Ayer comentábamos que si un partido fue el aliado para llevar a cabo la homologación de la reforma político electoral en Chiapas, éste fue sin duda el Partido Verde Ecologista de México. Desplazando así al partido del presidente Enrique Peña Nieto del principal cabildeo legislativo. Este diagnóstico puede proporcionarnos elementos de análisis a la hora de medir el nivel de armonía y cooperación entre los partidos que llevaron al triunfo al gobernador Manuel Velasco.
Quien no perciba la tensión entre los actores políticos de ambos bandos, que no entre los institutos, es porque se encuentra en otro nivel de lectura, quizá de mayor importancia y trascendencia como lo es el contenido de las adecuaciones, pero tampoco se debe caer en la tentación de emitir juicios generales y a la impronta.
Ayer mismo adelanté que en la medida de las posibilidades iremos abordando los temas que en la homologación se encuentran. El primero que salta a la vista es el de la obligatoriedad constitucionalidad de los partidos a la paridad de género, que en Chiapas se vio menguada con una excepción: si las candidaturas son resultado de procesos democráticos internos en los partidos.
Antes ya había compartido algo al respecto, espero lo recuerde, cuando entrevisté a Carlos Palomeque, aún dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Él mostró en aquella ocasión su preocupación por la obligatoriedad del 50 y 50 argumentando falta de suficientes mujeres para cubrir los espacios, y que en la misma situación estaban los demás partidos en el estado. Incluso en la argumentación en contra de la obligatoriedad la diputada Alma Rosa Simán argumentó lo mismo.
Por supuesto que estos dichos pusieron los pelos de punta de un gran sector de la población que afirman que sí hay suficientes mujeres capaces y deseosas de participar, que ellas ocupan un mayor porcentaje en el padrón electoral y muchas buenas verdades. Pero me pregunto con todo pragmatismo, estas mujeres realmente están en los partidos políticos, forman parte de las estructuras y demás. Porque nos guste o no, la principal forma de participar en política y buscar un puesto de elección popular es a través de los partidos.
Concediendo que fuera cierto y los partidos no cuentan con los suficientes cuadros, al menos no todos los partidos (seguramente tendrán forma de demostrarlo con sus registros y afiliaciones y demás) y que el rechazo de la obligatoriedad respondiera al interés de no complicarse la vida (el PRD no tiene problemas porque desde hace tiempo es mitá y mitá), los diputados no pueden contravenir la Constitución ni la Ley General y tendrán que acatarla tarde o temprano.
La ley federal será, no hay duda, pero valdría preguntarnos si la realidad de Chiapas responde a esa ley. De eso tenemos que discutir.
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