Trabajadores y defensores del Colectivo de Mujeres Libres (COLEM) anunciaron el inicio de procedimientos legales que podrían conllevar a la destitución y encarcelamiento de Dagoberto de Jesús Hernández Gómez
Héctor Estrada / Portavoz
[dropcap]T[/dropcap]rabajadores de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi) y defensores del Colectivo de Mujeres Libres (Colem), denunciaron el desacato judicial del titular de dicha dependencia, Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, por lo que anunciaron el inicio de procedimientos legales que podrían conllevar a su destitución y encarcelamiento.
De acuerdo con las declaraciones del grupo de abogados defensores, pese a la sentencia definitiva emitida por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, que obligaba a la dependencia estatal reinstalar en sus puestos laborales a cinco trabajadores despedidos de manera injustificada y prohibía cualquier tipo de hostigamiento laboral en su contra, el pasado 15 de mayo fueron nuevamente separados de sus cargos de manera intempestiva.
El juicio de amparo 831/2016 contra los actos arbitrarios cometidos por Dagoberto Hernández inició desde el mes de abril de 2016 cuando los trabajadores Dulce Ángela López Martínez, Dolores Patricia Castellanos Zavala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo, Antonia Hernández Girón y Julio Cesar Méndez Sánchez iniciaron el proceso de demanda ante el Poder Judicial de la Federación (PFJ) debido al hostigamiento laboral y despido injustificado del que fueron víctimas.
Derivado de dicho juico de amparo, el 6 de mayo de 2016 el Poder Judicial de la Federación dio la razón a los trabajadores sentenciando: «La suspensión definitiva de acto reclamado (las comisiones ilegales), ordenando que quede insubsistente el cese laboral de los quejosos con la autoridad responsable; asimismo se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a realizar un despido injustificado y hostigamiento laboral, como pudiera ser las comisiones».
Además de los anterior, el 18 de marzo 2016, la Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos, mediante la Dirección de Vinculación con Derechos Humanos, Trata de Personas y Discriminación, otorgó medidas cautelares a efectos de «suspender desde ese momento cualquier acción tendiente a un cese o despido injustificado, así como cesar cualquier acto de hostigamiento laboral como pudieran ser comisiones que no estuvieran debidamente fundadas y motivadas».
No obstante, la Sedespi, inició de forma arbitraria el trámite de los procedimientos para cese administrativo, interponiendo de forma simultánea a la que se pronunciaba el Juez de Amparo, sobre la suspensión definitiva, los procedimientos de Cese Laboral ante el Tribunal del Trabajo Burocrático de Chiapas, con fecha 20 de abril de 2016, sin que la Sedespi informara al mencionado tribunal, ni de la resolución de restitución ni de los procesos mediante el Juicio de Amparo multicitado, tomando y considerando esta situación, como dolosa.
Como resultado de lo anterior, el pasado 15 de mayo, Marcos Shilón Gómez, director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, ordenó nuevamente el cese laboral de los cinco trabajadores que ya antes habían sido amparados por la justicia federal.
«Ha quedado demostrado el dolo y mala fe, ya que la secretaría a través de su representante legal no advirtió al Tribunal del Trabajo Burocrático que estaba en proceso en el Juzgado de Distrito el amparo 831/2016 el cual nos protegía, y aun así solicitó los ceses de los quejosos. Sin fundar ni motivar su efecto un año después de haberse realizado», expresaron.
En este sentido, el grupo de defensores de los trabajadores afectados dieron a conocer el inicio de procedimientos jurídicos y penales en contra del titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas en Chiapas como resultado de la forma irregular con que realizó el juicio burocrático, buscando las responsabilidades legales que sean consecuentes por la arbitrariedad señalada.
«La Sedespi en Chiapas ha cometido un grave desacato contra una sentencia definitiva federal del PJF y eso innegablemente tiene serias consecuencias. El secretario como responsable de los actos imputados deberá enfrentar a la justicia por desobedecer una sentencia y, además, ocultar información importante a las autoridades burocráticas de Chiapas. Es un asunto que, incluso, podría significar la cárcel para el funcionario estatal», detallaron los abogados defensores.
Finalmente, los trabajadores involucrados solicitaron la inmediata intervención del gobernador Manuel Velasco Coello ante los actos arbitrarios que se realizan al interior de la Sedespi, por lo que pidieron se considere la destitución inmediata de Dagoberto de Jesús Hernández Gómez.
