Los chiapanecos pierden con un árbitro electoral debilitado de cara al proceso electoral venidero y da margen de maniobra y de control a los grupos de interés locales y partidos políticos en el poder que ven en riesgo la posibilidad de repetir el uso de toda la maquinaria del Estado, tal como ocurrió en 2015
Rodrigo Ramón Aquino / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n más de una ocasión se ha afirmado que el fracaso del ex Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas fue considerado una vergüenza nacional del Sistema Electoral Mexicano. Las irregularidades tanto en la paridad de género como en la elección del diputado migrante que llevaron a la deposición de todos los exconsejeros electorales —los cuales siguen siendo investigados—, dio al traste con el principal valor democrático de un árbitro electoral: la credibilidad.
Durante las elecciones intermedias de 2015, Chiapas fue el mal ejemplo nacional de prácticamente todo: compra de voto, acarreo, irregularidades en la impresión de boletas, violencia y quema y robo de casillas. Además, representantes de la oposición partidista sostuvieron que la autoridad electoral actuó de forma parcial, impune, ilegal y complaciente a favor de institutos políticos identificados con el oficialismo. Llegó a hablarse, incluso, de un retroceso en la democracia del estado.
Al cierre de las urnas de aquella jornada, Luis Enrique Leyva Nambo, representante ante el IEPC de Movimiento Ciudadano, dijo que el organismo local electoral actuó a modo y guardó silencio ante los reportes de compra de voto, acarreo, irregularidades en las boletas, entre otras.
«Hubo impunidad, ilegalidad y complacencia por parte de funcionarios electorales, los cuales estaban encargados de la paz y la seguridad en las eleciones», refirió Leyva Nambo, durante la sesión permanente del IEPC.
También se afirmó que a pesar del asesinato de un afiliado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrentamientos, heridos, vehículos incendiados, quema y robo de urnas por parte de sujetos armados, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) de Chiapas aseguró que los comicios se realizaron en calma.
Por su parte, Carlos Albores Lima, quien fuera candidato a Presidente Municipal del Pijijiapan por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó las acciones del Verde como más voraces que el PRI en su etapa más oscura.
«Consideramos que fueron unas elecciones ilegítimas, pues tuvimos un órgano electoral a modo, parcial a favor del Partido Verde, Chiapas Unido y Mover a Chiapas. Hubo muchas irregularidades, que se pudo ver desde la asignación de presupuestos y la compra del voto por 400 pesos. No hubo la imparcialidad que los chiapanecos merecíamos; Chiapas vive un retroceso en su vida democrática», declaró en aquella ocasión.
De ahí que no extrañara que tras un cuidadoso y largo proceso de selección por parte del Instituto Nacional Electoral, al tomar protesta como presidente del nuevo Consejo General del IEPC de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas hiciera hincapié en que el OPLE, luego de la vergonzosa actuación de 2015, estaba obligado a ser una institución de actuación firme, sin excesos, ni defectos, y principalmente, sin dejar de aplicar la ley con todo su peso y frente a quien fuera cuando la regla se vulnerara.
En este apretado escenario, en que la autoridad electoral local está siendo vigilada en todo momento por la autoridad electoral nacional, a fin de no repetir las viejas prácticas de intervencionismo del gobierno del estado y de la clase política local, y en aras de recuperar la confianza ciudadana, los intentos de socavar la credibilidad del árbitro antes de la contienda ya se han hecho notorios.
Primero, con la intentona del titular del Ejecutivo, aprobada sin chistar por el Legislativo, de reducir a menos de la mitad el financiamiento público a los partidos políticos locales a fin de enfrentarlos con la autoridad electoral. El silencio cómplice de los dirigentes de los partidos oficiales y de los intervenidos confirmó la estrategia.
Lo más reciente, y que a todas luces resulta una estrategia orquestada por los grupos de poder locales, es que en medio de las crecientes críticas al gobierno del estado por publicitarse en el pantaloncillo de un boxeador en Las Vegas, Nevada, ocurrió el presunto «hackeo» a la cuenta oficial de Twitter del IEPC.
Algunos analistas de medios, como el chiapaneco Amado Avendaño, consideró desproporcionada y hasta pautada la cobertura mediática del incidente, que, en sus palabras, tuviese el origen que tuviese, terminó por opacar en las noticias el escandaloso gasto oficial millonario en una pelea de box mientras el estado atraviesa una marcada crisis económica y laboral.
«Tratar de darle en la madre a las instituciones por motivos políticos o personales, más allá de quienes lo hicieron por motivos meramente lúdicos, es un despropósito», sostuvo Avendaño en sus cuentas oficiales en redes sociales.
Yerro institucional o vulneración externa a su plataforma digital, los chiapanecos pierden con un árbitro electoral socavado, debilitado, sin credibilidad de cara al proceso electoral venidero y da margen de maniobra y de control a los grupos de interés locales y partidos políticos en el poder que ven en riesgo la posibilidad de utilizar toda la maquinaria del Estado en 2018.
