La entidad figura entre los ocho estados que han recibido miles de millones de pesos desde que Enrique Peña Nieto tomó el poder de la presidencia de la República: «Provisiones Salariales y Económicas» como mecanismo de control electoral
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]a entidad figura entre los ocho estados que han recibido miles de millones de pesos desde que Enrique Peña Nieto tomó el poder de la presidencia de la República. La trasferencia de estos recursos públicos asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Ramo 23 «Provisiones Salariales y Económicas», posee tintes políticos, los cuales se hacen más evidentes cuando están próximos los comicios electorales, refirió la organización México Evalúa.
En la presentación del informe «Arquitectura del Ramo 23», la organización señala que esta clase de acciones con enfoques políticos se comprobaron al analizar los envíos que realizó la SHCP tanto a Chiapas como al Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Durango, Chihuahua, Jalisco y Sonora. Todos ellos coinciden en un asunto: tienen elecciones en puerta.
El documento elaborado por la coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas, Mariana Campo, así como por Liliana Ruiz y Alejandro García, integrantes de su equipo, señala que, en el periodo 2009-2012, cuando fue gobernado por la coalición Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Convergencia, Chiapas recibió recursos federales de los programas mencionados del Ramo 23 mayores que la media nacional.
Para el año 2012, las cosas fueron distintas; se le destinó recursos 16.9 veces menores (121 millones) que los recibidos en 2010 (2 mil 044 millones de pesos) y siete veces menores que los que recibió en 2009 (868 millones de pesos).
No obstante, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó la presidencia, y la coalición Verde Ecologista, PRI, y Nueva Alianza llegó a la gubernatura del estado, los montos comenzaron a fluir de nuevo para la entidad en cantidades mayores a los transferidos en la administración anterior. El año 2015 es el que refleja el pico más alto, con 5 mil 109 millones de pesos, mientras que la media nacional fue de 2 mil 502 millones de pesos.
Incluso, el recorte de 2017 que redujo el gasto total de estos programas no le afectó, como a estados gobernados por el PAN. A Chiapas le fueron destinados ese mismo año 3 mil 328 millones de pesos, cantidad por encima de la nacional que fue de mil 830 millones de pesos. Esto coincide con la próxima elección para elegir gobernador en la entidad.
Las otras transferencias
El dinero que se utiliza para las transferencias de Hacienda a los estados señalados proviene de tres programas del Ramo 23, que tienen en común la «discrecionalidad» de su gasto debido a la falta de reglas de operación: El Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) y los rubros Programas Regionales y Contingencias Económicas, de acuerdo con información retomada de El Financiero.
En el documento se explica que, al analizar la entrega de transferencias discrecionales de estos rubros a los gobiernos estatales durante las administraciones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa como en la de Enrique Peña Nieto, destacan dos escenarios.
El primero, corresponde con años regulares, sin elección federal en puerta, en los cuales se observaron comportamientos distintos en las dos administraciones: En la de Calderón se privilegió con mayores transferencias a los estados con gobernantes del mismo partido, por encima de las entidades gobernadas por la oposición.
Mientras que en la administración actual ha mostrado una variedad de comportamientos, e incluso, el monto de transferencias fue mayor para los abanderados de oposición. «Lo anterior también puede obedecer a un comportamiento racional: los recursos discrecionales pueden tener utilidad para ganar simpatizantes, algo que debe considerarse cuando se busca aprobar reformas transformadoras», señala el informe.
Entre 2009 y 2012, en el sexenio de Calderón, se dispusieron 56 mil 922 millones de pesos bajo estos tres programas; en contraste, en el periodo 2013-2017, con Enrique Peña Nieto al frente de la administración, las cifra se invirtió; el gasto sumó 318 mil 465 millones de pesos. «Equivale a 30 por ciento del incremento en la recaudación tributaria entre 2014 y 2017, lo que incluye el alza de impuestos de ISR, IVA y gasolinas», ejemplificó la coordinadora Mariana Campos.
Asimismo, el estudio evidencia que en 2011, año previo a las elecciones presidenciales, Hacienda transfirió más recursos a estados gobernados por el partido blanquiazul a través del Ramo 23. Sonora y Guanajuato eran entonces representados por panistas y resultaron mayormente beneficiados. En cambio, los gobernados por el PRI como Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León, Coahuila y el Estado de México, fueron de los menos favorecidos.
Los recursos que recibieron Sonora y Guanajuato (2 mil y mil 800 millones de pesos, respectivamente) triplicaron los transferidos al Estado de México (500 millones de pesos), pero con Peña Nieto al mando, esta entidad actualmente de bastión priísta, recibió 8 mil 306 millones de pesos sólo en 2017, cuando era gobernador el priísta Eruviel Ávila.
El año pasado, Nuevo León, presidido entonces por el independiente Jaime Rodríguez, fue respaldado desde las arcas federales con 6 mil millones de pesos. Veracruz, gobernado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, recibió mil 785 millones de pesos. En tanto, a Durango, representado por el panista José Rosas Aispuro, se le destinaron mil 456 millones de pesos.
Chihuahua obtuvo 70 millones durante la administración del panista Javier Corral; Jalisco que rige el priista Aristóteles Sandoval, recibió mil 802 millones de pesos. Y Sonora, que gobierna la también priista Claudia Pavlovich, recibió mil 284 millones de pesos.
«La forma en la que opera el Ramo 23 no es un accidente; estamos ante una arquitectura institucional que ya está excedida, pues está permitiendo una toma de decisión sin garantía de objetividad, y que deriva en una mala calidad de gasto», advirtió Edna Jaime, directora de México Evalúa.
El ramo 23, caja negra y cirugía del presupuesto
Es una herramienta de política presupuestaria para entregar montos económicos que no están contemplados en el paquete de ingresos de las entidades año con año. El objetivo concreto de este instrumento es otorgar recursos a los estados y municipios por medio de fondos específicos.
Las transferencias de recursos públicos del Ramo 23, específicamente de los tres programas mencionados, «en conjunto, constituyen una bolsa que ha devengado un promedio anual de 14 mil 230 millones de pesos en la administración anterior, y 63 mil 693 millones de pesos en la administración actual», precisó la organización.
La «caja negra» revela su contenido según su ejercicio, de hecho, es posible debido a la ejecución de un conjunto de elementos o arquitectura institucional que «le permiten al gobierno un amplio espacio de discrecionalidad para asignar los recursos públicos durante el ejercicio fiscal al margen de la legislatura y de controles internos», de acuerdo al documento.
Esto implica para el Gobierno Federal la posibilidad de:
1) Mover recursos presupuestados para un fin hacia otro fin sin justificarlo.
2) Recibir una cantidad creciente de ingresos excedentes que no fueron previstos en la aprobación del presupuesto, y por ende, deberá asignarlos al margen de la legislatura durante el ejercicio fiscal y sin rendir cuentas adecuadamente.
3) Aumentar la cantidad de recursos que se gastan fuera del presupuesto, a través de figuras discrecionales como programas de subsidios que no cuentan con reglas de operación y fideicomisos no paraestatales que no están reguladas en las leyes de presupuesto, por lo que no generan suficiente información de sus gastos.
Ante los datos expuestos en los apartados anteriores, México Evalúa acusa que el Congreso «no funge como un verdadero contrapeso político en la revisión y análisis del presupuesto». Y para ejemplificar esto, dieron a conocer el monto total del dinero que se ha gastado de más durante la administración de Peña Nieto.
«En el periodo 2013-2017, es decir, en los años que lleva la administración actual, el gasto ejercido y acumulado del Gobierno Federal superó el presupuesto que se le aprobó para esos cinco años en 1.46 billones de pesos».
