Desde luego que la acumulación de los rezagos sociales y estructurales en la entidad, han generado un resentimiento social que aun la manifestación armada en 1994 por ello, parece no hizo mella en la administración pública federal y menos en las estatales desde 2000 a la fecha, porque dichas ausencias institucionales aún están vigentes, en el cúmulo de necesidades demandadas.
En el caso indígena es mentir que han mejorado su situación.
La verdad no hay un verdadero catalizador por el control que ejercen los caciques de éstas etnias para que sus manifestaciones logren salir a la luz, de igual manera que se registra entre sus sectores u organización social, por decir uno: las mujeres, y que de vez en vez se da una que destaca, como el caso de alcaldesas o artistas que son medianamente apoyadas, en vez de proyectarlas en todo lo posible, pero ya sabemos que la misoginia institucional es un hecho, y me refiero no solo al gobierno estatal o al congreso mismo, sino también a los partidos políticos.
El caso de los niños es distinto, pues carecen de espacios necesarios para realizar el deporte, sobre todo en comunidades de más de 500 habitantes, y todo porque los alcaldes consideran otras prioridades que invertir –y poco- en una cancha de básquetbol o futbol.
Engordan sus nóminas y hacen uso discrecional de los dineros del pueblo como siempre ha sucedido, y al final de las cuentas recurren a sus dirigentes de partido, a sus diputados, en fin, a todo tipo de asideros para burlar la ley por peculado.
Que es lo que se dice está pasando ahora.
En fin, por muchas cosas los rezagos ahí están, y pasan trienios y trienios y la cosa sigue igual, en un estado donde la idea paternalista sigue vigente, en que es el gobierno estatal y en su caso el federal el que debe entrar al quite.
Hay mucha ignorancia sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Por eso acusan sin ton ni son al gobierno estatal, cuando en la mayoría de los casos no tiene esa responsabilidad.
Lo que pasa en Tuxtla, por ejemplo, en torno a la falta de alumbrado, baches, inseguridad –que va a la alza- es bronca de una alcalde saliente quien gris, ya no ve la hora de entregar la estafeta, a riesgo de que la entregue a un bando contrario al suyo, y le denuncien todas las torceduras posibles.
Matraz
Como otrora Tamaulipas y Nuevo León, en ésta etapa postelectoral mexicana, las entidades negras por su situación de violencia son Veracruz y Guerrero. La primera por ser noticia en el asesinato de periodistas y la segunda por el incremento de los asesinatos entre cinco bandas que se pelean el control de Acapulco, y otras poblaciones de importancia.
En ambas entidades sus gobernadores han sido una nulidad para resolver la situación tirante, y aun con la presencia federal, las cosas no bajan de intensidad aun las frases triunfalistas de Javier Duarte y Jesús Ortega, multicuestionados por solo andar en francachelas e inaugurando encuentros, mientras en las calles de las ciudades y poblados que gobiernan aparecen los muertos.
En Veracruz la violencia creció 34 por ciento pero en Guerrero un 42.
¿En serio se creen gobernadores?
