Mueller ha presentado cargos contra 22 personas y empresas mientras estrecha el cerco alrededor del presidente y confía en interrogarle
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]a pesadilla de Donald Trump cumple su primer año. El 17 de mayo de 2017, Robert Mueller fue designado fiscal especial de la trama rusa a espaldas del presidente estadounidense. El objetivo del respetado exdirector del FBI era esclarecer si Trump o su equipo se coordinaron con la injerencia de Moscú en las elecciones de 2016. Ese extremo sigue siendo el mayor misterio. Pero en un año, Mueller ha interrogado a buena parte del entorno de Trump, ha confirmado la intromisión rusa, ha presentado cargos contra 22 personas y empresas, se ha condenado a una y ha logrado que tres exasesores del mandatario se declaren culpables y cooperen con la investigación. De fondo, se labra el gran movimiento en la partida de ajedrez: Mueller confía en tomar declaración de Trump.
El presidente tiró este jueves de ironía para arremeter de nuevo contra el fiscal especial, que fue designado por el número dos del Departamento de Justicia tras el despido de James Comey como director del FBI. «Felicidades América, estamos ahora en el segundo año de la mayor caza de brujas de la historia estadounidense… y todavía no hay colusión ni obstrucción», escribió en Twitter. «¡La única colusión la llevaron a cabo los demócratas que fueron incapaces de ganar una elección pese a gastarse mucho más dinero!».
En la víspera, sin embargo, Trump sufrió un duro revés de su propio partido. Los republicanos del Comité de Inteligencia del Senado se desmarcaron de sus homólogos en la Cámara de Representantes y respaldaron la conclusión de las agencias de inteligencia de que el Kremlin ordenó una campaña de intromisión para ayudar a Trump a ser presidente y denigrar a su rival, la demócrata Hillary Clinton. Los miembros del panel del Senado «no ven razones para disputar» esa conclusión, según anunció su presidente, el republicano Richard Burr. En cambio, en marzo el jefe republicano de ese mismo comité en la Cámara rechazó que Rusia buscara favorecer a Trump y negó que hubiera colusión con Moscú. Este último asunto todavía no ha sido examinado por el Senado.
Trump y su entorno han minimizado continuamente que la intromisión rusa -que solo han admitido en ocasiones y a regañadientes- buscara ayudar al ahora presidente. Trump incluso dijo creer la negación de Moscú aunque luego dio marcha atrás. En enero de 2017, antes de la toma de posesión del republicano, la comunidad de inteligencia norteamericana llegó a una conclusión nítida: «El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó una campaña de influencia en 2016 contra las elecciones presidenciales de EE UU. El objetivo de Rusia era socavar la fe pública en el proceso democrático, denigrar a la secretaria Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia. Putin y el Gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por Trump».
La interferencia de Moscú, mediante la difusión de propaganda y de información comprometedora sobre los demócratas que había sido robada, supuso una humillación para la democracia del país más poderoso del mundo. Así lo perciben los demócratas pero también muchos republicanos, que insisten en la urgencia de evitar que se repita. Pero Trump ve en la injerencia un golpe a su orgullo, un cuestionamiento de su victoria.
Nadie mejor que Mueller encarna ese sentimiento. Trump, de 71 años, interpretó como una traición el nombramiento de Mueller, también neoyorquino y de 73 años. En el último año, el presidente se ha embarcado en una guerra feroz para desacreditarle. Ha amenazado con despedirle, pero por ahora no se ha atrevido ante el temor a desatar un huracán mayor. Su presidencia se ha convertido en un quebradero de problemas legales. La Casa Blanca está repleta de abogados que cambian constantemente. Y la trama rusa, esa «nube» que Donald Trump se quejó eclipsaba su mandato, es una sombra omnipresente.
Una de las mayores incógnitas si el presidente aceptará ser interrogado por el fiscal especial. Rudy Giuliani, el abogado de Trump, ha sugerido que lo hará y que Mueller no presentará cargos penales contra el mandatario porque seguiría la directriz del Departamento de Justicia de 1973 y 2000 de que un mandatario en el cargo no puede ser enjuiciado en un tribunal.
La importancia de noviembre
En caso de hallarse un delito, todo dependería por tanto del Congreso. Una inculpación clara de Trump podría provocar el inicio de un proceso de impeachment (destitución) contra el presidente, especialmente si los demócratas se hacen con el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre. El proceso puede impulsarse ante casos de «traición, soborno, altos delitos o faltas». Esa amplia interpretación hace que todo dependa de la voluntad de los congresistas. Por ejemplo, el impeachment a Bill Clinton en 1998, del que fue exonerado, se presentó en base a la acusación de un delito de obstrucción a la justicia y de perjurio del presidente en su aventura sexual con Monica Lewinsky.
Mueller, de momento, guarda un silencio absoluto. Sus pesquisas secretas giran alrededor de dos principios: si hubo conchabanza entre el equipo de Trump y el Kremlin; y si, como presidente, Trump ha tratado de obstruir la investigación sobre la injerencia rusa, sobre todo al despedir a Comey, que lideraba las pesquisas al frente del FBI.
Pero Mueller también ha ampliado su foco. Indaga en los acuerdos financieros personales del entorno del presidente, incluidos Paul Manafort, que fue su jefe de campaña, Michael Flynn, su primer consejero de seguridad nacional, o Michael Cohen, su abogado personal que pagó en 2016 a una actriz porno para que no contara su supuesta aventura sexual con Trump. Otra fuente de análisis son los contactos, entre las elecciones y la toma de posesión, del entorno de Trump con personas rusas.
La investigación ha entrado en su segundo año y Mueller estrecha su cerco a Trump, pero es un enigma su rumbo. Al terminar sus pesquisas, deberá comunicar sus hallazgos a Rod Rosenstein, el fiscal general adjunto que le designó. Su informe final podría llegar también al Congreso que, según las conclusiones, decidiría sobre un proceso impeachment. Una exoneración del presidente le supondría un espaldarazo mayúsculo y el fin de su pesadilla.
