Parte central del discurso ofrecido ayer por el presidente Peña Nieto en Tuxtla Gutiérrez, se enfocó en el tema laboral; que si subió la tasa de empleos, que el subempleo está siendo erradicado, que el empleo informal ya goza de prestaciones y que las facilidades laborales hoy, son de primer mundo. ¡Como quisiéramos creer a pie juntillas al señor presidente!
Para que ello se refleje en la cotidianeidad, principalmente de los chiapanecos, debió primero ser informado, que aquí, los esfuerzos suyos y del gobernador Manuel Velasco Coello, son ignorados, no por la clase patronal y tampoco por los trabajadores, sino que por el secretario del Trabajo.
Peña Nieto habló insistentemente de los beneficios de los que ahora gozan los trabajadores: prestaciones laborales adecuadas, empleos mejor remunerados, ambientes de trabajo agradables, defensa de los derechos apegados a la ley, imparciales, justos y dignos. Todo perfecto. Lo que no les fue informado a los mandatarios es que Manuel Sobrino Durán, titular de la cartera del Trabajo en Chiapas, viola todas las garantías laborales e incumple con la agenda que en esa materia tienen contemplada Velasco Coello y Peña Nieto.
Mediante redes de poder y autoritarismo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se niegan todos los derechos laborales a los trabajadores que por una u otra razón, acuden a esa instancia para reclamar lo que por ley les pertenece.
El nombramiento de Carlos Enrique Martínez Vázquez, como presidente de dicha Junta, ha sido solo un formulismo que no da a éste, la menor autoridad dentro del organismo. La única función de Martínez Vázquez, es obedecer y firmar cualquier documento que afecte el interés de los trabajadores. Y claro, aprovechar el vació de autoridad generado desde la Secretaría de Trabajo, para hacer negocios redondos.
Entre éstos, el de «representar» a sindicatos y trabajadores en conflicto con la clase patronal, a través del despacho «Iturralde», del cual son socios Carlos Enrique Martínez y Carlos Villanueva, principal asesor de Sobrino Durán en la Secretaría del Trabajo. Éste último, es quien realmente ordena, manda, grita e impone en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
De hecho, los dictámenes son entregados a Villanueva y no a Martínez. Él es quien determina si proceden o no. Él es quien, con lenguaje soez, pedestre e insultante, intimida a empleados de la JLCA y a los trabajadores que exigen, les sean respetados sus derechos; es Villanueva, quien dice a Martínez qué hacer y qué no hacer… Claro, también manda en la Secretaría de Trabajo, donde eso sí, se pone de rodillas ante Manuel Sobrino, quien ya se asume como alcalde de Tuxtla Gutiérrez.
El negocio del despacho Iturralde propiedad del asesor y el presidente, es sencillo: si una empresa debe pagar un laudo, digamos de medio millón de pesos a un trabajador, los abogados al servicio de los dos funcionarios, convencen al empresario de pagar «solamente la mitad». Obvio es que al final, el expediente es manipulado; al trabajador o trabajadores afectados con un despido injustificado, se les comunican oficialmente que perdieron el juicio y ellos, despacho y Martínez y Villanueva, se quedan con 250 mil pesos.
¿Dónde está la justicia laboral de la que habló ayer, precisamente, el presidente Peña Nieto? ¿Dónde la equidad y dónde el respeto a los trabajadores?
Carlos Villanueva, no es un hombre de buenos modales y tampoco tiene un historial intachable; procedente del estado de Jalisco, llegó a Chiapas con la intención de hacer dinero fácil. Desde antes tenía tratos con Manuel Sobrino, quien no dudó en ponerlo en un cargo estratégico para que pudiera hacer los movimientos necesarios en contra de los trabajadores.
El presidente de la JLCA, es también prepotente, aunque ante Villanueva, agacha la cabeza. Reconocido por sus escándalos en estado de ebriedad, es quien cambia los resultados de los juicios, engaveta otros y destruye la mayoría. Varias empresas han tenido que erogar grandes cantidades de dinero para salir favorecidas o sencillamente, para no ser afectadas por juicios en los que tienen posibilidades de ganar.
Con todo esto, el bonito y alentador discurso presidencial, se derrumba. Mientras Manuel Sobrino, Carlos Martínez y Carlos Villanueva estén en esos cargos, la clase trabajadora seguirá siendo rehén de negocios turbios. El gobernador, debe estar enterado de ello, para tomar las medidas que considere pertinentes. Es lo sano, lo conveniente para su administración. La mala hierba, debe ser arrancada para que no contamine a la demás plantación.
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