El gran reto del gobierno federal será negociar con los propietarios de tierras sociales, comunales y ejidales en donde podría haber extracción o reservas en materia de hidrocarburos
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]l gobierno federal deberá negociar con los particulares o comunidades que son dueños de 35 millones 886 mil hectáreas ubicadas en 11 entidades con actividades petroleras, principalmente en Oaxaca, Chiapas o Coahuila, que suman el 50 por ciento de estos terrenos y se usan básicamente para la agricultura y en donde podría haber extracción o reservas en materia de hidrocarburos.
Éste es uno de los retos que tiene la Reforma Energética a nivel local, por lo que algunas dependencias, como la Secretaría de Energía (Sener), tendrán que negociar con las comunidades, ejidos o propietarios individuales de estas tierras en Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche Hidalgo, Puebla, Tabasco, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, indica el estudio Índice de Competitividad Estatal 2014.
Los 11 estados, distribuidos principalmente en el Este del país, tienen en conjunto un área geográfica de casi 72 millones 997 mil hectáreas, por lo que los terrenos privados antes mencionados representan 49.16 por ciento del total, de acuerdo con los datos del estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
La sección «La Reforma Energética en México: retos y responsabilidades para la implementación en los estados» explica que esta es la primera vez que en la legislación se determina dar una compensación (económica) a los propietarios de estas tierras, la cual califica como «un avance en la protección de sus derechos».
La nueva Ley de Hidrocarburos establece en su artículo 91 que las actividades de exploración y extracción de este energético, además del tendido de ductos o infraestructura eléctrica, son de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos cercanos a aquellas tierras.
La legislación indica que entre las reglas para negociar con los propietarios del terreno incluyen el derecho a recibir pagos, que siempre deberán ser en efectivo, ya sea por afectaciones, renta por ocupación, y un porcentaje de los ingresos netos de los contratistas, que es de entre 0.5 a tres por ciento para el gas no asociado y entre 0.5 a dos por ciento para los demás hidrocarburos.
Sin embargo, en el caso de que no se llegue a un acuerdo se puede hacer una mediación o en última instancia una autorización para la producción que deberá incluir los derechos de los propietarios.
El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina muestra que este año México tiene el segundo lugar de los países con mayor número de acusaciones, con un total de 34 conflictos antes de los efectos de la Reforma Energética. De éstos, seis se iniciaron por disputas territoriales; tres fueron por desplazamiento y reubicación de la población sin consulta previa e informada y la otra mitad por desacuerdo en el precio de compra.
(Con información de La Razón)
