La improcedencia de la solicitud del registro del convenio de coalición parcial para diputaciones locales y alcaldías de «Todos por Chiapas», declarada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), podría propiciar que el fantasma de la ingobernabilidad y los conflictos poselectorales reaparezca
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]a improcedencia de la solicitud del registro del convenio coalición parcial para diputados y alcaldes de «Todos por Chiapas», declarada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), podría propiciar que el fantasma de la ingobernabilidad y los conflictos poselectorales reaparezca.
Hace casi seis años, Chiapas aportó el 25 por ciento total de los votos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a nivel nacional, y con ello, una serie de problemas poselectorales que se manifestaron en varios municipios indígenas y principales ciudades de la entidad. Se presume que esta dispersión «del tucán» se desarrolló a costa de prácticas fuera de la legalidad electoral.
Por ejemplo, de las 80 alcaldías ganadas por el PVEM, solo o en alianza, de un total de 122, hubo conflicto en el 80 por ciento. Las acusaciones fueron las mismas: compra de votos, alteración de actas, coacción de votantes, duplicación de boletas y conteos inconclusos, de acuerdo con un trabajo del investigador Sarelly Martínez publicado en Nexos.
El desagrado se hizo presente. Toma de urnas, renuncia masiva de consejeros y enfrentamientos entre priistas, panistas, perredistas y verdecologistas, es lo que generó el proceso de recuento de votos en 19 consejos municipales, en las elecciones de 2012.
Dichos conflictos se manifestaron en Socoltenango, Ostuacán, Mezcalapa, Ángel Albino Corzo, Tila, Salto de Agua, Simojovel, Reforma y San Juan Chamula, informó el entonces secretario ejecutivo del IEPC, Jesús Moscoso Loranca, según información retomada del portal MVSNoticias.
Mientras que en Tapalapa, manifestantes allanaron las instalaciones electorales y quemaron papelería electoral. En Pijijiapan, la toma de las oficinas impidió que la constancia de mayoría le fuera entregada al candidato del Verde ganador; los consejeros se trasladaron al municipio de Tonalá, cabecera de distrito para darle el documento.
Según MVSNoticias, el plan de acción de los municipios de Acapetahua, Escuintla y Huixtla fue mantener tomadas las instalaciones. En Mazatán, el IEPC declaró que no existían condiciones para reiniciar el cómputo debido a que todos los consejeros renunciaron. En Mazapa de Madero, Motozintla y Villa Comaltitlán se reinició el conteo ante la presencia policiaca.
El caso de Oxchuc
Desde el 2015 se desató el conflicto en el municipio tzeltal de Oxchuc. Aquí, se reclama por el tipo de sistema electoral que se rige en lugar. Además, la alcaldesa María Gloria Sánchez, postulada por el PVEM, fue destituida y expulsada de la comunidad debido al hartazgo ciudadano, ya que ella y su marido, Norberto Sántiz, habían mantenido un cacicazgo político de tres lustros.
El pasado 24 de enero, un ataque fue perpetrado por seguidores de la alcaldesa contra miembros del movimiento de resistencia civil; el grupo entró a tiros, persiguió a los habitantes e incendió casas y vehículos; los pobladores sólo pudieron defenderse con palos, piedras, manos, pero el poder del fuego los superó; fallecieron tres personas y una veintena más resultaron heridos de bala.
Entre los lesionados, se encontraba el abogado comunitario, Juan Gabriel Méndez López, quien ha llevado ante los tribunales el reclamo del derecho de ese pueblo indígena a autogobernarse sin la injerencia de partidos políticos, de acuerdo con Proceso.
El pasado 7 de febrero, Gloria Sánchez —a través de una conferencia de prensa— expuso que está dispuesta a sentarse a negociar con la parte que mantiene tomada la cabecera municipal desde octubre del 2015, por lo que llamó al Subsecretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que establezca una mesa de trabajo, tal como se hizo en el caso de Chalchihiuitán.
Asimismo, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se sumen en la búsqueda de solución a este problema que lleva más de dos años; de igual forma, solicitó que el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Casilla, medie en entre el grupo opositor en Oxchuc, que lideran Óscar Gómez López y Juan Encinos.
Las consecuencias de este conflicto poselectoral también ha perjudicado a los más pequeños, pues casi un millar niños y jóvenes desde educación preescolar, primaria y secundaria, estudian de manera irregular; a su vez, la cabecera municipal no cuenta con el servicio de recolección de basura, por lo que han aparecido basureros clandestinos en la carretera federal, informó la presidenta municipal constitucional.
Lo que le tocó a Chenalhó
Así como en Oxchuc, en Chenalhó se vive la molestia poselectoral desde el 2015, entre simpatizantes del PRI y del PVEM. Como consecuencia, se han registrado enfrentamientos y el desplazamiento de decenas de familias que en la actualidad viven fuera de sus hogares.
Presionada por sus opositores y funcionario estatales, Rosa Pérez Pérez, primera alcaldesa de dicho municipio, fue obligada a suscribir licencia indefinida con el fin de facilitar la liberación de los legisladores locales, Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos Vargas, quienes fueron retenidos por un grupo encabezado por el síndico Miguel Sántiz Álvarez, como medida de presión para exigirle a ella su renuncia en mayo de 2015.
En septiembre pasado, cuatro indígenas resultaron lesionados de bala en un supuesto ataque perpetrado en la comunidad de Tzanembolom. Según La Jornada, a las 13:00 horas, Miguel Álvarez Sántiz y decenas de lugareños acompañados por el síndico municipal sostenían una reunión cuando fueron agredidos a balazos, al parecer por simpatizantes de la alcaldesa.
Para noviembre, autoridades municipales, tradicionales y de Bienes Comunales de Chalchihuitán acusaron al gobierno chiapaneco, encabezado por Manuel Velasco, de encubrir a Pérez y a su grupo civil armado que ha provocado el desplazamiento forzado de alrededor de 5 mil indígenas.
El hecho más reciente de este conflicto sucedió en enero; integrantes del Movimiento Pedrano de Chenalhó, que exige la liberación de tres de sus correligionarios, fueron atacados por partidarios de la presidenta municipal, denunció el Centro de Derechos Humanos «Ku»untik». El organismo que preside Diego Cadenas explicó que hombres a bordo de cinco camiones, originarios del ejido Puebla, arribaron con armas cuernos de chivo y los agredieron y desalojaron, según El Universal.
Elección de diputado migrante
En 2015 se descubrió un fraude cibernético que implicó el uso de la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar de baja a miles de ciudadanos chiapanecos que de repente aparecieron como residentes en 42 países; la mayoría en Estados Unidos, pero también en territorios como Uganda, Armenia, Liberia, Cabo Verde y Trinidad y Tobago, de acuerdo con información de La Jornada.
Los registros de dichos ciudadanos fueron empleados en las elecciones de 2015 para aumentar la votación a favor del entonces militante del partido del tucán, Roberto Pardo Molina como diputado migrante en la entidad, quien fue desaforado y está bajo proceso penal, aunque libre porque consiguió un amparo.
En febrero de 2016, el Consejo General del INE aprobó sólo la destitución como consejeros de Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez y Margarita Esther López Morales, luego de que se demostró que permitieron irregularidades vinculadas con el voto de los ciudadanos como si fueran en el extranjero, así como inobservaron la paridad de género en los pasados comicios.
Hace dos días, se consideraron inconstitucionales los autos de formal prisión emitidos contra dichos exconsejeros electorales; por lo que, un juez federal dejó sin efecto la medida y ordenó emitir una nueva que funde y motive de manera adecuada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutó la conducta ilícita que por omisión se les imputa.
