Luis Ángel Bravo encubrió la desaparición forzada de 13 personas en 2016, según las autoridades
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l abogado Luis Ángel Bravo aparece en una foto de cuando era el fiscal de Veracruz. Viste un traje negro, una corbata gris con líneas azules y habla ante la prensa delante del escudo de la Fiscalía del Estado. La imagen ha sido difundida por las autoridades este domingo para anunciar que ha comenzado la búsqueda y captura del letrado por participar en la desaparición forzada de 13 personas cuando fue funcionario público en el Gobierno de Javier Duarte. La recompensa: «cinco millones de pesos (258 mil dólares) para quien proporcione datos suficientes que permitan lograr la captura de este delincuente», reza el letrero.
El antiguo abogado del Estado es ahora el objetivo de sus colegas. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha asegurado que Bravo obstruyó la investigación del hallazgo de 19 cuerpos en una fosa en enero de 2016. El exfiscal ordenó a los funcionarios a su cargo que documentaran solo el destino de seis personas y que ocultaran al resto de los fallecidos. «Apoyó a que los responsables eludieran la justicia», ha informado Yunes a la prensa local. La fosa, según el relato del gobernador, era utilizada regularmente por policías estatales para esconder a las víctimas de sus crímenes.
La desaparición forzada en Veracruz se volvió sistemática durante el Gobierno de Javier Duarte (2010-2016). La Fiscalía ha reconocido recientemente que en los secuestros y asesinatos habían participado varios de los suyos. En febrero, un juez ordenó la detención de 31 personas, todos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Los casi 3.600 casos de desaparecidos y las 400 fosas halladas en la región habrían ocurrido bajo la mirada de Bravo. Tres de sus colaboradores también están en busca y captura.
La salida de Bravo de la Fiscalía ocurrió sin que nadie hiciera un señalamiento sobre él. El 1 de diciembre de 2016, el exfiscal presentó tras dos años en el cargo su renuncia —aunque había sido elegido por un periodo de nueve años— y salió por la puerta principal. «Me llevaré en lo más profundo de mi corazón la satisfacción de haber servido, en la medida de mi capacidad, a todos aquellos que acudieron a la Fiscalía demandando justicia; de ahí que no tengo nada que ocultar ni algo que me avergüence», dijo entonces en su despedida. En agosto de 2015, entrevistado por este diario sobre el alarmante incremento de asesinatos de periodistas en Veracruz, Bravo reconoció que la prensa y el Gobierno convivían entonces con dificultad. «Muchas veces esa presión [de la prensa] genera que el funcionario haga algo que a la postre pueda concluir en una decisión judicial no tan favorable a la sociedad», dijo.
Dos meses antes de la renuncia de Bravo, en octubre de 2016, el exgobernador Javier Duarte se daba a la fuga luego de que un juez ordenara su captura por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades ofrecieron entonces 750.000 dólares de recompensa y comenzaron una persecución que los llevó hasta Guatemala, donde detuvieron al exgobernador seis meses después. El desmoronamiento del entorno de Duarte dio paso a la revelación de los episodios más atroces de su Gobierno.
