En la exposición de motivos, se advirtió que no existe claridad en las cifras que se han dado a conocer, puesto que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]a violencia contra las niñas y adolescentes se ha recrudecido. A esa conclusión llegó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, luego que la organización que preside documentara que la mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 39 años. Entre las entidades donde se concentran los casos, figura Chiapas.
De acuerdo con la agencia Cimac Noticias, Estrada publicó, en diciembre pasado, el artículo denominado «Violencia feminicida contra niñas y adolescentes en México», en la revista mensual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue dedicada a los derechos de la infancia.
En su publicación indica que el OCNF registró, hasta junio de 2017, al menos 914 asesinatos de mujeres en 17 entidades: Estado de México, Ciudad de México, Morelos , Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo y Colima, pero únicamente 49 por ciento es investigado como feminicidio, precisó.
Ante estos resultados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las entidades federativas que cuentan con la declaratoria de alerta de violencia de género que difundan información general y estadística sobre los casos registrados en su entorno.
El dictamen de la Primera Comisión –integrada por las de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– y que impulsa la diputada perredista Olga Catalán, establece que el exhorto es específico para Nuevo León, Estado de México, Chiapas y Jalisco.
En la exposición de motivos, se indica que el OCNF advirtió que no existe claridad en las cifras que se han dado a conocer, puesto que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.
El propósito de que las entidades develen los datos que poseen en torno a la problemática es que se integren al Banco Nacional e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Simulación
En octubre del año pasado, las organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas anunciaron su retiro de las mesas de trabajo de la Alerta de Violencia de Género ya que, más que avances, hay simulación con tintes políticos en el manejo de las mismas.
«Hacemos de conocimiento público que las peticionarias han determinado no asistir más a las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado, por incumplir de manera reiterada los acuerdos que permitan la implementación urgente y seria por parte de las autoridades involucradas», informaron mediante comunicado.
Los organismos acusaron la intromisión del «carácter patriarcal y machista con el cual los servidores públicos abordan las medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres», lo que ha entorpecido los trabajos.
Prevenir riesgo para menores
En su artículo, la también socióloga, María de la Luz Estrada, habló de la necesidad de reforzar y aplicar los protocolos de búsqueda especializada en las primeras 24 horas de la desaparición de menores de edad, tal como los mecanismos denominados «Protocolo Alba» y «Alerta Ámber».
Su implementación debe darse en el marco de una adecuada coordinación con autoridades estatales y municipales, porque la desaparición de niñas y adolescentes podría estar vinculada con delitos como la pornografía infantil y la trata de personas, añadió.
«Es necesario construir políticas y protocolos efectivos de búsqueda para que las procuradurías y fiscalías estatales actúen de manera pronta y efectiva; que éstas también cuenten con información sistematizada y desagregada, con perspectiva de género e interés superior de la infancia, sobre el número de denuncias por desaparición de adolescentes y niñas, así como en información sistematizada y desagregada sobre su localización, número de alertas Ámber solicitadas», se lee en su publicación.
