Fundar identificó como impedimentos para que se lleven a cabo las indagatorias: la falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y sus homólogas locales; el retraso injustificado de estos procesos; la falta de fiscales con un perfil idóneo, así como de recursos materiales y humanos para efectuarlos
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]D[/dropcap]e un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes denunciados en Chiapas, Sonora, Coahuila, Tabasco, Oaxaca y a nivel federal, en el periodo de 2014 a 2016, sólo existe evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento, concluyó el Centro de Análisis e Investigación «Fundar».
Estos resultados se desprenden del informe «El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel», presentado el pasado miércoles y que devela la persistencia de obstáculos que Fundar considera graves, para denunciar delitos y para investigarlos.
Identificó como impedimentos para que se lleven a cabo las indagatorias: la falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y sus homólogas locales; el retraso injustificado de estos procesos; la falta de fiscales con un perfil idóneo, así como de recursos materiales y humanos para efectuarlos.
No obstante, los problemas empiezan mucho antes que se reporten los delitos puesto que la denuncia se dificulta porque las autoridades no se encuentran accesibles, ni en las estaciones migratorias ni en otros lugares donde se cometen las infracciones, además las víctimas no les tienen confianza, se asienta en la investigación.
«Las autoridades mexicanas justifican la ausencia de resultados con el argumento de que las víctimas no permanecen en el lugar donde están las investigaciones, sin embargo, en el reporte se explica que las autoridades mexicanas tienen a su disposición dos herramientas que no utilizan para investigar estos casos: la recopilación de datos y desahogo de pruebas que permitan continuar las investigaciones aun sin las presencia de los migrantes víctimas o testigos de delitos así como su regularización migratoria», dio a conocer Fundar, por medio de su página web.
El sector migrante no es el único en desprotección. En las mismas condiciones se hallan los defensores —agredidos tanto por el gobierno como por la delincuencia organizada—, a pesar que por el esfuerzo de colectivos y organizaciones pro derechos humanos funciona el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE).
Recomendaciones
El MAE permite denunciar delitos cometidos contra migrantes en México desde el extranjero; sin embargo, precisa Fundar, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR no han mostrado la voluntad para que funcione de forma eficiente, también entre los gobiernos de Estados Unidos y Centroamérica.
«Exhortamos a las autoridades mexicanas a investigar y sancionar delitos cometidos en contra de migrantes, y dejar de obstaculizar la justicia. Con investigaciones y justicia pueden dejar atrás la idea de que la violencia y la impunidad son un precio que hay que pagar al cruzar por México», pidió la organización.
Para ello, hizo algunas recomendaciones como reforma de los lineamientos del MAE, cercanía de las autoridades con personas migrantes y organizaciones defensoras; mayor coordinación y cooperación entre fiscalías (o procuradurías) en todos los niveles; más voluntad política para atender y continuar con las investigaciones; dotación de recursos destinados para tal fin y un plan de persecución de delitos contra migrantes; así como garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares.
El informe fue firmado no sólo por Fundar, sino por la Casa del Migrante de Saltillo; el Albergue de Migrantes «Hermanos en el Camino»; «La 72», Hogar-Refugio para personas Migrantes; la Red Migrante Sonora (Iniciativa Kino para la Frontera.
Asimismo, por los centros de Recursos para Migrantes; de Atención al Migrante Exodus; los comunitarios de Atención al Migrante y Necesitado; y de Ayuda a Migrantes; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Coordinados para criminalizar
El estudio teórico «Migrantes en México: vulnerabilidad y riesgos», elaborado el año pasado por la Organización Internacional para las Migraciones y El Colegio de la Frontera Norte, conceptualiza a la impunidad como la ausencia de consecuencias económicas, sociales o políticas en relación a la violación de los derechos humanos de los migrantes.
Esta vulnerabilidad a la que están expuestos las y los migrantes como sujetos de derechos humanos es de naturaleza estructural y cultural, explica ese trabajo, en palabras del investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Bustamante.
«Deriva de una estructura de poder en la cual los migrantes, como no ciudadanos, carecen de capacidad para incidir en las normas o en su aplicación», añade.
Esta indefensión jurídica y el inacceso a la justicia resultan preocupantes en una entidad en la que el riesgo a la violencia social para este sector de la población ha aumentado de forma considerable a partir de 2007, de acuerdo con los informes de derechos humanos y con los relatores de organismos internacionales sobre los derechos de los migrantes.
Antes del informe presentado por Fundar, este estudio develó que las instituciones que deben de ser garantes del Estado de derecho no responden de manera adecuada para mitigar los riesgos a sufrir delitos ni sancionan a los victimarios. «Esta violencia está ligada a la xenofobia y amparada en la impunidad de la que gozan los delincuentes que perciben una alta rentabilidad en este tipo de delitos», se lee en la investigación.
Advirtió de la alta frecuencia con que la Policía Municipal extorsiona a los migrantes en las ciudades fronterizas. Asimismo, que es recurrente la negación de servicios a los viajeros, por parte de funcionarios públicos tanto en el sector salud como en las escuelas públicas o en el registro civil.
Hay coincidencias entre las investigaciones, puesto que ésta también asentó que la acción de las instituciones públicas para mitigar el riesgo por violencia contra los migrantes es poco coordinada. En cambio, sí lo es para criminalizar a este sector: «La coordinación entre autoridades suele darse para la detección y detención de los migrantes indocumentados, más que para proteger sus derechos humanos: los operativos de control y vigilancia al interior del país suceden generalmente con la colaboración de diversas autoridades tales como agentes de migración, policías federales y Ejército».
El caso de Maximiliano
El Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» (Frayba) ha denunciado de forma reiterada la inoperancia y el encubrimiento de las autoridades ante los delitos cometidos contra este sector poblacional, tal como sucedió en el caso de Maximiliano Gordillo Martínez 1 que resulta ser emblemático de impunidad.
El organismo sostiene que el joven de 18 años de edad —originario de la comunidad Tzinil, municipio de Socoltenango— fue forzosamente desaparecido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos policiacos sin identificar, el día 07 de mayo de 2016, en el trayecto de Comitán de Domínguez (Chiapas), a Playa del Carmen (Quintana Roo).
«A la fecha hemos acudido a las instancias competentes, exigiendo el cumplimiento de sus funciones, en la investigación pronta, completa e imparcial que este hecho amerita. Sin embargo, la respuesta institucional reafirma la impunidad estructural y la irregularidad en el actuar del Estado mexicano en materia de desaparición forzada, trato a personas migrantes y en general en garantizar los derechos humanos», se lee en un comunicado emitido por el Frayba, respecto al asunto.
Calificó de insuficiente, ineficaz y tardío el actuar de la PGR puesto que en vez de abocarse a una búsqueda exhaustiva de Gordillo Martínez e investigar a los funcionarios responsables, «ha sujetado su actuar a un excesivo burocratismo».
Como respuesta, las autoridades simplemente argumentaban no encontrar el nombre del joven en su registro nacional y los regionales, es decir, no figura como migrante asegurado o deportado en momento alguno.
Además, han obstaculizado la actividad del centro y por tanto, el acceso a la justicia de la víctima, ya que se les negó información complementaria, que podría haber proporcionado mayores pistas para esclarecer lo acontecido la noche de la desaparición. Los datos cruciales consistían en la identidad de los agentes que realizaban el operativo en el punto de revisión, los acuerdos de colaboración entre el INM y la Policía estatal de Tabasco, así como los vídeos de vigilancia en las distintas instalaciones de ese instituto.
