Para la opinión pública, los cuestionamientos que en prensa nacional se le hacen al organismo público electoral de Chiapas, en el sentido que desechó la denuncia contra el senador priista Roberto Albores Gleason por presuntos actos anticipados de campaña, sólo buscan meterlo en una dinámica de descrédito y desgaste en pos de los intereses electorales de los grupos de poder locales
Rodrigo Ramón Aquino / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]xiste una evidente campaña de desprestigio en prensa nacional en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Al menos es lo que presume la opinión pública luego de que «anónimos» denunciaran a El Universal «intimidación» para desechar la «denuncia ciudadana» en contra del senador priista Roberto Albores Gleason por presuntos uso de programas oficiales y actos anticipados de campaña.
En la nota firmada por el corresponsal Fredy Martín Pérez se indica que el pasado 28 de noviembre, una mujer –quien pidió no se revelara su identidad– denunció a Albores Gleason; al jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Dante López Amador; y a Felipe García Ortiz, alias «El Señor de los Caballos», aspirante del PRI a la alcaldía de La Trinitaria, así como a otros servidores públicos, por los presuntos delitos electorales arriba expuestos.
«El abogado –quien también pidió el anonimato– señaló que presuntamente el presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, argumentó que los hechos son «imprecisos» y no se especifican «con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que participan cada uno de los denunciados»», se lee literalmente en la nota, a lo que se le suma una acusación de revelar la identidad de la demandante.
Para los analistas políticos de Chiapas, estas acusaciones anónimas sólo pretenden meter al árbitro electoral en una dinámica de desgaste a nivel nacional en pos de sometimiento a los intereses de los grupos de poder en el estado.
Al hacer uso de su derecho de réplica, el IEPC de Chiapas, a través de su vocero oficial, Valente Molina, precisa en carta dirigida a El Universal que la denuncia no fue desechada, sino dada por no interpuesta, en virtud de que la denunciante no atendió en tiempo y forma los requisitos que demostraran con puntualidad las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Asimismo, se afirma, que se respetaron los derechos políticos de la denunciante para volver a presentar la denuncia si ese era su deseo (debidamente requisitada, claro).
Llama la atención que también se precisa que la denunciante no designó, nombró o autorizó a ningún representante legal o representante jurídico en el caso, por lo que el IEPC desconoce quiénes son esos presuntos abogados que piden anonimato en la nota publicada el 7 de abril pasado.
«Este organismo no reveló la identidad de la denunciante, sino que ésta, al señalar los estrados como el medio para recibir todo tipo de notificaciones, incluyendo las personales, autorizó que los acuerdos y resoluciones que se emitieran hacia ella fueran difundidos en un lugar de información pública, por lo tanto su nombre estaba expuesto.»
En la nota del corresponsal también se afirma que la denuncia debió haber sido seguida de oficio por el IEPC. Efectivamente, el OPLE de Chiapas ya puede seguir de oficio denuncias, aunque éstas sean anónimas, pero con una condición: que se tengan claros los hechos y se hayan aportado los elementos mínimos de prueba.
«Pero en la denuncia en cuestión, la narración de los hechos no tiene claridad, es imprecisa y además irregular. Esto provocó que se realizara el requerimiento a la denunciante con la finalidad de que subsanara dichas deficiencias», abunda Valente Molina.
La denunciante no acudió al requerimiento subsanador «debido a que temía amedrantamiento de funcionarios del IEPC en su contra», no obstante, el vocero del instituto afirma que en ningún momento personal del OPLE ha tenido contacto con ninguna de las partes en el citado procedimiento.
Sin argumentos sólidos de las fuentes anónimas, los dichos en contra del IEPC —organismo encargado de organizar, ejecutar y calificar las venideras elecciones en 2018 bajo la estricta supervisión del INE, luego del fraude electoral en 2015— son calificados por la opinión pública como intentos de desgaste y sometimiento por parte de los grupos de poder en Chiapas.
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«Pero en la denuncia en cuestión, la narración de los hechos no tiene claridad, es imprecisa y además irregular. Esto provocó que se realizara el requerimiento a la denunciante con la finalidad de que subsanara dichas deficiencias» Valente Molina
