En el anterior proceso electoral se registró solo un caso. Algunos se preguntan si el país se ha acostumbrado a la violencia
Agencias
[dropcap]P[/dropcap]asadas las siete de la tarde, el calor sofocante de la frontera da un respiro a los vecinos de Piedras Negras. En el patio de la facultad de contaduría, cerca del centro, un grupo de estudiantes bromea, conversa, camina despacio hacia la salida. Son seis aunque hablar, habla una. Se llama Anahí. Solo Anahí, sin apellidos. Tiene 21 años. Anahí recuerda perfectamente el asesinato de Fernando Purón. «Fue ahí», dice y mira la entrada, unos candiles sucios, gastados, vacíos, que hay en el suelo. «Mucha gente decía que lo iban a matar».
Han pasado casi dos semanas del asesinato del candidato Fernando Purón en Piedras Negras. Purón contendía por un asiento en el Congreso federal por el distrito norte del Estado de Coahuila, que abarca Piedras Negras y otros seis municipios. El viernes 8 de junio, a la salida del debate con el resto de candidatos, un hombre se le acercó por detrás y le pegó un tiro en la nuca. Murió en el acto.
El ataque se produjo a pocos metros de la entrada de la facultad de contaduría. No en un camino de tierra, a las afueras de cualquier poblacho; ni en un bar de mala muerte, rodeado de circunstancias extrañas. Ocurrió nada más salir del debate, celebrado en el auditorio de la facultad. Lo mataron mientras hablaba con un grupo de seguidores, a tres metros, literalmente, de la delegación de la fiscalía federal, a 50 del palacio de Gobierno.
Como ha sucedido con el resto de políticos asesinados a lo largo del proceso electoral, que inició en septiembre, su asesinato provocó todo tipo de reacciones y condenas. Principalmente por parte de sus compañeros de partido, el PRI, pero también del resto. Pausada el fin de semana, la campaña electoral continuó como si nada el lunes, con el nombramiento del sustituto de Purón y la vuelta al trabajo de los otros dos candidatos, Evaristo Lenin Pérez y Claudia Andrade. En los días siguientes mataron a otros tres candidatos en el Estado de Michoacán. La campaña siguió igualmente.
De septiembre a la fecha, 46 candidatos o precandidatos han sido asesinados en México, de acuerdo a cifras de la consultora Etellekt. Desde hace unos meses, atendiendo a la inédita situación de violencia electoral, Etellekt emite informes cada pocas semanas, actualizando los datos. En el último, que se publica este lunes, la consultora compara el actual proceso electoral con el de 2011-2012, fecha de la última elección presidencial. Igual que este año, la contienda coincidía entonces con elecciones a alcaldías, parlamentos, etcétera. Comparado aquel proceso con este, la diferencia es abismal. Si en estos meses México cuenta 46 asesinatos, en el proceso anterior fue solo uno. El aumento es del 4500%. De tomar en cuenta los asesinatos de políticos en general -regidores, alcaldes, exalcaldes-, el resultado es de 122 en el actual proceso por nueve del anterior.
En estos meses de campaña, los candidatos a la presidencia han evitado detallar sus propuestas en materia de seguridad. Y desde luego ninguno ha planteado un cambio de enfoque, apartado de la lógica policial de los últimos dos gobiernos. Solo Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, propuso hace meses promover una amnistía para algunos de los presos de estos años. Ante las críticas, López Obrador no ha vuelto a hablar del tema.
La violencia no afecta solo a los candidatos. La denuncia a lo largo del mandato del presidente Enrique Peña Nieto ha sido que el crimen se ha expandido, que ha copado poco a poco espacios antaño impensables. Resulta difícil hablar siquiera del narco como del único actor responsable. El caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en 2014 ilustra perfectamente lo anterior. No fue el narco, fue un complejo entramado de delincuentes y policías de diferentes niveles y quizá otros actores. A día de hoy, lo único que se sabe es que las investigaciones de la fiscalía están plagadas de errores, realidad transversal a la impartición de justicia en el país. En México, el nivel de impunidad es superior al 99 por ciento, según el informe anual que elabora la Universidad de las Américas, con sede en Puebla.
