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Se sigue “cocinando” Juicio Político contra Velasco

Se sigue “cocinando” Juicio Político contra Velasco

“La Gran Robadera” reveló 90 casos de corrupción en tres rubros importantes: Salud, Educación y Medio Ambiente. Cada una de las denuncias ha sido documentada durante el recorrido por comunidades y, como consecuencia, se solicitarán diversas auditorías al ejercicio de recursos federales asignados a las secretarías estatales

Portavoz Staff

Aún está pendiente el estudio y aprobación de la petición de Juicio Político en contra del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, interpuesta esta semana ante el Congreso de la Unión en la Ciudad de México, para que sea turnada a las comisiones respectivas.
Mediante redes sociales, se difundió el acta de ratificación que expidió después la Cámara de Diputados —cuya Secretaría General recibió el documento— al legislador federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez; y el secretario de la Juventud de ese instituto político, Emiliano Villatoro Alcázar, gestores de la denuncia.
La petición consta de 63 hojas útiles, más 34 anexos que describen el capítulo de pruebas con el que sustentan su petición, amparada en la Ley Federal de Responsabilidades. Se entregó a las 13:20 horas del 11 de octubre pasado.
Mediante un video de su comparecencia en el pleno, se observa que el diputado morenista argumentó que la medida se debe a la “violación sistemática de los derechos humanos de las y los chiapanecos” y por el desvío millonario de recursos públicos en el que ha incurrido el gobierno estatal.
Para medios nacionales, Santiago aseveró que las pruebas y testimonios de la demanda han sido “debidamente documentadas y acompañadas de miles de firmas de ciudadanos” de la entidad.
“En los municipios recorridos nos encontramos con casos graves que nos llevaron a nombrar a la gira de trabajo, ‘La Gran Robadera’, donde encontramos 90 casos de corrupción en tres rubros importantes: Salud, educación y medio ambiente”, comentó a Revolución Trespuntocero.
Cada una de las denuncias ha sido documentada durante el recorrido por comunidades, y como consecuencia solicitará diversas auditorías al ejercicio de recursos federales asignados a las secretarías estatales de Hacienda, Medio Ambiente, Educación y de Obra Pública y Comunicaciones.
El juicio político “es la única vía legal que tenemos para que el gobernador deje las funciones y rinda cuentas ante la ley. Decidimos emprender esta acción, pero no solos, nos conjuntamos con los líderes sociales y distintas organizaciones del estado para entre todos crear un frente contra la corrupción, así articular esfuerzos y unir luchas”, consideró.
No obstante, admitió que el documento pasará a discusión de la comisión que determina si lo aprueban; de ser así, se enviará a la Cámara de diputados y al Senado. Si se apoya el documento “se puede llamar a juicio al gobernador”.

Antecedente

Araceli Burguete Cal y Mayor, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, se pronunció respecto al hecho a través de las redes sociales.
La docente con amplia trayectoria —en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la Universidad Autónoma de Chiapas— rememoró su experiencia de cuando se hizo la petición de juicio político contra Absalón Castellanos Domínguez, gobernador de Chiapas en el periodo de 1982 a 1988.
“En 1988, presentamos un juicio político en contra de Absalón Castellanos Domínguez, por su responsabilidad en acción y omisión, de la violencia política, los homicidios y encancerlamientos a los luchadores sociales de la época. El manto de impunidad lo cobijó y no pasó nada. En esa ocasión, el PMS fue el partido que canalizó la demanda dentro del Congreso, la investigación la realicé yo, para tales fines”.
Reconoció que a pesar de las gestiones, “no pasó nada” pero la documentación que generaron y la acumulación de pruebas presentadas ante las autoridades develaron a Castellanos como un mandatario que permitió las violaciones de derechos humanos. Este exgobernador, el día del alzamiento zapatista, fue retenido y tomado como preso por el EZLN.
La investigadora también hizo una proyección respecto a la lucha de Santiago: “Es muy probable que la demanda que presentó el día de hoy el diputado Guillermo Santiago, no tenga resultados jurídicos. El manto de impunidad cubre a los políticos corruptos. Pero la historia no perdona”.

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