Los ajustes presupuestales del siguiente año dejarán aún más en la indefensión a pescadores. Tendrán que vender su producto a «coyotes», quienes se enriquecen a costa de ellos. Pero esa no es la única consecuencia, quienes viven en el territorio de la vaquita marina tendrán que volver al mar por la falta del subsidio que les ayudaba a sobrevivir
Aquínoticias Staff
Los recursos para apoyar a los pescadores han disminuido. Lo que antes se llamaba el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y que ahora es el Programa para el Desarrollo Pesquero y Acuícola tendrá, si los diputados lo aprueban así, 52.6 por ciento menos presupuesto, en términos reales, al pasar de un presupuesto modificado, hasta el primer semestre de 2019, de mil 217 millones 093 mil 272 pesos a 593 millones 987 mil 925 pesos.
En las comunidades que se dedican a la pesca en pequeña escala o ribereña, es decir en cuerpos de agua interiores, como bahías, lagunas o en el mar, pero hasta el límite de 3 millas náuticas, y a bordo de precarias embarcaciones, los recortes de presupuesto a ese programa pegan como un tsunami.
Ahí está considerado el componente de impulso a la capitalización para modernizar embarcaciones, el subsidio a diesel marino y gasolina ribereña, el de BIENPESCA, que consiste en otorgar un apoyo económico directo a los pescadores, también está el componente de ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola, que evita, entre otras cosas, la pesca ilegal.
La falta de apoyos enfocados en impulsar la productividad del sector y del acceso al crédito –que parecen reservados para los grandes acuicultores y sus cultivos de pescados y mariscos en grandes tanques o piscinas–, junto a las precarias condiciones de trabajo dejan a los pescadores ribereños y sus familias con una sola opción, alimentar a los coyotes: los intermediarios que son quienes se llevan las ganancias.
A la orilla de las lagunas o las bahías llegan estos personajes para comprar lo que sacan los pescadores en sus pequeñas embarcaciones. Sin sistemas de refrigeración ni cadenas de transporte y reparto, no les queda más opción que vender su pescado recién sacado del agua, antes de que se eche a perder.
«Los pescadores ribereños estamos obligados a vender a como llegue el coyote a comprar. Un kilo de pescado a pie de playa, lo pagan a 6 pesos, después ellos por llevarlo a Guadalajara a Monterrey le ganan cuatro, cinco veces más», dice Jesús Camacho, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas.
Si los pescadores contaran con apoyo para invertir en redes de frío y transporte, ellos podrían trasladar el producto, asegura, «tal vez no hasta los grandes centros, pero sí podríamos saltar la barrera del coyote. Con el recorte a los apoyos, nos dejan a su merced».
Los pescadores también se quejan que durante las vedas impuestas por las autoridades no tienen otras opciones de ingreso. «Lo que dan es un apoyo de 7 mil pesos al año, a través de BIENPESCA, un subsidio por veda, pero nosotros no queremos eso, no queremos dádivas, queremos proyectos, trabajo, pero hay que investigar, hay que buscar y no hay apoyos, no hay capacitación», afirma Ernesto Gatel, miembro del grupo intercomunitario ribereño del Proyecto Corredor Puerto Peñasco-Puerto Lobos.
Otro aspecto en el que han impactado los recortes es en las labores de inspección y vigilancia por parte de las autoridades para evitar la pesca ilegal. «Se estima que este año la temporada de camarón va a ser muy baja porque no hubo vigilancia, no porque el recurso no se haya reproducido, sino porque no se respetó la veda y va a ser poco la captura que tendremos», explica Camacho.
Hace falta –dice– que Hacienda, el Congreso, la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) el gobierno en su conjunto, se tomen en serio a este sector. «Nos consideran una actividad residual y aportamos el 23 por ciento de la producción pesquera nacional, y podríamos hacer mucho más».
Apoyar a los pescadores y sus familias, dicen, no solo es una cuestión de justicia social, es también importante para la seguridad alimentaria, para fortalecer el tejido social y dar opciones a los jóvenes frente a la delincuencia, es también por sostenibilidad.
El anuncio de los recortes llega, vía la presentación del proyecto del presupuesto a la Cámara de Diputados, cuando organizaciones de la sociedad civil como Inteligencia Pública, TNC México, CONMECOOP y Environmental Defense Fund (EDF), han hecho público el estudio Impacto Social de la Pesca Ribereña en México, en el que se documentan las precarias condiciones laborales y sociales de este sector.
El estudio encontró que 7 de cada 10 pescadores no tienen seguridad social y la mayoría solo cuentan con estudios de secundaria. De las comunidades pesqueras de Guasave, Sinaloa, en la localidad El Cerro Cabezón, el grado promedio de escolaridad es de 8.3 años, en La Pitahaya es de 6.21, apenas por encima de la primaria.
En cuando a vivienda adecuada, el derecho a agua limpia y al saneamiento es común que las comunidades pesqueras tengan deficiencias como falta de drenaje y agua potable, así como en el suministro de gas y electricidad.
En la zona Kino Tastiota, en la localidad de Sahuímero, en Sonora, 51.8 por ciento de las viviendas no tiene excusado, 87 por ciento no tiene energía eléctrica y el 100 por ciento carece de agua. De los pescadores de jaiba de la zona del Golfo de Tehuantepec solo 3 por ciento tiene computadora e internet, 25 por ciento tiene teléfono fijo y 46 por ciento tiene teléfono móvil.
La vaquita marina corre peligro de nuevo
Pescadores del hábitat de la vaquita marina, tanto de San Felipe, Baja California como del Golfo de Santa Clara, Sonora enviaron cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle que el próximo 24 de septiembre, al iniciar la temporada de camarón, regresarán al mar con sus redes tradicionales, en una región que se encuentra en veda desde mayo de 2015.
Las comunidades y cooperativas pesqueras acusaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de no dejarles otra alternativa.
Ramón Franco Díaz, presidente del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Ribereñas «Andrés Rubio Castro», señaló que esta decisión se tomó entre todos sus agremiados «por necesidad» y porque las familias necesitan comer, ya que se encuentran en «total estado de indefensión», luego de que desde diciembre, el gobierno federal decidió retirarles la compensación económica que recibía cada mes.
El líder de los pescadores de San Felipe destacó que las labores se realizarán fuera del polígono de protección de la vaquita, con el fin de respetar y cuidar al mamífero marino en mayor peligro del mundo.
Por su parte, Carlos Alberto Tirado, presidente del Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Pescadores de la Reserva de la Biosfera pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador gire sus instrucciones a quien corresponda para que autorice una red de línea modificada conocida como Tendal Camaronero, de 600 metros de longitud y luz de malla de menos de tres pulgadas, que supuestamente es más selectiva, operable, rentable y que no mataría a la vaquita marina.
En caso de no nos sea autorizado el Tendal Camaronero, la opción más viable será que se implemente nuevamente la modalidad de compensaciones, con lo que la anterior administración federal nos prohibió salir vía la pesca», indicó.
Con información de Sin Embargo y Excélsror
