«El objetivo es diseñar un mecanismo de mayor garantía al Proceso Electoral de Chiapas para el año 2018, a través de un grupo colegiado integrado por especialistas en materia de informática, en materia actuaria matemática y personas conocedoras del derecho electoral», dijo el exfiscal de la Fepade
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]S[/dropcap]antiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade), integrará el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep) en Chiapas, dio a conocer el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Mediante comunicado, la dependencia informó acerca de la instalación del Cotapred, que tiene como uno de sus objetivos optimizar el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral 2017-2018.
Por su parte, Nieto Castillo manifestó que dicho comité tiene como finalidad ser una instancia de revisión de los trabajos de auditoría y seguimiento, respecto a la labor que se desarrolle entre la SecretarÍa Técnica y la empresa que, en su caso, sea citada para desarrollar las actividades. «El objetivo es diseñar un mecanismo de mayor garantía al Proceso Electoral de Chiapas para el año 2018, a través de un grupo colegiado integrado por especialistas en materia de informática, en materia actuaria matemática y personas conocedoras del derecho electoral», expresó.
Sus compañeros en el Cotapred son: Karla Eugenia Medina Díaz, Víctor Hugo Muñiz Sánchez y Luis Eduardo Medina Torres, expertos en sistemas informáticos, procesos electorales, estadísticas y ciencias políticas.
El nombramiento del ex fiscal se da a dos meses que se desistiera del recurso que interpuso ante el Senado de la República para pugnar por su restitución. No existen las condiciones ideales para que, «aun obteniendo la votación de la mayoría de los senadores presentes, desarrolle las funciones para las que fui designado, en razón de la polarización política», aseveró al retirar su objeción.
La polarización política que rodeó este procedimiento «y la imposibilidad fáctica de regresar con la libertad de actuación anterior, dados los posicionamientos de las fuerzas políticas», contribuyeron a que tomara esa decisión, retomó Excélsior.
En el escrito de dos páginas que entregó a la Mesa Directiva del Senado, que preside Ernesto Cordero, expresó: «No claudico en mi objetivo de que se califique jurídicamente la ilegalidad de mi destitución, pero tampoco es pertinente continuar con un proceso que polariza a la sociedad y lesiona a las instituciones. Es necesario actuar con una visión de Estado, con estatura de miras y con imparcialidad, por lo que manifiesto al Senado que no es de mi interés impulsar una decisión que, con independencia del sentido, no abonará a que el proceso electoral de 2018 transite por los mejores términos posibles».
Su injerencia en Chiapas
Durante su administración al frente de la Fepade, hubo importantes temas del estado «en la mesa» de las investigaciones.
En abril de este año, todavía en su calidad de fiscal electoral, alertó de movimientos inusuales que podrían enmarcarse dentro de lo que se conoce como turismo electoral en el Sureste del país. Tres meses después (en julio) reconoció —según La Jornada— que en 2018, uno de los retos del sistema electoral era el combate de esta problemática en la que se involucra a migrantes centroamericanos, sobre todo en Chiapas.
Según una investigación que elaboró en conjunto con Sandra Fabiola Valdez Méndez, directora de Análisis y Prospectiva de la Fepade, determinó que esa instancia halló casos en la entidad de personas centroamericanas que acudían al Registro Civil de algunos municipios fronterizos chiapanecos para obtener actas de nacimiento extemporáneas y se presentaban ante el RFE para gestionar su credencial de elector.
«Lo anterior, con la aquiescencia de las autoridades municipales. La afectación es doble: por un lado, se garantiza un número de electores a favor del partido gobernante y, por otro, esas personas terminan transitando por el país como nacionales y reciben apoyo de programas sociales, sin tener derecho a ello», se lee en el artículo.
También durante su gestión en la Fepade, se impugnaron los amparos que evitaron la liberación de órdenes de aprehensión en contra de los exconsejeros electorales acusados de fraude y violación a la paridad de género en Chiapas.
Respecto al caso, Nieto Castillo recordó en su momento que los exfuncionarios contrataron a la compañía DSI Elecciones S.A. de C.V., la que, en ese momento, menos garantizaba la seguridad en el proceso electoral.
La compañía señaló haber recibido un total de 17 mil 573 solicitudes de registro de votantes chiapanecos en el extranjero, y de estos el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana validó 10 mil 808 registros, sin embargo, los consejeros electorales no cotejaron ni verificaron la veracidad de los datos incluidos en el listado local de electores, y con ello no se permitió la alteración de listado de electores.
La Fepade detectó que se incluyeron datos falsos respecto a la residencia en el extranjero de 10 mil 808 personas y esto llevó a que supuestamente se obtuviera el 55.59 por ciento de votos para el Partido Verde Ecologista de México, y 44.17 por ciento para el Partido Mover a Chiapas, lo cual resulta inverosímil, ya que ningún otro partido obtuvo un solo voto, señaló Nieto aún como fiscal.
