La ciudadanía ve con recelo el regreso del exvicepresidente Mnangagwa, que pertenece al mismo partido que Mugabe
Agencias
[dropcap]»[/dropcap]Bienvenida a la independencia», espeta alegremente Fabian, que sale de un restaurante local con un grupo de compañeros de trabajo. Después de un sadza rápido —la pasta de maíz que representa el alimento básico para la mayoría de la población en Zimbabue—, los amigos vuelven a la oficina compartiendo su satisfacción. «Hoy es día laborable, pero es duro porque hemos estado celebrando hasta entrada la noche». Una omnipresente sensación de calma se ha extendido por todo Harare desde que, el pasado martes, el hombre que fue presidente de Zimbabue durante los últimos 37 años, Robert Mugabe, dimitió.
No hay una alegría enloquecida y desenfrenada, más bien es como si un gran alivio cubriera la capital. Como una corriente de aire. En la plaza de la Unidad, delante del Parlamento donde se leyó la carta de la dimisión de Mugabe y punto neurálgico del estallido incrédulo de felicidad popular que reventó inmediatamente después, todo luce como un día más. En los bancos y en el césped se evaporan discusiones y charlas, unos niños de la calle piden a los paseantes mientras el compás de un día entre semana ajetrea al personal entre oficinas y comercios.
Todo parece normal, aunque con una diferencia. «Se ha acabado el miedo», como dice un vendedor de periódicos del centro con las primeras portadas de la era post-Mugabe. Una de ellas plasma el Mugexit junto a una foto del nuevo hombre fuerte de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, que este viernes tomará posesión de la presidencia.
El mero hecho de poder expresarse es una novedad que se disfruta con cautela. La censura ejercida durante los 37 años de Gobierno de Robert Mugabe y su partido, el ZANU-PF, ha enmudecido a los zimbabuenses durante cuatro décadas «con una intimidación constante y latente», dice Fidelis Mudimu, activista por los derechos humanos y director de la Unidad de Servicios de Terapia, una organización que recibe y apoya a las víctimas de la violencia política organizada en el país. La entidad ha acompañado en los últimos 15 años a 50 mil afectados.
