Con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones, los diputados aprobaron la ley en lo general y en lo particular y pasará al Senado.
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]a Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones, en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior.
El dictamen que expide esta ley pasará al Senado.
Durante la presentación de las reservas, diversos diputados se opusieron a la redacción de algunos artículos como el art. 8, el cual expone que «las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior», pues no explica qué pasará con las que no sean pacíficas.
Por la tarde, los diputados habían aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones la Ley de Seguridad Interior.
El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que el PRD presentó 52 reservas, Morena 34, MC 10, el PAN cuatro y el PES una, de un total de 44 diputados.
En el salón del pleno, legisladores que se oponen a la ley desplegaron pancartas con la consigna de «No a la militarización del país» (PRD) y «La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no del uso de la fuerza» (MC).
Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, más de 250 organizaciones civiles del país rechazaron la posible implementación de un nuevo marco normativo, ya que viola los derechos humanos y tratados internacionales, aseguran.
«Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar», reclaman las organizaciones firmantes.
Entre las organizaciones se encuentran Causa en Común, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero y México Evalúa, quienes acusaron que de normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales se contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar.
«Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país», señalan las organizaciones.
Esta mañana, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados había avalado el proyecto de ley para dotar a las Fuerzas Armadas de un nuevo marco legal, que regula su actuación en tareas de seguridad pública y el combate a la delincuencia.
Entre duros reclamos de la oposición, por considerar que se trata de una ley «altamente riesgosa para los derechos humanos de los ciudadanos», el dictamen aprobado incluyó seis iniciativas propuestas por el PRI, PAN, PRD y MC.
La ley establece, en su artículo 8, que «las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior».
