Las autoridades deberán de plantear nuevos paradigmas; la vida como la mantenemos no puede repetir fórmulas
Portavoz Staff
[dropcap]E[/dropcap]n junio de este año, fue presentado el «Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales 2017», un programa ejecutado en todo el país por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y que cuenta con el apoyo de instancias como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Este es un programa cuya finalidad es «garantizar una mejor alimentación y calidad de vida de las familias que viven en las regiones más vulnerables del país», según explica la Sagarpa en su portal de Internet.
Al arrancar el programa de este año, dicha Secretaría contaba con un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos. Aquel día, el titular de la dependencia, José Calzada Rovirosa dijo que este programa se desarrollaría en las 32 entidades federativas y se destinaría a más de 200 mil familias ubicadas, principalmente, en las zonas de mayor marginación en todo el territorio nacional.
Consta en diferentes aspectos que van desde la capacitación, asistencia técnica y equipamiento a familias rurales de zonas con alto índice de marginación. Participan, además, la FAO, agencias de Desarrollo Rural y gobiernos estatales.
El programa, que forma parte del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), se maneja con mediante políticas públicas con enfoque de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, principalmente en los jóvenes.
Con el PESA, familias rurales reciben el apoyo y la capacitación necesaria para impulsar proyectos productivos en las zonas donde viven y con ello estabilizar su economía, en busca de mejores condiciones de vida.
En Chiapas, este programa opera en más de mil 200 localidades de 73 municipios, de acuerdo con datos de la FAO.
El manejo de recursos para el PESA se distribuye, según indicada el portal del Gobierno Federal, de la siguiente manera: 85 por ciento del dinero federal irá directamente hacia personas físicas, grupos y personas morales en condición de pobreza, con carencia de acceso a la alimentación, que realizan actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras en localidades rurales de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) y de alta y muy alta marginación.
Estos grupos son atendidos por agencias de Desarrollo Rural Sagarpa o equipos multidisciplinarios capacitados bajo el método de la FAO.
El 15 por ciento de los recursos restantes serán para instalar huertos y granjas familiares o cualquiera de los conceptos considerados en el catálogo de opciones. Esto es con el fin de apoyar a las familias en condición de pobreza extrema.
En Chiapas han ocurrido algunos casos exitosos de este programa. Como sucedió en la comunidad San Lorenzo, del municipio La Trinitaria, un sitio donde actualmente habitan 52 familias originarias de Guatemala, quienes se refugiaron ahí tras escapar de la pobreza y otras problemáticas sociales vividas en su país.
En San Lorenzo hay 19 de estas familias participando en el PESA, entre todos ellos han logrado integrar dos cooperativas para comercializar sus productos. Algunos de ellos llegaron a ese lugar desde 1982.
Después, consiguieron el apoyo del gobierno mexicano, la Diócesis de San Cristóbal y la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y lograron comprar 78 hectáreas de terreno en San Lorenzo.
Tal es el caso de Nicolás Gómez Domingo y su esposa Emilia Felipe José, cuya historia se muestra en el portal de Internet de la FAO y que da cuenta de cómo ellos dos salieron de Guatemala escapando de la guerrilla.
En 2011, recibieron el PESA por primera vez; en aquel entonces recibieron capacitación para incursionar en la pesca, además, les brindaron infraestructura para producir hortalizas. Gracias a ello tienen árboles frutales con los que trabajan.
A Emilia, el PESA le ha dado apoyo con aves, conejos, entre otras cosas. Gracias a lo cual ha podido compartir sus experiencias con otras mujeres en otros sitios.
El lado oscuro
Sin embargo, el PESA también ha vivido capítulos oscuros a lo largo de su historia. Particularmente en Chiapas resalta lo ocurrido el año pasado, cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó daños al erario por un monto aproximado de 12 millones de pesos que debieron haber sido destinados al PESA 2016 en algunos estados.
Por ejemplo, en Chiapas y Puebla, la ASF detectó carencia de mecanismos de control y supervisión de los apoyos, situaciones que desencadenaron problemas como falta de documentación para comprobar 10 millones 540 mil 409 pesos en Puebla y Chiapas, además de la simulación de la realización de un Tianguis de Proveedores en esta última entidad, según el diario Crónica.
El programa ha crecido innegablemente durante los 15 años de su aplicación. Sin embargo, los indicadores de pobreza siguen siendo elevados en todo México. En especial en el caso de Chiapas, la situación de pobreza extrema, hasta el 2016, era sufrida por al menos el 28 por ciento de la población total de la entidad.
