Los habitantes del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, piden al Estado que cumpla con la desarticulación de los grupos paramilitares que azorado la zona con total impunidad
Texto: Óscar Aquino
Fotografías: Jacob García
[dropcap]A[/dropcap] partir de este lunes por la mañana volvió a instalarse el plantón formado por las personas desplazadas del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, mismo que fue levantado hace 13 días toda vez que en aquella fecha fueron liberados de prisión dos habitantes de esa zona, quienes estuvieron encarcelados desde mayo de 2016, indebidamente acusados de haber asesinado a una menor de edad.
Dicha resolución de las autoridades hizo que el grupo de desplazados se fuera de regreso a su lugar de origen. Sin embargo, ayer volvieron al parque central de la capital con la exigencia hacia el gobierno del estado para que aplique las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El contingente es comandado por el defensor de derechos humanos, Diego Cadenas, mismo que participó en la contienda por asumir la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al finalizar en la terna de los tres aspirantes mejor preparados para dicho papel.
Al respecto, la organización Ku ´Untik, de la cual Cadenas es el director, emitió un comunicado en el que informa acerca de la situación que prevalece en el municipio de Chenalhó y la falta de respuesta gubernamental. «A una semana de la supuesta sesión del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, nos damos cuenta que el gobierno del estado de Chiapas no nos atiende como es debido, nos quiso engañar para alargar el proceso del retorno a nuestra comunidad de origen», cita el documento.
Una de las razones que los hizo volver al plantón es que en Chenalhó aún existen grupos paramilitares operando e intimidando tanto a la población de ese mismo municipio como a la de Chalchihuitán. «Atualmente continúa agrediendo y desplazando hermanos y hermanas indígenas de las comunidades Tabak y Koko», entre otras, del municipio de Aldama».
De hecho, el pasado 20 de marzo, el propio Diego Cadenas publicó en su perfil de Facebook que ese día ocurrió un enfrentamiento entre habitantes de Chenalhó y Aldama. Dicha situación fue, en apariencia, resuelta al firmarse un acuerdo entre las autoridades de ambos municipios, tras reunirse en la capital del estado, bajo la mediación del secretario de gobierno, Juan Carlos Aranda.
A pesar de ello, el centro de derechos humanos Ku ´Untik señala en su comunicado que «tenemos información que indica que la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de gobierno de Chiapas gestionan ante el Poder Judicial la liberación de Javier Gómez Gutiérrez, asesino de nuestro compañero Guadalupe Cruz Hernández, e integrante del grupo paramilitar agresor, lo que consideramos hace evidente la protección y complicidad del Estado mexicano con estos paramilitares».
La mañana de ayer, Cadenas y el grupo de desplazados intentaron acercarse al Congreso Estatal en el momento que el gobernador Manuel Velasco rendía su Quinto Informe de Gobierno; sin embargo, sólo pudieron llegar hasta la valla de contención que era resguardada por elementos del Ejército Nacional, a lo cual, el defensor publicó una fotografía de los soldados y la acompañó con la frase: «Aplicando la Ley Nacional de Seguridad Interior en el Quinto Informe de Manuel Velasco Coello».
El comunicado señala que permanecerán en la plaza central de Tuxtla hasta obtener una respuesta real. «Por eso hoy regresamos a instalar plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas y aquí nos quedaremos hasta que el Estado mexicano realice acciones contundentes que indiquen que van a desarticular este grupo paramilitar», concluye.
