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Piden intervención de CEDH en conflicto por Meseta de Copoya

Piden intervención de CEDH en conflicto por Meseta de Copoya

El activista José Adriano Anaya presenta denuncia en contra de las autoridades capitalinas por la aprobación de la Carta Urbana y Programa de Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015- 2040, documento que, asegura, atenta contra la estabilidad ambiental de esa importante zona natural del estado

Óscar Aquino / Portavoz

La reciente aprobación de la “Carta Urbana y Programa de Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2040”, proceso de votación realizado por el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, ha generado una serie de cuestionamientos e inconformidades por parte de algunos sectores, quienes aseguran que, con lo establecido en dicho documento, se puede poner en peligro la riqueza natural de la Meseta de Copoya.
Dicho espacio es una extensión de tierra que alberga selva caducifolia, así como más de 500 especies animales, tres tipos de hongos comestibles y una variedad endémica de bromelias. Sin embargo, desde hace años ha corrido peligro por constantes problemas de invasiones irregulares que deterioran la biodiversidad del sitio.
Ante dicha situación, en días pasados, el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez presentó una iniciativa para determinar como zona de conservación a más de 5 mil 600 hectáreas, es decir, el 98.5 por ciento de ese espacio, idea que recibió votos en contra de parte de funcionarios municipales como: Victoria Rincón Carrillo, María Mandiola Totoricaguena, Beatriz Tovilla, Jovanni Maricela Ibarra, Ada Luisa Velásquez, Gabriel León Cruz, Silverio Almazán y José Javier Morán Aramoni.
Al respecto, el pasado 4 de enero, Portavoz informó acerca del conflicto que se generó al interior del Ayuntamiento capitalino, ya que dicha instancia acusó a los ocho regidores que se opusieron a la propuesta.
Victoria Rincón Carillo expresó: “Tratan de confundir a través de los diferentes medios por el actuar de los ocho regidores que votamos en Contra de la Sesión Extraordinaria 94 amañada y violatoria, para aprobar un documento tan importante como lo es el Programa Integral de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez 2015-2040”.
Por su parte, José Adriano Anaya, quien se desempeña como Coordinador de la Maestría en Defensa de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, así como propietario del diario Contrapoder, interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra de Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Gloria Guadalupe Rodríguez Osuna, Síndica Municipal; Iván Roberto Sánchez Camacho, Regidor; Carlos Molano Robles, Quinto Regidor; Felipe de Jesús Granda Pastrana, Tercer Regidor; María Paulina Mota Conde, Cuarta Regidora; Saraí Aguilar Medina, Sexta Regidora; Catalina Graciela Licea Bonilla, Octava Regidora; José Alberto Colmenares, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y María del Rosario Bonifaz Alfonzo, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Publicas y Comunicaciones (SOPyC) del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional.
El pasado 6 de enero, José Adriano Anaya se presentó, junto con 15 personas, en las oficinas de la CEDH, donde fueron recibidos por el titular de dicha instancia. Después de que se planteó el tema, el Ombudsman de Chiapas comentó que: “Este organismo retomó de oficio la queja que vienes a interponer, por lo que le dimos a la autoridad un plazo de cinco días un informe detallado sobre lo ocurrido, así también, solicitaré a la CNDH nos apoye con personal para analizar la situación de la zona y sus alrededores para esta situación de la meseta de Copoya”.
La denuncia escrita dirigida al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Óscar Trinidad Palacios, refiere que es por “la emisión del acto administrativo violatorio de derechos humanos, que emitieran voto favorable de la nueva “Carta urbana y Programa de Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015- 2040”, que fuera modificada y aprobada el 21 de diciembre de 2017 en Sesión Extraordinaria de Cabildo (8 en contra y 8 en favor), por violaciones al derecho humano a la Legalidad y la Seguridad Jurídica y Prestación Indebida de Servicio Público y demás que se acredite durante el proceso de investigación”.
Además, señala que, desde hace años dicha área natural protegida comenzó a sufrir de invasiones irregulares y se han realizado construcciones de particulares, de lo cual ha tenido conocimiento el Ayuntamiento de Tuxtla “sin que haya realizado acciones para salvaguardar las áreas protegidas, existiendo pasividad y omisión de las autoridades competentes en atender estos ilícitos”.
La inconformidad también se relaciona con el hecho de que la votación fue realizada de manera arbitraria y precipitada, ya que el documento referido hace legal la construcción de unidades habitacionales en dicha reserva, incluida el área de conservación del municipio de Tuxtla. Cabe señalar que dicha zona fue dictaminada por Protección Civil del Estado como zona de riesgo y no apta para construcción.
Por lo que piden que “antes de ser publicada corrijan ese cambio y regresen a Conservación Ecológica esas hectáreas que fueron cambiadas. Lo que los grupos de medio ambiente y ciudadanos han mencionado es que, dentro de la Meseta de Copoya, en el área que le corresponde a Tuxtla Gutiérrez, hay predios en conservación a los que les están cambiando el uso de suelo”.
Los cambios de uso del suelo también se presentan en la ladera sur de Tuxtla, zona de mayor riesgo por derrumbes. “El (cambio) que se considera que más afecta, es el predio denominado Montecristo y Pakal, pertenecientes a la familia Pavía y que están en el margen del arroyo San Roque. El cambio de uso de suelo es en 8.9 hectáreas, aunque el daño por la deforestación y remoción de suelo realizada por la empresa constructora llega a más de 15 hectáreas, dañando alrededor de seis hectáreas de la Reserva Estatal”.
Por las razones anteriores y otras condiciones, como la medición de peligro de sismos podrían poner en riesgo a quienes habitan y lleguen a residir la zona; la queja fue presentada ante la CEDH, con la solicitud de que la carta sea revisada y modificada en los puntos que representan los mayores peligros para las personas que habitan la zona y las especies naturales que en ella existen.

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