No es la primera vez que entre las autoridades electorales se hacen públicas sus diferencias, el problema radica en que «estos protagonismos» no deberían de existir cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones refirieron algunos politólogos
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]as diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), suscitadas en los últimos meses, minan la credibilidad y confianza que la ciudadanía pueda tener en los máximos organismos electorales de México; y por extensión, en el proceso y los resultados electorales del próximo 1 de julio, refirieron especialistas consultados por este medio digital.
Como apunta el doctor Francisco Reveles Vázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema radica en que «estos protagonismos» públicos no deberían de existir entre instituciones electorales cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones. «El árbitro no debería verse, no debería notarse, justo como en los partidos de fútbol», dijo en entrevista con SinEmbargo.
El especialista en temas electorales refirió que las diferencias entre el INE y el TEPJF reflejan su incapacidad de acuerdo, «porque una cosa es lo que se establece de manera formal en cada uno de estos órganos y otra cosa es el cabildeo y la negociación».
Además, su discordia «va a generar divisiones o va a profundizar los cuestionamientos al proceso», ya que «los competidores [partidos políticos y candidatos] van a usar esto como un recurso para lesionar al INE o al Tribunal en algún momento […], generando más incertidumbre que después será trasladada al ciudadano común», dijo.
El doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, señaló que aunque el INE y el TEPJF están actuando «de buena fe», estos desequilibrios emanan de una inadecuada reglamentación en materia de procesos electorales. Y lo que el INE busca es «subsanar cuestiones operativas de implementación en cuanto a la fiscalización y el desarrollo de las elecciones».
«A veces la Ley se queda corta [en comparación] con la realidad […]. Aquí también hubo una falta de apreciación de los partidos políticos a la hora de modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tuvieron que haber previsto el crecimiento de la lista nominal [y] que iban a haber más cargos en disputa, [lo] que implica mayor carga de trabajo [para el INE]. Lo que falló fue una perspectiva cuando esta Ley se modifica y que pone ahora en aprietos a las dos instituciones encargadas de darle certidumbre al proceso: Por un lado al INE, que organiza las elecciones; por otro lado al Tribunal Electoral, que vigila y califica la adecuación de los procedimientos a la norma», explicó.
En ese sentido, Sánchez y Sánchez mencionó que la norma vigente necesita de una «revisión profunda» y que los organismos electorales lleguen «a un punto intermedio» para asegurar la legitimidad del proceso, donde el INE pueda dar resultados preliminares sin mayor dilación, con el respaldo del Tribunal Electoral.
La disputa y el entredicho
Hace una semana, el TEPJF revocó la reforma del INE al Reglamento de Elecciones, mediante la cual, el Instituto buscaba agilizar los resultados electorales de las elecciones de julio próximo.
Con su enmienda, el INE propuso que en la noche de los comicios se abrieran las urnas para revisar y ordenar los paquetes electorales, tanto de las elecciones federales -en las que resultarán electos el Presidente de la República y los diputados y senadores federales- como de aquellas locales -que definirán a quienes serán los nuevos gobernadores, alcaldes y diputados locales-, con la finalidad de reubicar las boletas depositadas por error en la urna equivocada.
Dicha acción permitiría, según el propio INE, concentrar las boletas de manera ordenada y acelerar el cierre del cómputo de las elecciones presidenciales -para efectos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del conteo rápido-, con lo cual se lograría generar «información veraz y oportuna», evitando incertidumbre, sobre todo aquella generada a partir de la auto-proclamación de victoria que suelen hacer los candidatos al Ejecutivo federal.
Como lo estimó el Instituto a cargo del doctor Lorenzo Cordova Vianello, con esta medida se esperaba que antes de las 23:00 horas del 1 de julio pudieran tener tendencias de los resultados en el conteo rápido y que, a las 24 horas posteriores a la celebración de las elecciones presidenciales, el PREP presentara un avance de al menos 60 por ciento.
No obstante, luego de una impugnación en contra de la enmienda, promovida por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el TEPJF determinó que la pretensión del INE no sólo excedió sus facultades como institución. También implica el riesgo de una posible manipulación de las boletas, situación que transgrede los principios de reserva de ley, certeza y seguridad del proceso electoral.
Según Janine M. Otálora Malassis, magistrada presidente del TEPJF, no existen confrontaciones con el INE, aunque «a veces se tienen criterios que no comparten una y otra autoridad». Y a pesar de confiar en que las autoridades electorales podrán garantizar el buen manejo del proceso, subrayó que el INE deberá encontrar otro medio para acelerar los resultados de las votaciones.
En la última semana, el INE aseguró que respetaría la determinación del Tribunal Electoral. Como nueva medida para asegurar el conteo rápido oportuno -porque el PREP sí saldrá con más retraso que en otras ocasiones-, el Instituto propone utilizar los resultados preeliminares de la «hoja de operaciones» de los funcionarios de casilla.
Dicha hoja contiene los primeros datos fehacientes sobre los resultados electorales, que por Ley son «transcritos» al acta de escrutinio y cómputo, que es el documento final en que son asentados los resultados de cada una de las elecciones.
De acuerdo con Lorenzo Córdova Vianello, esta medida será discutida el miércoles de la semana entrante por el Consejo General del INE, aunque adelantó que es una «fórmula blindada» porque el TEPJF y los partidos no tendrían razón para impugnarla, dado que se basa en un documento que ya está previsto en la Ley y porque no se habrán tocado las boletas de las urnas.
