A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

El memorándum

Todo parece indicar que el magisterio no sólo quiere la derogación de la Reforma Educativa, van por más. Busca recuperar los cotos de poder que mantenía en contubernio con varios gobiernos. Votos a cambio de cotos. Miles de maestros comisionados al sindicato cobrando sin trabajar y dedicados a la grilla de tiempo completo. Asignación, venta y herencia de plazas a discreción. Posiciones en la Secretaria de Educación federal y en los estados.
Esteban Moctezuma está entrampado porque quiere matizar la parte que llaman punitiva para no afectar derechos laborales, pero sin dejar de lado la evaluación, actualización y capacitación de los maestros. El quid del asunto está en ceder el manejo de las políticas públicas en materia de educación incluyendo el presupuesto.
Aunque Morena quiere cumplir con la palabra empeñada del presidente y es solo cuestión de tiempo, los maestros de la Coordinadora se han tornado violentos secuestrando a los diputados. Van por todo, pero el presidente no está de acuerdo. En uno de sus discursos afirmó que si no les gusta lo que están proponiendo va a dejar la ley como estaba antes de la reforma y tampoco les agrada.
Por eso es que recurrió a la idea de suscribir de pronto, un memorándum que cancele las medidas derivadas de la aplicación de la ley. Restituir las plazas a los maestros, indultar a quienes hayan sido procesados por hechos delictivos. Indemnizar a las familias de quienes según perdieron la vida durante las protestas.
El memorándum es para el presidente una medida política, un acto de buena fe, para cesar los efectos de esa ley y disminuir la rijosidad de los maestros en lo que avanza el proceso legislativo. Pienso que no imaginó, ni por un momento, la secuela ni las reacciones que tendría el citado documento desde el punto de vista legal.
Para destacados juristas, colegios y barras de abogados, la signatura del documento invade la esfera de atribuciones que son exclusivas del poder legislativo. Para el presidente no representa ningún efecto punible, porque sólo puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. No así para los secretarios de Hacienda, Gobernación y Educación, a quienes giró la instrucción.
Según el texto en comento, «Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa». Significaría de facto para los funcionarios aludidos una omisión con repercusiones de carácter legal. Eso lo sabe muy bien la ex ministra Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación. La única posibilidad legal, sería que por causas de fuerza mayor no pudieran materializar la aplicación imperativa de la ley. De otro modo, estarían incurriendo en un desacato legal con consecuencias para ellos, por más que se los haya instruido el presidente.
La justicia no puede estar por encima de la ley, porque «lo justo» para unos puede no serlo para otros. Como discurso político puede ser válido. La ley puede resultar injusta, pero para modificarla existe un procedimiento normativo que es competencia exclusiva del poder legislativo. Por eso se llama así. El presidente tiene facultades para proponer iniciativas de ley, sin duda, pero no para derogarlas o incumplirlas. Éstas deben pasar forzosamente por el proceso legislativo. La forma de gobierno que mandata la constitución es una República donde el ejercicio del poder se divide para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El artículo 41 constitucional reza que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
Decía Cicerón: «El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes». Juárez remataba: «El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley».
El presidente ha enmendado la plana. Escuchó las opiniones. Dice que el dialogo es circular. Vergonzante es que otros traten de justificarlo. Al parecer el famoso memorándum quedará sin más efecto que el de un pronunciamiento político. Qué bueno que sea así, por el bien de la República, por el bien del país…

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