Pese a que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que esta semana arrancaría la reconstrucción de las 300 mil viviendas y edificios que resultaron afectados en Chiapas, a la fecha la llegada de los recursos económicos es incierta luego que un sismo de 7.1 grados golpeara a la capital del país
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap]unque el gobierno federal concluyó el censo de daños en Chiapas y Oaxaca tras el terremoto con magnitud 8.2 grados, ocurrido el pasado 7 de septiembre, los recursos públicos destinados a las víctimas y a la reconstrucción de las zonas afectadas aún no llegan y se teme que haya dilación en su entrega.
Pese a que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que esta semana arrancaría la reconstrucción de las 300 mil viviendas y edificios que resultaron afectados, la fecha en que los recursos económicos serán entregados es incierto.
La tarde de ayer martes 19 de septiembre, se registró un sismo con magnitud 7.1 que se sintió con fuerza en varios estados del país pero afectó de forma particular a Morelos, la Ciudad de México y Puebla; varios edificios colapsaron y se estima que hubo cientos de pérdidas humanas.
El movimiento telúrico que golpeó con gravedad a la capital del país puede significar una traba más, para que la ayuda llegue a las víctimas del pasado terremoto en Oaxaca y Chiapas, los estados más pobres del país puesto que existe la posibilidad de que el reparto de apoyos sea centralizado en esa zona.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ya advirtió que demorar en la entrega de víveres constituiría un acto de revictimización y enfatizó que hacerlo, sería una clara violación a los derechos humanos de los damnificados.
Los recursos públicos destinados a las víctimas del sismo, dijo, deben ser ejercidos de manera eficaz y transparente; y recordó que las trabas o procedimientos burocráticos vulneran los derechos de las víctimas.
«La tragedia de nuestros compatriotas no puede ser objeto de intereses coyunturales, políticos o de cualquier índole. Cuando las personas pierden sus viviendas y se ven obligadas a abandonar sus lugares habituales de residencia, se reducen las posibilidades de que puedan ejercer y pedir se hagan vigentes sus derechos humanos», dijo en entrevista para El Universal.
Entre las propuestas del gobierno federal están la entrega de materiales de construcción para que los damnificados se encarguen de rehacer sus hogares, con un sueldo extra a manera de empleo temporal o bien, que la reconstrucción esté en manos de empresas contratadas.
Hasta el momento, las autoridades calculan que son 300 mil las viviendas y edificios afectados; de ellos, 200 mil en Chiapas y 100 mil en Oaxaca.
