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Público y Privado / Édgar Hernández Ramírez

Público y Privado / Édgar Hernández Ramírez

La mentira de Velasco sobre la deuda

Si de algo presumió Manuel Velasco durante casi cinco años en materia financiera, es que su gobierno no había contratado un solo peso de deuda. Pero como ha sucedido en otros ámbitos de su fallida administración, ese “logro” tenía pies de barro y ha empezado a derrumbarse. Ese desplome, sin embargo, no ocurrió a raíz del movimiento telúrico del 7 de septiembre o a partir del anuncio de que el Congreso local le autorizó al gobernador contratar deuda por casi mil millones de pesos para atender las necesidades de la reconstrucción;la historia de la mentira del cero endeudamiento se ha venido construyendo desde hace tiempo.
Apenas en febrero pasado, en la CCCX Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales celebrada en Tuxtla, Velasco Coello dijo que desde el inicio de su gestión “se tomaron medidas responsables para frenar la inercia de endeudamiento que arrastraba Chiapas”, lo cual le permitió al gobierno“ya no pedir ni un peso de deuda pública ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015, ni en el 2016”.
No obstante, información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicada hace dos meses, reveló que el gobierno del estado de Chiapas mantiene vigente un crédito simple con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) contratado el 7 de agosto de 2014 por la cantidad de 7 mil 244 millones 292 mil,839 pesos, cuyo plazo para saldarlo es de 25 años.
Ese mismo mes, la administración de Velasco también dispuso de mil 922.4 millones de pesos, producto de un crédito contratado con Banorte el 12 de junio de 2014 por la cantidad de 2 mil 181.2 millones, el cual fue autorizado en el Decreto No.284 que la LXV Legislatura del Estado de Chiapas aprobó el 13 de noviembre del 2013 y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de noviembre de ese año.
Los restantes 259 millones de pesos quedaron disponibles para ser usados a partir de enero de 2017, cuando los diputados chiapanecos le autorizaron a Velasco afectar ese remanente.
Además, en su última calificación financiera de Chiapas (septiembre de 2016), la empresa Fitch Ratings expone en su análisis que el estado tiene al menos dos adeudos más, uno con Bancomer por mil millones y otro con Santander por mil 250 millones de pesos.
De acuerdo con estos datos, la mentira del gobernador chiapaneco queda al desnudo y se viene abajo su reiterado discurso de las finanzas sanas, pues habría que puntualizar que Fitch Ratings bajó la calificación de la perspectiva crediticia del estado de estable a negativa, señalando que existe inconsistente y bajo ahorro interno, problemas en el pago de pensiones y jubilaciones, abultado gasto operacional (31 mil 843.1 millones al cierre de 2015) e incertidumbre en la captación de recursos federales por los recortes presupuestales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El discurso del cero endeudamiento fue pertinente para Velasco en la medida en que le aportaba legitimidad a su administración en un tema bastante sensible para los chiapanecos que, si algo le criticaron airadamente al gobierno de Juan Sabines Guerrero, fue la descomunal deuda que contrató y dejó al estado casi en la bancarrota.
Diferenciarse en ese punto de su repudiado antecesor, le otorgaba a Velasco Coello cierto prestigio, una mejor reputación como gobernante; sin embargo, ahora que se sabe que mintió al pueblo chiapaneco, pues durante su mandato se adquirió deuda por más de 11 mil millones de pesos, su endeble credibilidad sufrirá un golpe letal.
No obstante, la mayor importancia del recurrente endeudamiento del gobierno no está en el desprestigió del Ejecutivo en turno, sino en su impacto en la situación económica del estado y sus perspectivas de desarrollo. Con una deuda creciente y con un oneroso pago de intereses a largo plazo, además de las carencias estructurales que padece, el futuro de Chiapas se avizora bastante pesimista.
En este contexto, la autorización del Congreso local para que el gobierno contrate deuda por casi mil millones de pesos, lanza una preocupante alerta sobre la posibilidad de que con el pretexto de la reconstrucción, se genere una nueva cascada de endeudamientos que deriven en una mayor crisis financiera.
También abre el debate sobre la responsabilidad que a los gobernantes se les debe fincar por el endeudamiento desmesurado, pero sobre todo para rendir cuentas transparentes sobre el uso que se les da a esos recursos. Miles de millones de pesos se han adquirido en créditos para el supuesto desarrollo del estado, pero lo cierto es que Chiapas no supera su ancestral marginación.
La explicación lógica a este fenómeno es que la mayor parte de ese dinero es devorada por la corrupción, sirve para mantener la disipada vida de la clase política o es usada en campañas electorales para la compra del voto a favor del candidato oficial.
Los diputados locales y el propio gobernador Velasco, han reiterado que los recursos ejercidos en la reconstrucción estarán muy fiscalizados, que el gasto en ese rubro será vigilado por la Auditoría Superior de la Federación, lo cual es garantía, pero de impunidad, pues a pesar de las millonarias observaciones que cada año le hace al gobierno chiapaneco en el ejercicio de los recursos federales, nunca la dependencia federal ha castigado a un funcionario importante por el desvío de dinero u otras graves irregularidades.
Si Manuel Velasco mintió flagrantemente sobre la contratación de deuda, ¿por qué los chiapanecos habrían de creer que su gobierno, en la tarea de reconstrucción, hará un uso honesto y transparente del dinero obtenido a través del crédito con Banobras?

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