Pretende CFE elevar explotacin hidroelectrica de Chiapas, sin retribucin alguna
Hector Estrada

[dropcap]E[/dropcap]l próximo mes de noviembre podría estarse iniciando la construcción de la nueva presa hidroeléctrica en Chiapas «Chicoasén II», una obra que parece seguir la línea de saqueo indiscriminado a las potencialidades naturales de la entidad chiapaneca que, pese a los reclamos sociales y las promesas políticas, sigue siendo uno de los estados con las tarifas eléctricas más costosas de México.
Este fin de semana organizaciones civiles y campesinas de la Región Mezcalapa anunciaron la conformación de un bloque de resistencia para impedir que la Comisión Estatal de Electricidad (CFE) construya la quinta presa hidroeléctrica en territorio chiapaneco.
Sin temor a posibles represalias, los integrantes de la asociación civil «Dos Valles Valientes» aseguraron que llevarán a cabo todas las acciones necesarias para no permitir la nueva obra gubernamental, incluso si ello representa poner en riesgo su libertad o la propia vida.
Y es que la preocupación y la resistencia civil no son para menos, si tomamos en cuenta la raquítica o nula retribución que la paraestatal (CFE) ha tenido con Chiapas, donde la experiencia de desarrollos hidroeléctricos pasados ha dejado en claro que el costo-beneficio para la entidad no resulta nada positivo.
De acuerdo con el último informe de la CFE, actualmente Chiapas produce el 54 por ciento de toda la energía eléctrica que se consume en el país y gran parte de la que se suministra a Guatemala, una nación centroamericana con tarifas incluso más baratas que las que muchos chiapanecos tienen que desembolsar a la hora de pagar el recibo.
Chicoasén II promete una inversión superior a los cinco mil 500 millones de pesos, una derrama económica mensual por encima de los 35 millones de pesos y la creación de mil empleos directos durante el proceso de edificación; sin embargo, como la experiencia marca, todo esto seguramente serán beneficios temporales.
Para los proyectos de Chicoasén, La Angostura, Malpaso y Peñitas se sacrificaron extensas zonas de cultivos, viviendas e incluso pueblos enteros que fueron hundidos para dar paso a grandes presas que hoy garantizan el suministro de energía eléctrica necesaria para el resto de la república. Todo sin retribuir algo a cambio a las regiones utilizadas para sendos fines… sin justicia social alguna.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a finales del año pasado el estado de Chiapas registró el mayor incremento en el precio electricidad, al ser de 45.8 por ciento anual, seguido de Tabasco con 40.6 por ciento, Michoacán con 29.3 por ciento y Jalisco con 19.7 por ciento.
En el caso de Chiapas el incremento fue el mayor registrado desde diciembre de 2011. Son datos que dejan en claro los sólidos argumentos de la resistencia civil en la entidad chiapaneca; un asunto del que todos tenemos pruebas contundentes, impresas de manera bimestral en los recibos de la propia CFE.
A diferencia de los municipios circunvecinos a las zonas petroleras del país, los pueblos o ciudades aledañas a las centrales hidroeléctricas de Chiapas en nada parecen beneficiarse de la riqueza generada por los complejos. Son poblaciones con el mismo nivel de rezago que las que se encuentran en zonas de sin riqueza natural alguna; pueblos que sólo colindan con indiferentes islas de explotación hídrica.
Ya la resistencia civil en Mezcalapa lo ha advertido: «Impediremos la construcción de la nueva presa hidroeléctrica Chicoasén II hasta que exista, por decreto, un convenio firmado entre la CFE y nuestro Congreso del Estado en el sentido de que todos los chiapanecos tendremos una tarifa fija, misma que deberá ser justa, y por supuesto preferencial».
Aunque todo apunta a lo contrario, ojalá la historia de «Chicoasén II» sea diferente. Ojalá esta vez los encargados de las negociaciones si privilegien los intereses legítimos de los chiapanecos y se establezcan las condicionantes necesarias para permitir el inicio de su construcción: por fin decretar tarifas justas para las regiones generadoras de la riqueza hidroeléctrica de la nación.

 

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