pies cansados» desde San Cristóbal de las Casas hasta Tuxtla Gutiérrez para exigir al Estado que les garantice seguridad para volver a sus tierras.
El 20 de noviembre pasado intentaron manifestarse durante el último informe de gobierno de Velasco para exigirle solución a su conflicto, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos. Por ello, este miércoles realizaron una conferencia en Ciudad de México para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención.
«Estamos enojados de que ahora le den un premio a Velasco con una senaduría y que Eduardo Ramírez esté en el partido que gobierna el país. Pedimos la intervención del presidente, estamos en la calle y no queremos que eso lo sufra nadie más, queremos castigo para los desplazadores», dijo la activista Catarina Etzin López en referencia a los escaños que ocuparán el gobernador saliente, Manuel Velasco y el exlíder del Partido Verde en Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez.
Ambos militaron en ese partido y en el este año se adhirieron al partido Morena, de López Obrador, buscando una senaduría; aunque sus candidaturas generaron muchas críticas tanto de la población chiapaneca como al interior del propio partido del presidente.
López relató durante la conferencia que los desplazados del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, llevan dos años y medio fuera de sus tierras «porque no quisimos votar por el Verde y nos atacaron a balazos»; como producto de esos ataques murió una persona, Guadalupe Cruz Hernández.
Por su parte, Eva Méndez contó que 12 familias de Cintalapa, en el municipio de Ocosingo, se encuentran desplazadas desde el 6 de marzo de 2009, luego de que un adolescente hijo de un paramilitar fuera asesinado con un machete y dos miembros de su familia fueran acusados por ese homicidio.
«Los del Verde tienen sus malas costumbres y nosotros no queremos participar en ellas, por eso nos acosaban», asegura Méndez, una de las 43 personas que fueron obligadas a huir de Cintalapa hace casi 10 años. Sus hermanos, Armando y Amílcar Méndez Núñez, fueron recluidos por la muerte del joven y posteriormente liberados; pero su familia sufrió otras agresiones: allanaron su casa con violencia, violaron a su cuñada, a ella le pidieron 25 mil pesos por cesar los ataques y obligaron a su padre a quemar documentos que probaban sus propiedades y cargos en la comunidad.
María Cristina Pérez, otra de las denunciantes, aseguró que su comunidad fue desplazada por un grupo de presuntos priistas que los atacaron por negarse a votar por ese partido y simpatizar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Diego Cadena explicó a Animal Político que de las cuatro comunidades que componen la Coordinadora, tres son adherentes a la Otra Campaña -iniciativa política impulsada por el EZLN en el estado- y una es simpatizante del PRI, que en esa zona se volvió oposición cuando rompió su alianza con el Partido Verde, tras conseguir la gubernatura.
Debido a estas tendencias políticas, señala el activista, son constantemente hostigados y agredidos por paramilitares del municipio de Chenalhó que promueven el voto a favor del PVEM. Los testimonios de los indígenas agredidos, declarados al Centro de Derechos Humanos Ku» Untik, refieren que los ataques han sido ordenados por la exalcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez y el actual presidente municipal, Abraham Cruz Gómez. Animal Político solicitó la versión de este último sin respuesta hasta el momento.
Por todos estos hechos, los indígenas tzotziles y tzeltales de la sierra chiapaneca pidieron al nuevo gobierno de López Obrador que el gobernador saliente sea enjuiciado para que responda por los cerca de siete mil desplazamientos ocurridos durante su administración, así como la desarticulación de los grupos paramilitares para poder volver seguros a sus comunidades.
Cadena agregó que se requiere una ley federal contra el desplazamiento forzado y la tipificación como delito de ese flagelo, para lo cual solicitarán el apoyo del senador Emilio Álvarez Icaza, con quien se reunirán este jueves en el Senado.
La Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas es un grupo de los miles de desplazados chiapanecos que actualmente se encuentran refugiados en otras comunidades ante la violencia armada, principalmente de grupos paramilitares.
Con información de Animal Político
